La hora de la verdad
Editorial de El Dia de Santa Cruz de la Sierra
El Senado brasileño ha aprobado la realización de una audiencia pública para discutir sobre el tráfico de drogas desde Bolivia a Brasil, días después de que el candidato opositor José Serra denunciara que el Gobierno boliviano es cómplice de los narcotraficantes.
Desde que se lanzó esa denuncia, en Brasil se ha producido una avalancha de comentarios, reportajes y declaraciones que ponen a Bolivia en el ojo de la tormenta y de paso al presidente Lula, por su amistad y cercanía con Evo Morales, a quien acompañó a un viaje al Chapare hace algunos meses y accedió a colgarse en el cuello una guirnalda de hojas de coca.
La revista Veja, la más importante de Brasil, ha publicado un artículo en su última edición en la que acusa a Lula de cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo, es decir, que el 95 por ciento de la cocaína que consumen los brasileños procede de Bolivia. Es más, acusa al gobierno de Brasilia de promover el comercio ilícito, pues está financiando con 332 millones de dólares, la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos-Guayaramerín, que podría convertirse en la ruta de transito directo de la droga hacia el vecino país.
El Gobierno boliviano también se ha mostrado acosado por las noticias sobre narcotráfico, lo que llevó al presidente Morales a reconocer que las mafias de traficantes han penetrado las estructuras del Estado y a afirmar con sorpresa que no conocía del inmenso poder que tienen estos grupos ilegales.
Más allá de las declaraciones y notas de prensa, el narcotráfico se ha vuelto una constante en casi todos los hechos de la realidad nacional. No se puede desconocer que detrás del conflicto en Caranavi existen clanes que se pelean por el control de los territorios de la coca. En una balacera ocurrida en San Ramón se pudo evidenciar que los narcos se han metido a la Policía y que en sus estructuras figuran ex guerrilleros serbios, lo que indica un altísimo poder económico y gran capacidad de desatar violencia. También en medio del trance de los policías linchados en Uncía se ha evidenciado que están las drogas mezcladas con contrabando de automóviles. Todos los días se incautan toneladas de cocaína y se desmantelan fábricas en Potosí, Cochabamba, Oruro y otros lugares que habían estado tradicionalmente alejados del circuito de las mafias.
En este contexto suena a despropósito que el presidente Morales se queje de falta de ayuda para la lucha contra el narcotráfico y que acuse a Estados Unidos de promover la producción de drogas cuando ha sido él quien expulsó del país a la DEA, con la promesa de que los resultados mejorarían sin la cooperación internacional, argumento que lo ha repetido varias veces. Hace unos días, el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para América Latina, Arturo Valenzuela, de visita en La Paz, dio a entender que su país tiene intenciones de reponer los beneficios arancelarios contemplados en la ATPDEA siempre y cuando el Gobierno boliviano ofrezca las señales concretas en relación al combate a las drogas.
No cabe duda que el Gobierno se encuentra frente a la más difícil encrucijada y cada vez será más evidente cuál es el camino que ha decidido tomar.
Bolivia se encuentra en el ojo de la tormenta por la desconfianza que hay sobre el gobierno boliviano y sus lazos con las drogas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario