Por más esfuerzos que hace el Gobierno por erradicar la coca ilegal, aparecen nuevos cultivos en parques naturales o en los mismos lugares intervenidos. Se gastan recursos públicos, se movilizan tropas, se cosechan elogios a nivel internacional, pero todo queda resumido a un trámite burocrático sin mayor trascendencia práctica, pues al final de cuentas es el juego del gato y el ratón, en el que ambos protagonistas confunden sus roles y sobre todo, actúan como juez y parte, algo que jamás conducirá a ningún lado, salvo claro a la multiplicación de los cultivos de coca y el consiguiente aumento de la producción de droga.
La industrialización de la coca no funciona. Los proyectos lanzados con bombos y platillos al inicio de la gestión del MAS han fracasado por completo. Un estudio del PIEB revela que apenas siete toneladas de las casi 100 mil que se producen de forma legal e ilegal en el país tiene como destino la transformación industrial. Los derivados de la coca, salvo la cocaína, no tienen mercado en el extranjero y tampoco se hacen esfuerzos por promoverlos ni siquiera en aquellos países que prometieron el “oro y el moro” en la integración comercial con Bolivia. Nuestro país exporta hoja de coca hacia la Argentina por un monto de cinco mil toneladas anuales, un cuarto de la coca considerada legal, pero tal como lo ha manifestado la ONU esos envíos contradicen las normas internacionales y seguramente, a partir del reingreso boliviano en la Convención de Viena, los controles serán más estrictos o en todo caso quedará en evidencia la transgresión.
La ONU le ha recordado al Gobierno boliviano que tendrá que presentar dentro de cuatro meses un estudio pormenorizado sobre el consumo legal de la coca dentro del territorio nacional. Este informe viene siendo postergado desde mucho antes de la asunción del MAS al poder, pese a que hace un par de años la Unión Europea financió una investigación cuyos resultados dejaron insatisfecho al régimen gobernante.
¿Cuáles son los datos que no le gustan al Gobierno y qué deberá ajustar si lo que pretende es dignificar la coca como lo dice abiertamente ante la comunidad internacional? En principio, las 12 mil hectáreas de cultivos establecidas en la Ley 1008, las únicas consideradas legales y que casi se han triplicado producto del laxamiento de las políticas del control de la coca. Existe la intención de modificar la norma y establecer como tope las 20 mil hectáreas, cifra que ha sido lanzada sin ningún tipo de base empírica. Falta el estudio.
Otro dato. Más del 94 por ciento de la coca que se cultiva en el Chapare tiene como destino el narcotráfico. Esa información pertenece a la ONU y ha sido avalada por el propio Gobierno. Se trata de casi 40 mil toneladas que van directamente a las fábricas de droga del trópico cochabambino y a todas las que han proliferado en Yapacaní, los parques nacionales, la reserva del Choré y el TIPNIS. Existe toda una estrategia geopolítica para expandir esos cultivos hacia el Beni, a través de la polémica carretera Villa Tunari-San Ignacio. ¿Va a frenar todo ese proyecto el oficialismo para ceñirse a lo que establece la Convención de Viena y respetar los acuerdos?
La industrialización de la coca no funciona. Los proyectos lanzados con bombos y platillos al inicio de la gestión del MAS han fracasado por completo. Un estudio del PIEB revela que apenas siete toneladas de las casi 100 mil que se producen de forma legal e ilegal en el país tiene como destino la transformación industrial. Los derivados de la coca, salvo la cocaína, no tienen mercado en el extranjero y tampoco se hacen esfuerzos por promoverlos ni siquiera en aquellos países que prometieron el “oro y el moro” en la integración comercial con Bolivia. Nuestro país exporta hoja de coca hacia la Argentina por un monto de cinco mil toneladas anuales, un cuarto de la coca considerada legal, pero tal como lo ha manifestado la ONU esos envíos contradicen las normas internacionales y seguramente, a partir del reingreso boliviano en la Convención de Viena, los controles serán más estrictos o en todo caso quedará en evidencia la transgresión.
La ONU le ha recordado al Gobierno boliviano que tendrá que presentar dentro de cuatro meses un estudio pormenorizado sobre el consumo legal de la coca dentro del territorio nacional. Este informe viene siendo postergado desde mucho antes de la asunción del MAS al poder, pese a que hace un par de años la Unión Europea financió una investigación cuyos resultados dejaron insatisfecho al régimen gobernante.
¿Cuáles son los datos que no le gustan al Gobierno y qué deberá ajustar si lo que pretende es dignificar la coca como lo dice abiertamente ante la comunidad internacional? En principio, las 12 mil hectáreas de cultivos establecidas en la Ley 1008, las únicas consideradas legales y que casi se han triplicado producto del laxamiento de las políticas del control de la coca. Existe la intención de modificar la norma y establecer como tope las 20 mil hectáreas, cifra que ha sido lanzada sin ningún tipo de base empírica. Falta el estudio.
Otro dato. Más del 94 por ciento de la coca que se cultiva en el Chapare tiene como destino el narcotráfico. Esa información pertenece a la ONU y ha sido avalada por el propio Gobierno. Se trata de casi 40 mil toneladas que van directamente a las fábricas de droga del trópico cochabambino y a todas las que han proliferado en Yapacaní, los parques nacionales, la reserva del Choré y el TIPNIS. Existe toda una estrategia geopolítica para expandir esos cultivos hacia el Beni, a través de la polémica carretera Villa Tunari-San Ignacio. ¿Va a frenar todo ese proyecto el oficialismo para ceñirse a lo que establece la Convención de Viena y respetar los acuerdos?
Se supone que el reingreso de Bolivia a la Convención de Viena supone la voluntad de arreglar este desbarajuste que se traduce en un aumento cada vez más preocupante del narcotráfico. ¿Quiere hacerlo el Gobierno o simplemente usará la conquista diplomática del acullico para darle impulso a la estrategia de 'cocalizar' al extremo el país?
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