Mientras los cocaleros de Chimoré deciden aplicar un ‘toque de queda’ que no cuenta con la aprobación del Estado boliviano, el Gobierno aplica en Apolo un ‘estado de sitio’ que tampoco ha sido aprobado por el Parlamento. ¿Qué pasó, de veras, en la zona de Miraflores en la –según se ha descubierto ahora– remota región de Apolo (La Paz)? La comisión de parlamentarios que fue a la zona para investigar los hechos del 19 de octubre, cuando murieron cuatro personas, solo ha confundido más las cosas.
Hay dos tesis contrapuestas: 1) la que sostiene el oficialismo es que se trató de una emboscada perpetrada por terroristas extranjeros infiltrados entre los cocaleros de la zona y 2) la que postulan los lugareños: se trató de un enfrentamiento entre fuerzas militares dedicadas a la erradicación de cocales. Aunque el oficialismo habla de emboscada, apoya en la práctica la segunda tesis, pues acaba de destituir al oficial de Ejército que estaba a cargo de las operaciones en la zona.
Ochenta niños han sido refugiados en una escuela, en vista de que la región se ha convertido en zona militar, que es más rígida que un estado de sitio. Los lugareños se las arreglan para llegar a La Paz y denunciar lo que ocurre en Apolo, comenzando por revelar que no existe una carretera hacia la zona y asombrar con la información de que la gente de esos lugares opta por pedir obras públicas a las autoridades peruanas.
Ha comenzado a quedar claro en este caso que, como dice la vieja sentencia, “si quieres que algo quede sin saberse, crea una comisión investigadora”. Pero la gente de la zona da una información clave. Apolo es considerada zona cocalera tradicional, solo para 300 hectáreas, al contrario de lo que ocurre con Chapare, que es zona ‘excedentaria’, es decir, ilegal.
Los de Apolo no tienen un sindicato fuerte ni un líder muy conocido, por lo que queda pendiente la denuncia de que estaríamos ante un caso de abuso de la política de erradicación, que se ensañaría con cocaleros de regiones aisladas, aunque sean tradicionales. Como lejano telón de fondo de esta tragedia está el hecho de que el país no cuenta con una política clara sobre la coca, con un Gobierno que duda sobre la extensión que deberán tener los cocales legales, mientras deja espacio para que se produzcan hechos lamentables como los de Apolo
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