pide referendum El Deber cuando plantea que Bolivia ha desertado de la causa contra el narcotráfico, no cabe neutralidad ante la droga y el crimen que debilita a los estados. El informe de JIFE tiene que ser atendido.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) acaba de entregar su informe sobre la lucha contra las drogas en el mundo, con alusiones muy duras hacia Bolivia.
El presidente de la JIFE, el iraní Hamid Godhse, incluyó una alusión a Bolivia en el editorial del informe, recriminando al país por haber debilitado la causa internacional contra las drogas. Dice el informe que la decisión boliviana de denunciar la convención de Viena de 1961 sobre estupefacientes, con el pretexto de defender el derecho al acullico, afecta la causa mundial contra este flagelo.
Dicho en palabras más sencillas, lo que ha hecho la JIFE es denunciar que el Gobierno boliviano ha desertado de la causa contra las drogas, debilitando el frente que se opone al avance de ese terrible mal.
Sobre tan importante tema, por el cual el país es visto como una sociedad que duda sobre el bando en el que se ha de alistar en la guerra mundial contra las drogas, hubiera sido mejor consultar con los bolivianos.
Un referéndum tendría que definir si los bolivianos están o no de acuerdo con que su país se desmarque de la guerra contra las drogas, favoreciendo y fortaleciendo al frente del narcotráfico.
Los bolivianos sufren las consecuencias de estas decisiones y sería justo que se les dé la posibilidad de decidir en asuntos que van a influir en sus vidas, en las de sus hijos y de toda la sociedad.
Portar un pasaporte boliviano significa ahora, tras el pronunciamiento de la JIFE, pertenecer a un país que ha decidido, si no pasarse al otro bando, por lo menos definirse neutral en la lucha contra el narcotráfico.
En esta lucha no puede haber neutrales. Ante un mal que está destruyendo sociedades, está acabando con la salud mental de la juventud, está debilitando la economía legal y capturando adeptos para la economía ilegal, está capturando niveles cada vez más altos del poder político y está debilitando a los Estados a tal grado que a su paso deja Estados fallidos, no pueden haber neutrales.
Los bolivianos que tienen el derecho al acullico no pueden ser usados como pretexto para una lucha que no tiene que ver con la hoja de coca sino con el producto final de un proceso químico del que eran totalmente ajenos todos los ancestros.
Si no se establece con precisión cuántos bolivianos tienen el hábito del acullico, el abandonar el frente contrario a las drogas se convierte en un pretexto.
¿Los bolivianos están de acuerdo con que se los tome como cómplices de una actividad ilegal que angustia a países enteros? ¿Les gusta que la JIFE haya dicho que Bolivia ha desertado en la lucha contra el narcotráfico?
Decir que el informe de la JIFE es “sesgado”, como sugiriendo que se trata de una calificación política, no disminuye la condena que ha recibido la actual política frente a la coca y a la actividad ilegal que se ha asociado con ella.
El país necesita una explicación sobre este tema. El prestigio de todos los bolivianos está en riesgo, y ellos tienen derecho a ser consultados.

segmento del art. de Julio Aliaga sobre el viaje de EM a Viena en lugar del viaje a La Haya. en Austria la coca, en Holanda el mar. lo primero le interesa más

Lo que le van a preguntar a este famoso presidente sudamericano es por qué su país ha abandonado la Convención de 1961 que une las voluntades de todos los países y naciones para luchar contra el tráfico de drogas. ¿Por qué Bolivia está fuera de los compromisos contra la cocaína? Otros le van a preguntar a qué se debe que durante su gestión hayan crecido de manera desorbitada y sin control, las plantaciones del famoso arbusto. Y puede que alguno se anime y le espete de frente esto que ya se sabe en todos los corrillos, que el singular, simpático y folclórico gobierno boliviano, se ha convertido en un problema para todos los demás en el mundo, porque sin estarlo, desde lejos parece a veces un gobierno de narcotraficantes y eso es demasiado para soportar sin al menos denunciarlo en algún lugar, y qué mejor que Viena.

Para más INRI, existe la seria duda sobre si Bolivia podría o no ser readmitida en la Convención de Viena, dando por los suelos la sorprendente estrategia masista de salir para entrar con reservas sobre el acullico. Podría suceder que las cantidad de votos necesarios para ello no se alcancen durante todo el año que tiene Bolivia para convencer a 184 paises signatarios, de que esto no es una grosería diplomática (si cabe el término) sino un puro juego de cintura del presidente futbolero de esas altitudes.

finalmente la Fiscalizadora de drogas de NNUU se pronunció sobre la conducta de Bolivia que significa un pésimos ejemplo para la integridad del sistema.

La Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU (JIFE) recuerda en su informe anual sobre las drogas, presentado hoy, que en junio de 2011 Bolivia adoptó "la medida sin precedentes" de denunciar la Convención sobre Drogas de 1961, que clasifica a la hoja de coca como estupefaciente y lo somete a control internacional.

El masticado de la hoja, conocido en Bolivia como "acullico", fue vetado de la Convención internacional antidrogas porque la coca contiene alcaloides que son la base para elaborar la cocaína.

El mismo día de la entrada en vigor de esa denuncia, el 1 de enero de este año, La Paz volvió a solicitar la adhesión a la Convención, con una reserva sobre la prohibición del mascado de la hoja de coca.

"La Junta ha observado con hondo pesar este paso sin precedentes del Gobierno boliviano y expresa su preocupación, entre otras cosas porque, si bien la denuncia en sí es técnicamente admisible a tenor de la Convención, va contra el objeto fundamental y el espíritu de dicho instrumento", subrayó el presidente de la JIFE, Hamid Ghodse.

"Si la comunidad internacional adoptara un sistema en el que los Estados parte se sirvieran del mecanismo de denuncia y nueva adhesión con reservas, la integridad del sistema de fiscalización internacional de drogas se vería menoscabada y se pondrían en peligro los logros conseguidos en los últimos 100 años", agregó.

El Gobierno boliviano ha reiterado que la práctica de mascar hoja de coca, y otros usos tradicionales de la planta, están ligados a las herencia cultural de los pueblos indígenas.

De hecho, la JIFE criticó que parte de la legislación nacional boliviana no se ajuste a la normativa internacional.

"Determinados aspectos de la legislación sobre fiscalización de drogas de Bolivia contravienen a los tratados de fiscalización internacional de drogas, concretamente los que permiten el cultivo y el consumo de la hoja de coca para fines no médicos y, más en particular, la masticación de la hoja de coca", declaró Ghodse.

El órgano de la ONU recuerda que en 2010 la superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca en Bolivia era de 31.000 hectáreas, lo que supone el 20 % de la superficie dedicada en toda América del Sur a esa planta.

"La preocupación de la JIFE aumenta" debido a la información que indica que en 2010 el precio de la hoja de coca aumentó entre un 22% y un 37%, se resalta en el informe.

algunos nombran como "la descriminalización", otros legalizar, despenalizar como quiera se trata de imponer una liberalidad que se opone a la restricción de la Ley en cuanto al tráfico de drogas. nuestro editor se suma al debate.

 Despenalizar o la ruta al despeñadero

Mauricio Aira

Cristo de la Concordia. Editor MA. Poseidón de Gotemburgo

Los Tiempos abrió el debate instando a llevarlo adelante con responsabilidad, espíritu reflexivo y tomando en cuenta también el contexto internacional. Ha citado la declaración del Jefe de Estado de Guatemala que propuso justamente ingresar a un debate franco sobre el tema de la despenalización. Tarea nada fácil tomando en cuenta los grandes intereses que giran en torno.

Si llegara la despenalización, el aumento de consumo de drogas provocaría de inmediato mayor mortalidad, especialmente en colectivos pobres, comparable al consumo del tabaco que provoca muerte y enfermedad apenas menguados por la profusa publicidad para reducir su consumo todavía muy grande en los países ricos. Para el 2030 se estima que más del 80% de las muertes por tabaco tendrán lugar, no obstante, entre los subdesarrollados.

Suecia caracterizada por su política restrictiva tuvo un período de cierta permisividad en los 60 permitiendo como más tarde lo hicieron Suiza y Holanda la distribución de opiáceos y anfetaminas, lo que provocó enormes gastos, aumento de la violencia, el crimen y las muertes por sobredosis lo que condujo a una política de desintoxicación y abstinencia bajo el mandato de “tolerancia cero”.

En Suecia no se castiga al consumidor “se le sentencia a rehabilitarse”, ya que no es asunto sólo de policías o visitadores sociales es problema de toda la sociedad habiéndose comprobado que el sólo hecho de penalización ahuyentó un 50% de los consumidores.

No es posible aceptar la legalización, ni siquiera contemporizar con la droga, porque se trata de “una enfermedad del espíritu que se halla en la huída de la realidad a través de la droga”, que destroza al hombre, a la mujer, que la consumen sea que la compren o reciban de regalo. Una que otra comuna de España y de Dinamarca ha retomado la táctica de repartir droga entre los adictos creando “ciudadanos de segunda clase. Drogodependientes cuya vida está ligada al sistema”.

Conocer esta forma represiva por dentro resulta aleccionador, no son los políticos, ni los policías sus promotores y guardianes, son los padres de familia, los colectivos sociales que previenen “ser cuidadosos y descubrir cualquier alteración de conducta de niños y jóvenes que por influencias perniciosas, ignorancia o engaño son inducidos al vicio”. Los adolescentes que lanzan señales de alarma tienen que ser de inmediato asistidos por sus padres, por los maestros, por el entorno comunitario.

Repetir que la resistencia a las drogas ha fracasado sin ofrecer pruebas fehacientes y sin contemplar otras realidades en que interviene la sociedad misma con una actitud positiva, permanente de prevención, incluyendo a los jóvenes en la sociedad de bienestar y de reparto equitativo, es decir abriéndoles el mercado de trabajo, resulta mejor receta que abriendo las puertas hacia el despeñadero de un consumo libre, sólo controlado por la capacidad de discernir de una ingente población no preparada para ello. No podemos ignorar la incalculable capacidad de quienes prohíjan contra viento y marea una despenalización ipso-facto.

En el terreno concreto de la realidad boliviana tienen que ver factores políticos y sociales de muy poderosa influencia, para nombrar uno,  permitirán acaso “los cocaleros hoy en día ciertamente poderosos” que se venda libremente la cocaína sin restricciones? Dónde podrían colocar su producto habida cuenta de una caída brutal del precio de la coca?

Las contradicciones oficiales sobre la despenalización crean ambiente de incertidumbre y especulación que frena la prosecución abierta de un genuino debate. A menudo confunden las acciones en favor del acullico con las tareas para despenalizar o legalizar la cocaína.

dos hechos. la acusación de la ONU por la enorme cantidad de coca sin control que en los hechos alimenta la cocaína, y el reconocimiento del Gobiierno de superar un 60% los crímenes que origina el narcotráfico en Bolivia (OPINION editorializa)

Reconocimiento.

El gran debate sobre el narcotráfico, su desarrollo y los efectos se tiene que dar a partir del reconocimiento del fenómeno y de su gran incidencia en el conjunto del delito.

Una reciente declaración del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, desde el trópico de Cochabamba señala que un 60 por ciento de los crímenes en el país, especialmente en el eje nacional está relacionado a la actividad ilícita del narcotráfico. Se trata de una reafirmación sobre la realidad que se presenta en el país y que tiene que ver con un incremento que motiva preocupación de autoridades y del colectivo social.

La producción de droga, que hasta hace algunos años estaba en manos de determinados grupos delictivos con cabezas más o menos visibles, hoy parece que se ha extendido o diseminado a otras zonas fuera de las tradicionales de producción de coca, aunque las mismas no han dejado de seguir produciendo la droga en mayor escala como se ha evidenciado, precisamente, durante un operativo reciente en el sector de El Palmar, en Puerto Mollercondo, departamento de Cochabamba, donde una patrulla de la Policía antidroga fue emboscada por narcotraficantes que hirieron a un policía, resultando herido un civil y capturados seis individuos.

El cálculo porcentual sobre la incidencia del narcotráfico en el global de los hechos delictivos que se registran en el país, tiene relación también con el número de personas que llenan las cárceles del país, en las cuales guardan detención y cumplen sentencia por delitos de narcotráfico de diferente gradación. 

En la mayoría de los países que combaten al narcotráfico las políticas oficiales no están dando resultados que se esperaban pese a los esfuerzos de las policías especializadas y de los recursos económicos que se destinan para la lucha, por lo que en círculos políticos y académicos el debate sobre la legalización no deja de ser un tema recurrente. Pero más allá de estas digresiones, la realidad nacional sobre el narcotráfico debe obligar a desarrollar políticas nacionales de prevención y de interdicción eficientes que estén respaldadas por las acciones tradicionales, pero al mismo tiempo, por otras sociales que ingresan al plano alternativo que tienen que ver según señalan algunos estudios a crear condiciones para modificar o prevenir la aparición del problema o que los índices sobre la producción y el tráfico encuentran un ambiente de mayor gravedad.

En la lucha contra las drogas son importantes los recursos económicos, la cooperación internacional y la información adecuada entre los organismos policiales y los niveles institucionales que directa o indirectamente tienen que ver con la problemática, además del cruce de información internacional. Es importante también como ha dicho el viceministro Cáceres el apoyo económico, por lo que ha planteado incluso fortalecer económicamente la labor de la Policía.

Sin embargo en muchos países también se observa la necesidad que siendo el tráfico de drogas un asunto social de enormes características delictivas, las soluciones tienen que pasar por otros mecanismos de participación ciudadana que realicen labores directamente en el seno de la sociedad induciendo a las personas a que rechacen este delito a partir de labores de educación y de concienciación sobre los daños que originan a una sociedad y a un país. 

El gran debate sobre el narcotráfico, su desarrollo y los efectos en un país que de ser productor pasa a ser incluso consumidor, se tiene que dar a partir del reconocimiento del fenómeno y desde luego sobre su gran incidencia en el conjunto del delito que socava cada vez con mayor fuerza la seguridad de las personas.

NNUU considera que cocaleros no respetan acuerdos. 65% de la coca no pasa por control legal el narcotráfico excede los cultivos y los convierte en cocaína

César Guedes,  representante en Bolivia de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC) asegura que el 65 % de la coca que se produce en Bolivia no pasa los controles de los mercados legales de Villa Fátima en La Paz  y Sacaba en Cochabamba.

Guedes en declaraciones exclusivas  a Radio Fides explicó que  según los últimos reportes se comprobó que el 94% de la coca  producida en el trópico de Cochabamba  va al mercado ilegal. Mientras que un 35%  de producción de coca yungueña también no pasa los controles legales.

El representante considera que toda esta cantidad de coca que no pasa  los controles va directamente a las tareas ilícitas del narcotráfico y otra cantidad directamente a los centros mineros donde es demandado el producto.

 “Si bien el gobierno boliviano está haciendo todos los esfuerzos para erradicar los cultivos excedentarios de la hoja de coca, algunos productores de la hoja milenaria continúan expandiendo sus cultivos en zonas no permitidas”. Según el representante hasta la fecha existe una expansión del 1% en La Paz más hacia el norte y en el trópico de Cochabamba hacia la frontera con el Beni y Yapacani del departamento de Santa Cruz.

“En teoría todo está bien negociado, pero en la práctica hay algunos campesinos cocaleros que exceden y que no respetan los acuerdos, lo que preocupa a las Naciones Unidas, acuerdo que debe hacer respetar el gobierno”, dijo Guedes.

El diplomático en Bolivia considera que si bien  existen resultados positivos en tareas de interdicción y erradicación de cultivos excedentarios de  la hoja de coca, se deben mantener los acuerdos y se debe seguir trabajando en el control  de cultivos excedentarios y el narcotráfico.

De acuerdo al último reporte de las Naciones Unidas en Bolivia en el 2010 la producción alcanzó a  31 mil hectáreas de cultivos de coca, lo cual  significa estabilidad con relación al año anterior, manifestó Guedes. A comparación con Colombia y Perú, Bolivia es el país donde menor cantidad de coca se produce.

Por Juan Carlos Barrionuevo Fides La Paz

cocaleros ganaron la pulseta. que sepa el mundo quién manda en Bolivia. los policías ya no ingresarán a la Asunta. los cocaleros se impusieron "será voluntario dice la nueva autoridad". verguenza nacional El Deber.SC

El Gobierno ha dejado en suspenso la campaña de erradicación de cocales ilegales de La Asunta, en los Yungas de La Paz, después de que los cocaleros emboscaron y dieron una paliza a los policías a cargo del trabajo.
Antes de aplicar la “justicia comunitaria” contra los policías del Estado boliviano, los cocaleros ilegales habían dado plazos perentorios a las autoridades para que suspendan el programa de erradicación.
Esa es la región donde, en mayo del año pasado, un avión que llevaba técnicos de la ONU que cooperan en el trabajo de detección de cocales ilegales cayó de manera extraña y sus ocupantes fueron encontrados muertos. Una primera noticia dijo que habían sido hallados vivos, pero luego sólo fueron expuestos sus cadáveres. Los deudos de esas víctimas todavía piden que se hagan investigaciones.
La decisión del Gobierno de interrumpir la erradicación de cocales en La Asunta es una pésima señal, pues alienta a otros cocaleros ilegales a avanzar en sus cultivos en diferentes regiones del país.
El Gobierno del presidente Evo Morales postula la legalización del consumo de la hoja de coca, por considerarla una tradición milenaria de los pueblos originarios.
Pero está comprobado que para atender la demanda generada por el consumo tradicional y medicinal sólo hacen falta 12.000 hectáreas, mientras que en el país existen actualmente cerca de 50.000, contando las de Yungas, Chapare y los parques que han sido copados por los cocaleros.
La actitud pasiva y permisiva del Gobierno frente a los cocales ilegales es, para comenzar, contradictoria y desprestigiadora de su campaña para lograr la despenalización de la hoja de coca, pues todos saben que más del 80% de la coca que se produce en el país es usada por el narcotráfico.
Una política semejante es un mensaje peligroso para todos los bolivianos, porque les está diciendo que el Estado no hace cumplir las leyes del país, y ni siquiera sus compromisos, en este caso el de la erradicación concertada con los cocaleros.
Muestra que el Gobierno no ha advertido que con el crecimiento de los cocales en todo el territorio, ha crecido, de manera proporcional, la inseguridad y la violencia.
Cada día son detenidos nueve ciudadanos bolivianos, comprometidos con el narcotráfico. En las cárceles de Chile hay 2.600 presos extranjeros, de los cuales la mitad son ciudadanos bolivianos, casi todos ellos implicados en delitos de narcotráfico.
Seguir con el criterio de que la coca es inofensiva es una actitud suicida para Bolivia, pues hasta la existencia del Estado boliviano está amenazada por la poderosa transnacional del narcotráfico.
Está haciendo falta un referéndum para que los bolivianos digan qué política será la más conveniente frente a la amenaza de la coca y la cocaína.
La actitud miedosa del Gobierno podría ser interpretada como actitud cómplice, si no fuera que existen planes para la erradicación.
Pero si los programas de erradicación quedan en suspenso, como ahora, se abre la duda acerca de cuál es la verdadera intención de las autoridades ante la peor amenaza contra Bolivia.