El flagelo de las drogas amerita, de principio, seriedad política. Ningún país está exento de él y, sin embargo, no todos encaran el problema con la debida responsabilidad. En varias oportunidades, el Gobierno de Bolivia reclamó —y con toda razón— un compromiso decidido de parte de las naciones identificadas como las de mayor consumo. Pero, ¿en casa cómo andamos?
Bolivia, después de Colombia y Perú, es el tercer productor de coca, materia prima de la cocaína. Y una de las principales regiones de esa producción está situada, precisamente, donde el presidente Morales ejerce un liderazgo desde hace 20 años. Dos décadas es mucho tiempo; si esa posición fuera útil al Mandatario para controlar el incesante aumento de sembradíos, cuánto apoyo recibiría… pero no es el caso: pudo haber aprovechado mejor su privilegiado estatus en el grupo social de los cocaleros.
Si al habitual descontrol de la producción de coca en el Chapare se suma el incremento sostenido del cultivo en la zona de los Yungas paceños entre los años 2002 y 2008, lo cual está contenido en un informe de Naciones Unidas, el panorama se torna realmente complicado.
Hace dos semanas, José Serra, candidato opositor a la presidencia de Brasil, deslizó que el Gobierno boliviano sería cómplice del tráfico de drogas hacia su país; como era previsible, desató un escándalo internacional. Lo de Serra venía cargado de ironía y, quizá también, de exageración; pero, más allá de la veracidad o no de sus afirmaciones, la actitud de Morales en el último congreso nacional de los cocaleros no ayuda, sino todo lo contrario, a la cruzada por enmendar la imagen del país, estigmatizado hasta la vergüenza con la droga en el exterior.
El Presidente debió ponerse firme y rechazar su enésima designación como principal dirigente cocalero. Esto sólo sirve para que los recelosos de la política antinarcóticos del Gobierno boliviano, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, sigan interpretando que, aquí, cualquier intento de combatir el narcotráfico sería pura pantalla.
El papel de juez y parte se ajusta al caso del presidente Morales, que parece ignorar que su gobierno atraviesa por uno de los momentos más difíciles ante las sospechas de la incursión, dentro del territorio boliviano, de grupos organizados que aparentemente tendrían conexiones con mafias internacionales ligadas al narcotráfico y el contrabando.
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