Coca, más producción, menos erradicación
La Ley General de la Coca se ha estrenado con un traspié del Gobierno, por un inusitado incremento en la cantidad de hectáreas cultivadas. Tras cinco años de sucesivos descensos, resulta que en 2016 los cultivos de coca subieron un 14%. La nueva ley establece como límite máximo 22.000 hectáreas, pero la superficie cultivada en el último año asciende a 23.100 hectáreas; 1.100 hectáreas más de lo fijado. Este aumento de cultivos es resultado de una menor erradicación de coca ilegal: 40% menos en 2016 que en 2015. Los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga en Bolivia insinúan un quiebre en la trayectoria de reducción de plantas de coca.
La ‘racionalización de cultivos’ en el Gobierno de Evo Morales ha proseguido la erradicación iniciada con la Ley 1008. La diferencia estriba en que ahora la erradicación es concertada con las organizaciones de productores. Un pacto de reciprocidad que garantiza a los cocaleros un margen de producción estable y respetado por el Gobierno, que, a su vez, evita el descontrol de los cultivos y mantiene la paz social, asegurándose el apoyo político y electoral de la población cocalera.
La autorregulación y control social ha exhibido logros de reducción de cultivos. Luego de un pico de 31.000 hectáreas en 2010, la superficie cultivada se hizo decreciente, a la par del aumento de la erradicación, que, a partir de 2012, arrojó cifras por encima de las 11.000 hectáreas, hasta que en la última medición desciende a 6.577 hectáreas; una brusca caída del 40%. Más hectáreas cultivadas significan más volumen de coca producida: 17% más en 2016 que en 2015. Al mismo tiempo aumenta la coca desviada al mercado ilegal: del 35% en 2015 al 42% en 2016.
Cabe preguntarse si estos datos ponen en entredicho uno de los éxitos del gobierno del MAS, que es haber estabilizado la superficie y la producción de coca en niveles más o menos aceptados por la comunidad internacional. El acuerdo ‘del cato de coca’ y la legalización de una extensión de cultivos por familia tuvieron hasta cierto punto el efecto de contener la expansión de los mismos. Es lo que Evo Morales ha podido acreditar para sortear las presiones de otros gobiernos y organismos internacionales. Precisamente en estos círculos, la ampliación de los cultivos legales a 22.000 hectáreas, fue recibida con disgusto y como un retroceso en la erradicación de coca excedentaria. Temores que ahora podrían verse reforzados a la vista del monitoreo de cultivos de 2016.
Los resultados de la erradicación en 2017, qué duda cabe, serán críticos para saber si el aumento de los cultivos ha sido temporal y por tanto reversible o si, por el contrario, marca una tendencia de escalamiento, lo cual colocaría al Gobierno frente a inusitados retos políticos internos y externos y, eventualmente, ante un escenario de presiones y tensiones complejas.
La ‘racionalización de cultivos’ en el Gobierno de Evo Morales ha proseguido la erradicación iniciada con la Ley 1008. La diferencia estriba en que ahora la erradicación es concertada con las organizaciones de productores. Un pacto de reciprocidad que garantiza a los cocaleros un margen de producción estable y respetado por el Gobierno, que, a su vez, evita el descontrol de los cultivos y mantiene la paz social, asegurándose el apoyo político y electoral de la población cocalera.
La autorregulación y control social ha exhibido logros de reducción de cultivos. Luego de un pico de 31.000 hectáreas en 2010, la superficie cultivada se hizo decreciente, a la par del aumento de la erradicación, que, a partir de 2012, arrojó cifras por encima de las 11.000 hectáreas, hasta que en la última medición desciende a 6.577 hectáreas; una brusca caída del 40%. Más hectáreas cultivadas significan más volumen de coca producida: 17% más en 2016 que en 2015. Al mismo tiempo aumenta la coca desviada al mercado ilegal: del 35% en 2015 al 42% en 2016.
Cabe preguntarse si estos datos ponen en entredicho uno de los éxitos del gobierno del MAS, que es haber estabilizado la superficie y la producción de coca en niveles más o menos aceptados por la comunidad internacional. El acuerdo ‘del cato de coca’ y la legalización de una extensión de cultivos por familia tuvieron hasta cierto punto el efecto de contener la expansión de los mismos. Es lo que Evo Morales ha podido acreditar para sortear las presiones de otros gobiernos y organismos internacionales. Precisamente en estos círculos, la ampliación de los cultivos legales a 22.000 hectáreas, fue recibida con disgusto y como un retroceso en la erradicación de coca excedentaria. Temores que ahora podrían verse reforzados a la vista del monitoreo de cultivos de 2016.
Los resultados de la erradicación en 2017, qué duda cabe, serán críticos para saber si el aumento de los cultivos ha sido temporal y por tanto reversible o si, por el contrario, marca una tendencia de escalamiento, lo cual colocaría al Gobierno frente a inusitados retos políticos internos y externos y, eventualmente, ante un escenario de presiones y tensiones complejas.
