Resulta prudente reconocer que existe una tendencia a considerar temerario el cuestionar los esfuerzos que realiza el Gobierno contra el flagelo del narcotráfico en el país. Sin embargo, debe ponderarse el hecho que si bien existen pruebas evidentes de que el Gobierno está haciendo lo que puede y con los recursos materiales y humanos que dispone, los resultados muestran que los esfuerzos desplegados no son ni serán suficientes para controlar una actividad de suya creciente y peligrosa. Además, varios factores coadyuvantes adversos hacen que la problemática de la lucha contra el narcotráfico se torne todavía más compleja y difícil, con las previsibles consecuencias.
La sola mención de los cultivos excedentarios de coca crispa a propios y extraños. En un principio se había señalado un tope de seis mil hectáreas de superficie cultivable para la coca legal. Conforme han pasado los años se ha comprobado que ese límite se ha sobrepasado hasta cifras que ascienden a treinta y seis mil hectáreas. De todo esto se llega a la conclusión que los productores de coca están siendo seducidos por la obtención de dinero fácil, bajo la sombra de la ilegalidad. No extraña, por ello, la presión de la Unión Europea sobre un informe acerca de los cultivos de coca que se está haciendo de largo esperar. Resulta todavía más preocupante si la erradicación no avanza.
Los luctuosos sucesos de Apolo nos alertan de peligros mayores. Se ha mencionado desde cárteles de la droga hasta narcoterrorismo, con suposiciones y desmentidos. En el terreno de los hechos, resulta notorio que parte importante de la producción de coca se está desviando al narcotráfico. El frecuente descubrimiento de laboratorios móviles de producción de droga en diversas partes del país, especialmente en regiones de difícil acceso o colindantes con las áreas de cultivo de coca, constituyen una realidad que no se puede ignorar de manera indefinida. La creciente ola de violencia en el eje troncal del país, especialmente Santa Cruz, desvela los efectos nefastos que conlleva el narcotráfico.
Asimismo, resulta preocupante que se haya constatado el desvío de la coca legal desde las mismas instancias de la institución encargada de su control. Si bien no se ha dilucidado en su totalidad este problema, viene a ser sugestiva la detención y el posterior encarcelamiento del titular de esa repartición estatal que, automáticamente, ha caído en el descrédito. Frente a estos problemas puntuales, el Gobierno debe ofrecer muestras claras de reacción, puesto que las señales de peligro son clamorosas y reiterativas. De pronto, todo entra en el terreno de la sospecha. En ese contexto, tampoco ayuda el hecho que el presidente Morales sea máximo dirigente de cocaleros.
Sin duda, el Gobierno está en la obligación de marcar cuanto antes un punto de inflexión respecto a la reducción de los cultivos excedentarios de coca, y debe hacerlo con la mayor energía y premura, una vez que la imagen del país se ve deteriorada día a día por esta situación. Por otra parte, apremia concretar mayor apoyo internacional para efectivizar la lucha contra el narcotráfico, antes que las organizaciones delictivas conviertan a Bolivia, si no lo han hecho ya, en el centro de sus operaciones. De lo que haga o deje de hacer el Gobierno, de aquí para adelante, depende que las señales de peligro cesen o, por el contrario, den paso a las calamidades que vienen anunciando.
La sola mención de los cultivos excedentarios de coca crispa a propios y extraños. En un principio se había señalado un tope de seis mil hectáreas de superficie cultivable para la coca legal. Conforme han pasado los años se ha comprobado que ese límite se ha sobrepasado hasta cifras que ascienden a treinta y seis mil hectáreas. De todo esto se llega a la conclusión que los productores de coca están siendo seducidos por la obtención de dinero fácil, bajo la sombra de la ilegalidad. No extraña, por ello, la presión de la Unión Europea sobre un informe acerca de los cultivos de coca que se está haciendo de largo esperar. Resulta todavía más preocupante si la erradicación no avanza.
Los luctuosos sucesos de Apolo nos alertan de peligros mayores. Se ha mencionado desde cárteles de la droga hasta narcoterrorismo, con suposiciones y desmentidos. En el terreno de los hechos, resulta notorio que parte importante de la producción de coca se está desviando al narcotráfico. El frecuente descubrimiento de laboratorios móviles de producción de droga en diversas partes del país, especialmente en regiones de difícil acceso o colindantes con las áreas de cultivo de coca, constituyen una realidad que no se puede ignorar de manera indefinida. La creciente ola de violencia en el eje troncal del país, especialmente Santa Cruz, desvela los efectos nefastos que conlleva el narcotráfico.
Asimismo, resulta preocupante que se haya constatado el desvío de la coca legal desde las mismas instancias de la institución encargada de su control. Si bien no se ha dilucidado en su totalidad este problema, viene a ser sugestiva la detención y el posterior encarcelamiento del titular de esa repartición estatal que, automáticamente, ha caído en el descrédito. Frente a estos problemas puntuales, el Gobierno debe ofrecer muestras claras de reacción, puesto que las señales de peligro son clamorosas y reiterativas. De pronto, todo entra en el terreno de la sospecha. En ese contexto, tampoco ayuda el hecho que el presidente Morales sea máximo dirigente de cocaleros.
Sin duda, el Gobierno está en la obligación de marcar cuanto antes un punto de inflexión respecto a la reducción de los cultivos excedentarios de coca, y debe hacerlo con la mayor energía y premura, una vez que la imagen del país se ve deteriorada día a día por esta situación. Por otra parte, apremia concretar mayor apoyo internacional para efectivizar la lucha contra el narcotráfico, antes que las organizaciones delictivas conviertan a Bolivia, si no lo han hecho ya, en el centro de sus operaciones. De lo que haga o deje de hacer el Gobierno, de aquí para adelante, depende que las señales de peligro cesen o, por el contrario, den paso a las calamidades que vienen anunciando.
De lo que haga o deje de hacer el Gobierno, de aquí para adelante, depende que las señales de peligro cesen o, por el contrario, den paso a las calamidades que vienen anunciando.
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