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viernes, 17 de julio de 2015

Los Tiempos le dedica 20 líneas al evento poético que vive Cali, Colombia dedicado a esos dos grandes temas. la Paz y la Poesía. excelente iniciativa para relanzar la imagen de Cali, otrora violenta e imposible!

Una vez más la poesía se convierte en un instrumento de encuentro y paz. Se está realizando en Cali Colombia (otrora una de las ciudades más violentas del continente y espacio dominado por el narcotráfico) el XXV Festival Internacional de Poesía, que se ha convertido, de acuerdo a las informaciones provenientes de ese hermano país, es el “epicentro  latinoamericano de la poesía”, y va acompañado de la II Cumbre Mundial de la Poesía por la Paz y la Reconciliación de Colombia.
Uno de sus propulsores sostiene que si hace 25 años se declaraba que “la poesía puede parar la violencia, se hubieran reído de nosotros”. Pero ahora, gracias al tesón y la  voluntad pacifista que se extiende y profundiza en Colombia, se puede afirmar que es posible  “transformar la conciencia de la ciudad a través de la poesía”. Y tan exitoso es este evento que ha recibido el premio Right Livelighood Award (conocido como un Premio Nobel Alternativo) por  “la visión y labor sobresalientes en favor de nuestro planeta y su gente”
En el Festival participan alrededor de 100 poetas, hombres y mujeres, de todo el mundo, entre los que se encuentra el boliviano Gabriel Chávez Casazola que además de ser un inspirado poeta tiene la capacidad de presentar su trabajo en importantes eventos internacionales posibilitando, de esa manera, que el país sea también conocido y reconocido en el campo de este género literario. Además, en el evento participan poetas de los pueblos indígenas de Colombia y otros países, que presentan “su lenguaje de solidaridad con los seres humanos y de la defensa de la tierra”.
Así, estamos ante una muestra más de que la poesía también puede convertirse en un instrumento de paz...

martes, 14 de julio de 2015


espectacular

la noticia se dio cuando me encontraba en Monforte de Lemos

volveremos una y otra vez hasta analizarlo a fondo

por ahora el texto último de LTD sobre los efectos del suceso

México y Washington 

México vuelve a desconfiar. Cuando el Gobierno de Enrique Peña Nieto, tras los buenos resultados de las elecciones de junio, parecía surcar aguas más tranquilas, se ha visto sorprendido por la esperpéntica fuga de Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, uno de los mayores narcotraficantes del planeta.
Oposición, intelectuales y gran parte de la ciudadanía se preguntan en voz alta cómo es posible que el enemigo público número uno pudiese escapar de la prisión más segura de México saliendo tranquilamente por el suelo de la ducha, a través de un túnel de 1.500 metros con luz, ventilación y hasta escaleras.
La falta de respuesta oficial ha desencadenado una crisis de confianza, cuya mezcla de desencanto y vergüenza extrema, guarda un notable aire de familia con la herida abierta por la noche de Iguala.
La trampilla que cerró “El Chapo” cuando se dio a la fuga ha dejado atrapado al Gobierno mexicano.
“Si el presidente Peña Nieto no despide a altos cargos, pagará un coste político muy alto”, indicó el analista Rubén Aguilar.
El presidente es víctima de sus propias palabras. En los días de euforia que siguieron a la detención de “El Chapo”, en febrero de 2014, afirmó públicamente que era “responsabilidad del Gobierno que la fuga de El Chapo nunca más se volviese a repetir”.
Incluso aseguró que diariamente le preguntaba a su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, si lo tenía “bien vigilado y seguro”. 

Las declaraciones se han vuelto ahora en su contra. Con el veneno añadido de que impactan en el mascarón de proa de su política de seguridad, la captura de grandes jefes criminales, un terreno en el que había cosechado sonados éxitos.
“La huida de ‘El Chapo’ golpea en la línea de flotación de esta narrativa del Gobierno. Pero también desnuda la debilidad institucional del aparato de seguridad. No es un problema de partido, sino de que las instituciones están podridas. Algo como lo que ha ocurrido, solo puede darse con complicidad a altos niveles”, afirmó el experto en seguridad y antiguo alto cargo del servicio de inteligencia mexicano, Alejandro Hope.

Búsqueda 

México mantenía ayer su intensa búsqueda de “El Chapo”, mientras investiga si gozó de la complicidad de autoridades o trabajadores de la prisión.
Sin rastro del capo a más de 38 horas de su espectacular huida por un sofisticado túnel cavado debajo de una ducha, sobrevuelan muchos interrogantes sobre qué permitió que el líder del cártel de Sinaloa se escapara del penal El Altiplano, ubicado a 90 kilómetros de la capital, 17 meses después de su aclamada captura.
Desde Francia, donde se encuentra en visita de Estado, Peña Nieto ordenó la persecución masiva de Guzmán, que está siendo buscado en varias regiones mexicanas por cientos de elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina Armada, y mostró su confianza en que pronto sea recapturado.

La DEA alertó al Gobierno

La Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) le pasó al Gobierno de México información de que el narcotraficante “El Chapo” Guzmán tenía planes de fuga, pero no se refería concretamente a la evasión que protagonizó el sábado, según la cadena de televisión estadounidense CBS.
Según fuentes citadas ayer por este medio, la DEA interceptó informaciones sobre diferentes planes de fuga del jefe del cártel de Sinaloa, así como conversaciones entre uno de los hijos de “El Chapo” y otros cómplices para sacar al narcotraficante del penal del Altiplano I, en el estado central de México.
A raíz de estos indicios, la DEA puso su información a disposición de las autoridades mexicanas, según la CBS.
No obstante, la cadena indicó que ninguna de las informaciones interceptadas por la DEA se referían al plan de escape que ejecutó “El Chapo” el sábado por la noche, cuando consiguió escapar de la prisión a través de un túnel.
Preguntados por Efe, los portavoces de la DEA y del Departamento de Justicia estadounidense han declinado hacer comentarios sobre estas informaciones.

TRUMP CRITICA

El precandidato republicano Donald Trump usó la fuga de “El Chapo” para incrementar sus críticas contra los inmigrantes y asegurar que los contrabandistas mexicanos utilizan la frontera como “una aspiradora, volcando las drogas y la muerte directamente en EEUU”.
“El mayor señor de la droga de México escapa de prisión. Increíble la corrupción y EEUU paga el precio. ¡Les dije!”, destacó el millonario empresario en su cuenta de Twitter al conocer la huida, por segunda vez, del jefe del cártel de Sinaloa.
“México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un montón de problemas. Están trayendo drogas, el crimen, a los violadores. Asumo que hay algunos que son buenos”, afirmó el magnate en el lanzamiento de su campaña.

domingo, 5 de julio de 2015

Carlos Valverde como en muchos asuntos de interés fue de los primeros en denunciar la presencia de carteles de la cocaína en Bolivia, tibiamente el Gobierno respondió que lo que existe son "emisarios", ahora NNUU pide que Evo se dedique a desbaratar esa presencia y que exhiba pruebas de su seriedad. gracias Carlos por este nuevo servicio a Bolivia

Aunque ya sabemos que un emisario es una persona enviada (por alguien, legal o ilegal) a un lugar para llevar un mensaje, tratar temas en su nombre o para mediar en una situación, tal ‘condición’ parece no incomodar al Gobierno, que ha minimizado la presencia de extranjeros que se encargan de asuntos de narcotráfico, a quienes llama ‘emisarios’. A su tiempo, los ministros de Gobierno argumentaron que los narcos extranjeros que están por acá “simplemente son emisarios” relacionados con quienes manejan la actividad ilegal; suponemos que controlan laboratorios donde se cristaliza la cocaína, calidad, entrega y embarque a diversos destinos como Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Personalmente retruqué el calificativo desde donde tocó hacerlo, no se me dio importancia, hasta que NNUU le pidió al Gobierno que el país se dedique a luchar contra las grandes redes de droga, “evitando” la presencia de ‘emisarios’ del narcotráfico internacional. Supongo que se acabó el ‘eufemismo’ (expresión suave que sustituye a otra considerada tabú o demasiado franca) y que algo se va a hacer. Que quede claro: los ‘mandados’ son empleados de una organización dedicada al narcotráfico; son capataces con un mandato muy claro, consecuentemente, sería bueno que se actúe como corresponde. El Gobierno sabe que están en Chapare, en la provincia Ichilo (San Germán), en las tierras de los qaqachacas y en las ciudades donde hay actividades del narcotráfico.
Hasta ahora no hay en Bolivia una actividad violenta del narcotráfico, es correcto reconocerlo, aun cuando hay frecuentes ‘ajustes de cuentas’ en las calles cruceñas, pero no la violencia de la que oímos en otros países, seguramente porque acá el narco depende del control de la coca que realiza el sindicato o la federación que está en Chapare y de cuán difícil se ponga el Gobierno. Hablamos de las dos puntas del ovillo; lo que se haga y lo que pase en el medio depende de que se los pueda seguir llamando eufemísticamente emisarios o que se pase a considerarlos ‘cárteles’ como corresponde. En ese caso, seguro deberán tomarse otras medidas, esas que el Gobierno quiere evitar para que este país no sea, además de proveedor de hoja y fabricante de cocaína, un espacio de violencia.

sábado, 27 de junio de 2015

el portal EJU.TV se ha referido en términos claros a la recomendación de Naciones Unidas a Evo Morales de "ejecutar los mayores esfuerzos en la lucha contra los grandes del narcotráfico" en efecto, las frecuentes notas del Gobierno dan cuenta de numerosas detenciones de porteros, choferes, mozos, cocineros y hasta siemples peones, mientras que "los peces gordos" jamás son detenidos, siempre escapan...se burlan de la Ley en Bolivia.

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) recomendó ayer que el gobierno de Evo Morales haga mayores esfuerzos en la lucha contra las grandes redes del narcotráfico y los emisarios de las mafias internacionales.
La sugerencia indica que la administración evista deber priorizar el combate a los “peces gordos” y la protección de los parques nacionales de los crecientes cultivos de cocales ilícitos, en lugar de enfatizar la interdicción al microtráfico como se ha venido haciendo hasta el momento.
Las recomendaciones de la ONU vienen a confirmar la presencia de cárteles y clanes del narcotráfico en Bolivia, algo que los voceros gubernamentales se han empeñado en negar o minimizar.
Cabe recordar que sobre el régimen de Evo Morales pesan denuncias de una presunta vinculación con importantes capos del narco del Brasil y de Venezuela, acusaciones que llevaron a la revista Veja a definir al Estado Plurinacional como la “República de la Cocaína”.
Las denuncias mencionan también la existencia de una sucursal boliviana del Cártel de los Soles comandado por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Tentáculo que según el exiliado coronel Germán Cardona sería manejado nada menos que por el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana.
En este contexto, ¿será viable una mayor acción gubernamental contra los “peces gordos” del narco?

miércoles, 24 de junio de 2015

magnánimo El Deber deja como "posible" un impuesto a la coca, aunque luego en el mismo texto deja entender que ello sucedería cuando se tenga medida la cantidad de coca que se requiere para el acullico o sea, en buen romance "nunca", además el ministro Arce Catacora no es el impulsor de tal cosa, hubo un extenso debate en internet hace tres años y fueron cientos los ciudadanos a favor de este impuesto, el mismo que pagan todos los sectores "legales de la sociedad boliviana".

La intención del ministro de Economía, Luis Arce Catacora, de cobrar impuestos a los cocaleros del país llevó a que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aclare que solo se podría hacer esa cobranza a los cocaleros legales. El tema tiene que ver con una situación incierta, pues las leyes que establecen la cantidad de cocales que pueden existir en el país han quedado en medio de la incertidumbre, aunque nunca se las ha abrogado.

Lo que dicen las leyes es que en el país solo pueden existir 12.000 hectáreas de coca, porque ese fue el cálculo hecho en su momento sobre la extensión de los cultivos necesarios para atender la demanda tradicional de la hoja. Esa extensión figura en los compromisos que tiene el país con las Naciones Unidas, compromisos que llevaron a definir como ‘excedentarios’ a los cocales ilegales que existen, un eufemismo para no llamarlos directamente ilegales, porque se prevé que han de ser eliminados.

Los argumentos de los cocaleros ilegales para no cambiar de cultivo hicieron que esta situación se mantenga en la actual incertidumbre y deje abierta la posibilidad de que los cultivos no autorizados crezcan a voluntad, enfrentados a insuficientes esfuerzos por eliminarlos.

En 2008, la Unión Europea propuso al Gobierno elaborar un estudio para establecer, con métodos científicos, cuántos consumidores de hoja de coca, en forma de acullico, existen en el país, lo que permitiría corregir el cálculo anterior que había fijado las 12.000 hectáreas. El estudio ha sido terminado hace cuatro años, pero por alguna razón se demora la difusión de sus resultados. Salvo que hubiera sido dejado en suspenso para completarlo con nuevos datos, pero eso parece inverosímil.

Ahora que el país tiene una economía saneada, según dicen las autoridades, sería conveniente que se difundan esos datos y se pongan en práctica sus conclusiones, limitando los cultivos de coca a la extensión que corresponda.

No se trata solamente de motivaciones de afán estadístico, sino la necesidad que tiene el país de reducir los cultivos ilegales de coca para frenar de esa manera el narcotráfico, una actividad en manos de delincuentes que siembran la inseguridad y la violencia.

Y cuando se haya logrado todo eso, correspondería cobrar los impuestos que el ministro Arce ha propuesto, pero solo a los cocaleros legales, nunca a los ilegales

jueves, 11 de junio de 2015

El Deber reclama del Gobierno que por la dignidad y la moral ciudadanas pensar en la reputación de Bolivia y atender las denuncias frecuentes contra la ilegalidad del narcotráfico

Un reportaje publicado por EL DEBER, escrito en Lima por Iván Paredes, es una revelación sobre el grado en que ha crecido el narcotráfico en Bolivia, a tal punto que se ha convertido en el territorio donde se adultera y empaqueta la droga peruana para reexportarla. El informe muestra que, como se sospechaba, este sector económico multimillonario ha instalado en Bolivia un sofisticado aparato que permite exportar en 9.000 dólares el kilo de cocaína, con un incremento del 1.000% en el precio respecto del que tiene en Perú.

La libre comercialización de productos químicos que se da en Bolivia pone a los narcoindustriales y narcotraficantes bolivianos en gran ventaja frente a sus colegas peruanos, que se han convertido en simples proveedores de materia prima semielaborada, que es la pasta base. Los datos recabados en Perú reflejan la actitud de impotencia que muestran las autoridades de ese país frente a lo que ocurre en Bolivia, donde están permitidas actividades que allí están prohibidas. 

El caso más notorio es el oro producido por la minería que en Perú se llama ‘ilegal’, y es traído a Bolivia, donde es registrado como producido por ‘cooperativas’ protegidas por la legislación boliviana.

Está pendiente todavía, respecto de la cocaína, la reclamación formal que hizo el zar de las drogas de Perú, Alberto Otálora, quien dijo que el 85% de las avionetas que sacan la pasta base del territorio del Vraem (Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro) hacia Bolivia tienen matrícula boliviana. 

La fuerza aérea de Perú, que está esperando autorización para derribar esas avionetas, bombardea regularmente las pistas clandestinas que usa el narcotráfico en territorio peruano, pero no ocurre lo mismo con las pistas que sirven a ese mismo propósito en territorio boliviano.

Todo el reportaje del periodista Paredes debería inspirar a las autoridades nacionales para meditar acerca de la reputación de Bolivia en la región, pero sobre todo para encarar con todas las armas necesarias una actividad ilegal que ha sido capaz de camuflarse y buscar padrinazgos en el país.

Lo importante es cuidar la moral ciudadana, la dignidad como un valor permanente de las personas, lo que lleva a crear condiciones para que las nuevas generaciones de bolivianos no estén condenadas a vivir en el infierno de las drogas

lunes, 8 de junio de 2015

dos civiles, sin identificar. una operación cerca de Santa Cruz y una misteriosa aeronave en vuelo que aterriza y vuelve al aire para desaparecer. extraña crónica con nebulosa.

Dos hombres cuya identidad se desconoce murieron producto de disparos de armas de fuego durante una refriega con efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en una zona de Colonia Piraí, adelante de Chané.



Según informes oficiales, todo sucedió alrededor de las 14:00 de ayer cuando una patrulla de Umopar, integrada por unos ocho efectivos, realizaba un control de rutina luego de haber recibido información sobre la presencia de traficantes de droga y de movimientos sospechosos de avionetas y vehículos.

La información señala que poco después los policías vieron sobrevolar por el lugar una avioneta pequeña, que después aterrizó en una pista clandestina. 

Los efectivos al observar que la nave aterrizó a unos 8 kilómetros del lugar decidieron trasladarse hasta la nave, pero debido a las características geográficas del terreno no llegaron a tiempo, pues la avioneta alzo vuelo. 

Los agentes colocaron un puesto móvil de control en un camino vecinal al sospechar que traficantes descargaron una sustancia controlada. 
En ese instante apareció una motocicleta seguida de una vagoneta color blanco y otros motorizados, que levantó polvo en el camino para obstaculizar la visibilidad y evitar identificar las características. 

Según el informe, los policías hicieron las señales para que se detengan los motorizados, pero escucharon como respuesta disparos de armas de fuego cuyos proyectiles impactaron en un vehículo de la patrulla. Por ese motivo los policías hicieron uso de sus armas de reglamento precautelando su seguridad física. 

Una denuncia en MonteroEn la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Montero fue presentada una denuncia por efectivos de Umopar contra traficantes por intento de homicidio. 

Los policías pidieron que se investiguen los hechos porque sus vidas estuvieron en serio peligro. Las dos personas civiles fallecidas al parecer conforman una red de narcos que se enfrentó a tiros