Dando continuidad a una de las líneas maestras de su política exterior, el gobierno del Movimiento al Socialismo ha decidido asestar otro golpe a nuestras relaciones con Estados Unidos al suspender las operaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA), agencia antidrogas del país del norte. Los argumentos con que el presidente Morales respalda su decisión son los mismos con que justificó sus anteriores ofensivas antiestadounidenses: la supuesta injerencia política, labores de espionaje y financiamiento al “golpe cívico-prefectural”. Como en los anteriores casos, la decisión de Morales ha sido interpretada por algunos analistas y dirigentes de la oposición como “un error más”.
Es decir, sería sólo un simple desacierto ocasionado por el “mal asesoramiento”, mala comprensión de la realidad o, peor aún, un exabrupto presidencial. Sin embargo, dados los antecedentes del caso, todo parece indicar que se trata más bien de la secuela lógica de una meditada política exterior que responde a objetivos precisos y a una estrategia geopolítica articulada con importantes aliados del régimen en el frente externo. De lo que se trataría, en ese contexto, es de que Bolivia consolide su ya importante papel en el escenario mundial como uno de los pivotes de un proyecto político internacional cuyo principal objetivo es destruir el rol hegemónico de Estados Unidos en nuestro continente y en el mundo para sustituirlo por un esquema “multipolar”.
La red de alianzas tejidas por la diplomacia boliviana con países como Rusia e Irán, que en sus respectivas áreas de influencia avanzan tras el mismo objetivo, es parte fundamental de tal estrategia. No es casual, por ello que, como paso previo a la expulsión de la DEA, se haya avanzado en las negociaciones con Rusia para que ese país ocupe el lugar que va dejando Estados Unidos en nuestro país.
Las consecuencias de ese proceso de alineamiento de Bolivia con un poderoso eje antiestadounidense serán, por supuesto, muchas y complejas. En lo económico, éstas ya se han comenzado a sentir mediante la eliminación de nuestro país de la lista de beneficiarios de la Ley de Preferencias Arancelarias para los países andinos (ATPDEA). Pero en el caso que nos ocupa, las consecuencias negativas pueden ser aún peores. Es que el inocultable apogeo del que gozan en Bolivia las actividades relacionadas con la producción y tráfico de cocaína y otras drogas recibirá sin duda un nuevo impulso. Bolivia tiende a constituirse en una especie de capital del narcotráfico, y eso sólo puede acarrear funestos resultados. Estamos avanzando, pues, por un terreno peligroso. La virtual legalización del narcotráfico tiende a adquirir el rango de política de Estado y eso es algo que, en el mundo actual, podemos estar seguros, no quedará en la impunidad.
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