Las hermanas Juana y Elba Terán González, que en septiembre del 2008, fueron descubiertas en posesión de 147 kilos de cocaína, serán liberadas después de pagar una fianza, de 100 mil bolivianos fijada por el Juez Primero de Instrucción de Villa Tunari (Cochabamba) José Luis Dávila.
En una imprevista e irregular audiencia de cesación de medidas cautelares, el juez instructor Dávila fijó una fianza de 50 mil bolivianos, para cada una de las hermanas Terán, y la misma cantidad para Tomás Veizaga, esposo de unas de ellas, todos sindicados del delito de tráfico de drogas, penado por la Ley 1008.
Tomás Veizaga, Juana y Elba Terán, familiares de la ex dirigente cocalera y ex asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Margarita Terán, fueron sorprendidos el pasado 23 de septiembre pasado en su domicilio en San Isidro, Tiraque, con 147,5 kilos de pasta base de cocaína, 20 mil dólares y joyas que fueron confiscadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
Los tres imputados fueron trasladados, a primera hora de ayer lunes a Villa Tunari, sin que la propia fiscal asignada al caso, Claudia Mancilla, haya sido notificada para estar presente en la audiencia prevista a las 10:30 en la que el abogado Víctor Hugo Villa pidió la cesación de las medidas cautelares, intentando probar que ninguno de sus clientes, obstaculizaría la investigación ni se daría a la fuga.
La fiscal Claudia Mancilla recibió una llamada para notificarle que vieron a las hermanas Terán cruzar una calle en Villa Tunari y viajó de inmediato en un vehículo particular para ver qué ocurría, pero llegó cuando la audiencia ya había terminado.
El representante del Ministerio Público calificó esta audiencia como "una barbarie", pues en primera instancia y de acuerdo con la resolución de la Sala Penal 3 de la Corte de Justicia, este caso debía ser conocido únicamente por el Juzgado de Tiraque, pues la casa de San Isidro, donde se halló la enorme cantidad de droga, está situada en la jurisdicción de Tiraque y no en Villa Tunari.
"No se sabe porqué el juez José Luis Dávila aceptó realizar la audiencia, pues él mismo aceptó la solicitud de excepción de incompetencia de la Fiscalía e instruyó que todo el legajo sea remitido a Tiraque", dijo.
El accionar del juez Dávila en este proceso, ya fue cuestionado antes por los propios vocales de la Sala Penal Tercera, que no sólo anularon una resolución suya emitida en el caso Terán (porque adolecía de una fundamentación adecuada y era un atentado al debido proceso y el derecho a la defensa), sino que también decidieron llamarle la atención severamente (a Dávila) por sus "errores".
Los tres sindicados de los delitos de narcotráfico, sólo tienen que pagar una fianza de 50.000 bolivianos, cada uno, para efectivizar su salida de la cárcel de San Pedro de Sacaba, situación que fue calificada de aberración jurídica y manipulación política por el ex viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario