Uno de los más importantes frentes en la lucha contra el narcotráfico resulta ser el control del lavado de dinero ilícito, cuya dimensión cuantitativa gira en torno a los mil millones de dólares en todo el mundo, erigiéndose en un fuerte capital financiero que exige de gobiernos y organizaciones internacionales el máximo de los esfuerzos. La legitimación de ganancias ilícitas, que procede fundamentalmente del tráfico de drogas y armas -actividades peligrosas e íntimamente relacionadas- adopta varias modalidades que van desde la compra de inmuebles y vehículos hasta la fuga de capitales al exterior. Sin duda, el final del proceso es la introducción del dinero sucio en el sistema financiero.
La preocupación sobre este problema se ha visto reflejada en el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), porque un elevado porcentaje de estas ganancias ilícitas corresponde a América Latina. La Unodc ha señalado que el dinero ilegal viene a ser producto de cuatro multimillonarios negocios clandestinos: el tráfico de drogas y armas, explotación sexual, secuestros y extorsiones. Si se mira bien, cada actividad señalada aparece como independiente, cuando en realidad forma parte de un todo complejo y sofisticado que merece acciones puntuales para su combate y control por parte de los gobiernos y organizaciones internacionales.
El asunto toca de lleno al país y lo involucra en las elevadas responsabilidades de la lucha contra el lavado de dinero ilícito. De hecho, Bolivia ha tenido avances en el terreno jurídico para evitar el “blanqueo de capitales”, aspecto que las Naciones Unidas han destacado en su justa dimensión. Sin embargo, hace pocos días, conmemorando el Día Internacional de la Prevención de Lavado de Activos, autoridades del Gobierno han reconocido que pese a los avances jurídico-legales en el país, todavía no se han podido cuantificar y menos identificar las sumas provenientes de las actividades clandestinas. Esto significa que todavía nos falta mucho para el control eficaz de las ganancias ilícitas.
La propia Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del país ha remitido casos no solo de legitimación de ganancias ilícitas, sino de lavado de dinero vinculado a la corrupción, narcotráfico y trata de personas, pero no se sabe a ciencia cierta a cuánto ascienden los recursos que se mueven en ese terreno. Ello implica debilidades que muestran no solo la fragilidad del sistema, sino de las propias acciones en contra del lavado de dinero. Si se considera que la actividad del narcotráfico implica el blanqueo de capitales, resulta una incoherencia afirmar, como lo ha hecho el titular de Defensa, que no existe actividad organizada de tráfico de drogas –como los cárteles- en el país.
En cierta manera, esto significa incapacidad de captar la realidad frente a las amenazas. Si se acepta que las fronteras de los países vecinos se refuerzan para evitar el tráfico de drogas que usa al país como tránsito u origen, que la sobreproducción de la siembra de hoja de coca supuestamente legal se destina al narcotráfico y que en este terreno todavía no se han dado pasos decisivos, resulta lógico que el control de lavado de dinero también tenga sus deficiencias en el país. Por ello, se hace preciso desarrollar acciones urgentes y coherentes para evitar que estas portentosas amenazas socaven aún más la sociedad boliviana. No se debe esconder la cabeza como el avestruz frente al peligro.
La preocupación sobre este problema se ha visto reflejada en el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), porque un elevado porcentaje de estas ganancias ilícitas corresponde a América Latina. La Unodc ha señalado que el dinero ilegal viene a ser producto de cuatro multimillonarios negocios clandestinos: el tráfico de drogas y armas, explotación sexual, secuestros y extorsiones. Si se mira bien, cada actividad señalada aparece como independiente, cuando en realidad forma parte de un todo complejo y sofisticado que merece acciones puntuales para su combate y control por parte de los gobiernos y organizaciones internacionales.
El asunto toca de lleno al país y lo involucra en las elevadas responsabilidades de la lucha contra el lavado de dinero ilícito. De hecho, Bolivia ha tenido avances en el terreno jurídico para evitar el “blanqueo de capitales”, aspecto que las Naciones Unidas han destacado en su justa dimensión. Sin embargo, hace pocos días, conmemorando el Día Internacional de la Prevención de Lavado de Activos, autoridades del Gobierno han reconocido que pese a los avances jurídico-legales en el país, todavía no se han podido cuantificar y menos identificar las sumas provenientes de las actividades clandestinas. Esto significa que todavía nos falta mucho para el control eficaz de las ganancias ilícitas.
La propia Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del país ha remitido casos no solo de legitimación de ganancias ilícitas, sino de lavado de dinero vinculado a la corrupción, narcotráfico y trata de personas, pero no se sabe a ciencia cierta a cuánto ascienden los recursos que se mueven en ese terreno. Ello implica debilidades que muestran no solo la fragilidad del sistema, sino de las propias acciones en contra del lavado de dinero. Si se considera que la actividad del narcotráfico implica el blanqueo de capitales, resulta una incoherencia afirmar, como lo ha hecho el titular de Defensa, que no existe actividad organizada de tráfico de drogas –como los cárteles- en el país.
En cierta manera, esto significa incapacidad de captar la realidad frente a las amenazas. Si se acepta que las fronteras de los países vecinos se refuerzan para evitar el tráfico de drogas que usa al país como tránsito u origen, que la sobreproducción de la siembra de hoja de coca supuestamente legal se destina al narcotráfico y que en este terreno todavía no se han dado pasos decisivos, resulta lógico que el control de lavado de dinero también tenga sus deficiencias en el país. Por ello, se hace preciso desarrollar acciones urgentes y coherentes para evitar que estas portentosas amenazas socaven aún más la sociedad boliviana. No se debe esconder la cabeza como el avestruz frente al peligro.
Se hace preciso desarrollar acciones urgentes y coherentes para evitar que portentosas amenazas socaven más la sociedad boliviana. Si aún no se han dado pasos decisivos, resulta lógico que el control del lavado de dinero sea también, una tarea pendiente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario