La Ley 1008, de la década de los 80, dispone que los cultivos legales de coca no excedan las 12.000 hectáreas. Por ello, desde entonces se procedió a la destrucción de los cultivos excedentarios en un escenario de conflicto y elevados grados de violencia.
La resistencia a esa disposición y a la erradicación generó dos tipos de percepciones: una, el convencimiento de que los excedentes están destinados a la producción de cocaína y sus derivados, la otra, que la erradicación responde a una estrategia imperialista para someter a los productores de coca. En ese escenario, el movimiento cocalero del país ha trabajado con contundente éxito, pues ha logrado aumentar la extensión permitida de áreas de cultivo sin modificar la ley y ha creado un instrumento político y ha obtenido una contundente victoria electoral en 2005 bajo la dirección de su líder y actual presidente del Estado.
Pero, los excedentes de coca van nomás a la elaboración de cocaína y sus derivados, llegando a límites muy peligrosos por sus implicaciones internas y externas, por lo que el mismo gobierno considera necesario reducir cultivos y, sobre todo, controlar el destino del producto. Así, aceptó una ayuda de la Unión Europea para realizar un estudio independiente sobre consumo tradicional de coca, cuyos resultados, durante dos años, el gobierno ha eludido difundir.
Pero, ahora parece que será imposible que lo siga haciendo... y, de acuerdo a los trascendidos, el consumo tradicional sería satisfecho con la producción de áreas bastante menores incluso a la extensión permitida por la Ley 1008.
Esto implica que ha llegado la hora del sinceramiento y de elaborar una nueva estrategia con seriedad y visión de futuro.
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