Los asesinatos producidos en la región paceña de Apolo llevan un mes sin esclarecerse, pero como una profecía del dios griego de ese nombre, desde entonces la cuestión cocalera se ha enrarecido en el país. Una misión del Parlamento ha ido hasta aquella distante localidad y las observaciones que han hecho sus miembros no permitieron elaborar un informe más o menos coherente. De esa manera quedó consolidada la duda sobre lo que pasó en esa región de cocales tradicionales, junto a la sospecha de que estamos ante otro caso sobre el cual no habrá un esclarecimiento cabal.
Queda sin confirmarse, o negarse, la versión de los lugareños según la cual todo se trató de un enfrentamiento entre grupos de oficiales armados, que se complica con las versiones sobre la presencia de grupos de ciudadanos peruanos armados y de los que no se tiene rastro alguno. El tema fue eclipsado por el furor que ha tenido la actividad del narcotráfico, la exigencia de los obispos de que se encare esa realidad con responsabilidad y la divulgación del informe sobre la coca por parte del Gobierno nacional. Y después del informe, la advertencia que hizo la Unión Europea al Gobierno: la exportación de hoja de coca no puede ser incorporada a la ley, pues se trata de una actividad prohibida expresamente por la Convención de Viena de 1961.
Los obispos argentinos también aludieron al tema del narcotráfico en un documento muy preciso, de apenas una carilla, en el que demandan una política clara sobre el tema. Argentina es el destino de miles de toneladas de hoja de coca que salen de Bolivia por las fronteras de Yacuiba, Bermejo y Villazón, donde hay puestos de control que son burlados por los exportadores bolivianos y los importadores argentinos, según testimonios difundidos por el canal 13 de Argentina en el programa Periodismo para todos.
Los cocaleros de Yungas y Chapare están ahora inquietos. No quieren aceptar que los cultivos legales se reduzcan a 14.705 hectáreas, como dice el referido informe. El Gobierno del presidente Evo Morales, el líder histórico de los cocaleros, enfrenta un momento crítico en la política de la coca, que podría desencadenar situaciones de inestabilidad para la propia democracia, como ocurrió hace diez años. La tensión llega cuando algunos maestros, que denunciaron la presencia de narcotraficantes cerca de escuelas donde la droga se ha introducido y es consumida por los estudiantes, son amenazados por las mafias
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