En los últimos días, las noticias sobre la lucha contra el narcotráfico han sacudido, una vez más, al país. A los tradicionales informes anuales emitidos por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y del Departamento de Estado de Estados Unidos, se ha sumado el arresto (previo seguimiento de sus ilícitas actividades en Chile por la Policía de esa nación y, según el vicepresidente del Estado, probablemente a pedido de Estados Unidos) de una banda de policías aparentemente dirigida por un general responsable, a su vez, del aparato de Inteligencia de la lucha contra el narcotráfico del Ministerio de Gobierno.
Es decir, se ha presentado un escenario altamente complicado para el Gobierno, que ha reaccionado como lo han hecho, en general, todas las administraciones anteriores en este delicado problema y ante situaciones semejantes: reivindicar superlativamente lo que se hace en contra del narcotráfico, y calificar los informes de la JIFE y el Departamento de Estado de errados e interesados. La novedad, en esta oportunidad, es achacar a la DEA (la agencia estadounidense de lucha contra el narcotráfico) de actuar en venganza por su expulsión del país.
Es decir, más de lo mismo con la agravante de lanzar un discurso innecesariamente agresivo y de despecho infantilmente ideologizado. De esa manera, el Gobierno está perdiendo una nueva oportunidad para plantear sin complejos algo que es evidente: la lucha contra el narcotráfico en el planeta está perdida, y mantener insensatamente los criterios que han prevalecido en los últimos 20 años sólo beneficia a las bandas de delincuentes y perjudica a las naciones.
Se debe anotar que ahora sí es posible hacer este planteamiento. Son muchas las voces –plurales políticamente– de reconocidas personalidades en el planeta que han denunciado el rotundo fracaso de la forma en la que hasta ahora, bajo la batuta de Estados Unidos, se ha combatido al tráfico de drogas. Es más, se mantienen situaciones de violencia extrema como las que se han presentado y se presentan en la región, en Colombia y México –probablemente los casos más extremos–, y en Brasil, en nuestro país e incluso en Argentina, que se creía ajena a estos problemas. Nada ha podido paralizar a quienes están detrás de este negocio y cada vez que se logra desarticular una banda, de inmediato aparecen otras. Además, van adquiriendo tal poder que se animan a enfrentar al Estado casi en igualdad de condiciones.
En este contexto, ni los informes burocráticos de la JIFE ni los del Departamento de Estado aportan nada a esta tarea. A lo más que llegan es a tratar de justificar una burocracia cada vez más grande e inoperante que se va justificando a sí misma con este tema mientras el problema persiste y se esfuman miles de millones de dólares.
De ahí que, dejando un discurso justificativo, victimista e innecesariamente agresivo, están abiertas las puertas para proponer al mundo, de la mano de las personalidades que se han pronunciado claramente sobre el tema, una nueva forma de encarar esta lucha si queremos evitar que la delincuencia proveniente del narcotráfico siga haciendo estragos a nuestras sociedades.
El Gobierno tiene la palabra...
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