El arresto en Panamá, el pasado jueves, de un general de la Policía boliviana que hasta hace no mucho era el máximo responsable de la lucha contras las drogas ha vuelto a poner en evidencia cuán vulnerable es nuestro país, como todos los del mundo actual, al poder de las mafias ligadas al negocio de las drogas y cuán equivocada resulta la tentación de soslayar el problema y sobreestimar las propias fuerzas para hacerle frente.
El caso ha adquirido ribetes de escándalo internacional por el lugar que el involucrado ocupaba en la institución encargada de luchar contra el narcotráfico en nuestro país, pero ese detalle no lo hace novedoso. Lejos de ello, durante los últimos tiempos han sido abundantes los indicios que permitían sospechar que nuestro país y sus instituciones son mucho más vulnerables al poder corruptor del narcotráfico de lo que se quiere creer.
Cabe recordar al respecto que hace algunos meses el presidente Evo Morales, ante la sucesión de casos escandalosos que salían a luz, se declaró asombrado y alarmado por la debilidad de su propio Gobierno y del Estado en general ante el poder del narcotráfico. Reconoció que su Gobierno fue “perforado” por las mafias del narcotráfico y que éstas tenían más influencia que dicho Gobierno sobre importantes instituciones estatales, entre las que mencionó la Policía, la Fiscalía y otras instancias judiciales.
Lamentablemente, tal reconocimiento, hecho ya hace casi un año, no llegó acompañado de un plan de acción proporcional a la magnitud del desafío. Por el contrario, lo que se impuso fue la tendencia a minimizar el problema aferrándose a una pésima combinación entre un discurso antiestadounidense, una supuesta eficiencia autóctona en la lucha contra las drogas y una franca e indisimulada condescendencia con miembros del entorno oficialista sorprendidos en actividades delictivas.
En nada contribuyó a evitar el constante agravamiento del problema la decisión de expulsar de nuestro país a la DEA (Drug Enforcement Administration) por su supuesta injerencia en asuntos de política interna, pues, a pesar del justificado descrédito que pesa sobre esa institución estadounidense, al prescindir de ella sin contar con una opción alternativa lo único que se logró fue poner a nuestro país en una situación más vulnerable que en la que siempre estuvo.
No se puede dejar de tomar en cuenta, además, que la principal base de sustento social, económico y político del Movimiento Al Socialismo y todo el proyecto político que encarna ha sido desde su origen, y sigue siendo, precisamente el que le dan las principales organizaciones de los productores de coca de nuestro país. Un vínculo que no es inocuo pues resulta muy difícil distinguir dónde empieza y dónde termina uno y otro eslabón de la cadena productiva que va de la producción de la hoja de coca a su transformación en cocaína.
Con esos antecedentes, no será nada fácil para el Gobierno, pero sobre todo para el Ministro del Interior, enfrentar esta embarazosa situación en la que, por acción u omisión, se ha puesto a sí mismo y ha puesto al país.
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