Jaime Aparicio diplomático de carrera refiere su invalorable testimonio de existir la Convención del 88 que reconoce o acepta el uso tradicional de la hoja de coca, los derechos humanos allí donde existe la evidencia histórica. Valioso para comparar con la denuncia de Choquehuanca

Prioridad de este Gobierno fue retirar la hoja de coca de la lista I de estupefacientes de la Convención Única Sobre Estupefacientes de 1961. Esta tentativa acabó en un rotundo fracaso al no conseguir el inefable señor Solón, representante ante la ONU, el apoyo de otros países para que prospere esta iniciativa. La última estocada a este plan la dio el Gral. Sanabria, que puso al descubierto el otro lado de la ¨hoja sagrada”.

Frente a ese escenario, el Gobierno y su obsecuente parlamento decidieron "denunciar" la Convención de Naciones Unidas de 1961, bajo el pretexto de que, según declaró a AFP el Canciller Choquehuanca en tono místico, "denunciar el acuerdo significa defender nuestra cultura, que podamos seguir practicando nuestra cultura”.

Esta Convención, a la que Bolivia adhirió en 1973, incluye en su lista I a la hoja de coca como estupefaciente y contempla una cláusula en la que los países se comprometían a ilegalizar internamente el masticado de la hoja de coca en un plazo de 25 años, a partir de la entrada en vigor del Tratado. Pero lo que el Gobierno no dice es que antes de que se hubiera cumplido ese plazo, el Gobierno del Dr. Paz Estenssoro encomendó a un grupo de juristas y diplomáticos, presidido por el Dr. Huascar Cajías, equipo del que formé parte, reparar ese error y evitar, conforme al Derecho Internacional, la obligación de ilegalizar el masticado de la hoja de coca, una práctica ancestral en el occidente boliviano. Para fortuna del país, a mediados de los años 80 se iniciaba un proceso de negociación en Viena para una nueva Convención, complementaria de la de 1961, la misma que fue aprobada en 1988.

En esas circunstancias, Bolivia, adoptó la estrategia de negociar que la Convención de Viena de 1988 reconozca que en algunos países existe el uso tradicional de la hoja de coca. De esa manera, el artículo pertinente de la Convención de Viena de 1988 estableció:

“Cada una de las partes adoptará medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas, tales como las plantas de adormidera, los arbustos de coca y las plantas de cannabis, así como para erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio. Las medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente.”

Este párrafo que rescató el uso cultural de la hoja de coca, fue negociado por Bolivia en una activa acción diplomática que permitió que el Canciller de ese tiempo, Guillermo Bedregal, sea elegido Presidente de la Conferencia que negoció y aprobó la Convención de 1988. Además, Bolivia, opuso una reserva en esa Convención, declarando que, en su territorio, será legal el uso tradicional lícito de la hoja de coca. Por eso se pudo establecer legalmente en Bolivia áreas de cultivos legales en zonas tradicionales como los Yungas, y cuyos cultivos no fueron objeto de reclamo ni por EEUU ni Europa ni por la propia Junta Internacional de Estupefacientes de la ONU (JIFE).

Está claro que no era necesario denunciar la Convención de 1961 para defender el masticado de la hoja de coca, pues a partir de la ratificación de la Convención del 88, Bolivia había logrado la inaplicabilidad de la ilegalización de la hoja para usos tradicionales en territorio boliviano. De manera que la acción de desgarrarse las vestiduras por el acullico tiene otro trasfondo.

El autor es abogado y diplomático

una de las ideas salidas de nuestro Foro en la red Facebook ha cobrado fuerza y está siendo planteada en Santa Cruz. Gravamen para la comercialización de la hoja de coca. Hoy Bolivia lo presenta así:

El Concejo Municipal de Santa Cruz, presentará una ordenanza para gravar una tasa adicional a la hoja de coca que se comercializa en esta ciudad capital.

El concejal Oscar Vargas lamentó que la Cámara de Diputados con mayoría del partido gobernante haya aprobado en grande la ley de clasificación de impuestos sin el consenso necesario y las observaciones hechas por el municipalismo y adelantó que en los próximos días se presentarán dos ordenanzas para captar recursos, una referida al cobro de impuestos a los autos recién nacionalizados con mayor antigüedad y la otra de gravar una tasa a los comercializadores de hoja de coca.

Vargas calificó de preocupante el aumento de la producción y comercialización de la hoja de coca en el país, siendo el mayor consumidor el departamento cruceño por lo que presentará la semana entrante un proyecto de ordenanza para crear una tasa sobre este producto.

“Vamos a establecer una tasa adicional a la comercialización de la hoja de coca, aquí en Santa Cruz se ha convertido en un vicio para mucha gente”, acotó el edil.

Por su parte, el experto en municipalismo, Iván Arias, mediante un artículo titulado Ley: ¿Impuesto a la Coca?, propone la creación de una ley que debe reflejar la necesidad de un cambio en la estrategia, es decir, que desde ahora no se lucharía en contra del cultivo de coca, sino a favor de la salud de los ciudadanos.

En este enfoque nuevo, una de las metas más importantes a lograr es que toda la coca que se transporta en el país, deba tener su origen claramente determinado, una papeleta de depósito bancario que identifique quién compra y quien vende la coca, dónde y en que fechas.

“Se deben establecer controles sobre los movimientos físicos de la coca, así como establecer pagos en cada movimiento, lo que ayudará a desincentivar el comercio ilegal de la coca. Hay que recordar también que la coca es materia prima para la cocaína, pero se está transportando dentro del país sin pagar impuesto por el uso de nuestros caminos, nuestros autobuses y nuestras terminales”, expresó.

ofrecemos el art. 49 de la Convención Unica sobre Estupefacientes suscrita en Nueva York en 1961 que concedía 25 años de plazo para terminar con la masticación. han pasado 50 años y Bolivia no cumple el acuerdo referido al opio, al cannabis, (lo destacamos en rojo)

RESERVAS TRANSITORIAS

1. Al firmar, ratificar o adherirse a la Convención, toda Parte podrá reservarse el derecho de autorizar temporalmente en cualquiera de sus territorios:

a)	El uso del opio con fines casi médicos;
b)	El uso del opio para fumar;
c)	La masticación de la hoja de coca;
d)	El uso de la cannabis, de la resina de cannabis, de extractos y tinturas de cannabis con fines no médicos; y
e)	La producción, la fabricación y el comercio de los estupefacientes mencionados en los apartados a) a d) para los fines en ellos especificados.

2. Las reservas formuladas en virtud del inciso 1 estarán sometidas a las siguientes limitaciones:

a)	Las actividades mencionadas en el inciso 1 se autorizarán sólo en la medida en que sean tradicionales en los territorios respecto de los cuales se formule la reserva y estuvieran autorizadas en ellos el 1º de enero de 1961;
b)	No se permitirá ninguna exportación de los estupefacientes mencionados en el párrafo 1, para los fines que en él se indican, con destino a un Estado que no sea Parte o a un territorio al que no se apliquen las disposiciones de la presente Convención según lo dispuesto en el artículo 42.
c)	Sólo se permitirá que fumen opio las personas inscritas a estos efectos por las autoridades competentes el lo. de enero de 1964.
d)	El uso del opio para fines casi médicos deberá ser abolido en un plazo de 15 años a partir de la entrada en vigor de la presente Convención conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 41.
e)	La masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 41.
f)	El uso de la cannabis para fines que no sean médicos y científicos deberá cesar lo antes posible, pero en todo caso dentro de un plazo de 25 años a partir de la entrada en vigor de la presente Convención conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 41.
	La producción, la fabricación y el comercio de los estupefacientes de que trata el inciso 1, para cualquiera de los usos en él mencionados, se reducirán y suprimirán finalmente, a medida que se reduzcan y supriman dichos usos.

3. Toda Parte que formule una reserva a tenor de lo dispuesto en el inciso 1:

a)	Incluirá en el informe anual que ha de suministrar al Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del inciso 1 del artículo 18, una reseña de los progresos realizados en el año anterior con miras a la supresión del uso, la producción, la fabricación o el comercio mencionados en el inciso 1;
b)	Facilitará a la Junta previsiones (artículo 19) e informaciones estadísticas (artículo 20) para cada una de las actividades respecto de las cuales haya formulado una reserva, en la forma y de la manera prescritas por la Junta.

4.

a)

Si la Parte que formule una reserva a tenor de lo dispuesto en el inciso 1 deja de enviar:

		i)	El informe mencionado en el apartado a) del inciso 3 dentro de los seis meses siguientes al fin del año al que se refiere la información;
		ii)	Las previsiones mencionadas en el apartado b) del inciso 3, dentro de los tres meses siguientes a la fecha fijada por la Junta según lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 12;
		iii)	Las estadísticas mencionadas en el apartado b) del párrafo 3, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que debían haber sido facilitadas según lo dispuesto en el inciso 2 delartículo 20; la Junta o el Secretario General, según el caso, notificará a la Parte interesada el retraso en que incurre, y le pedirá que remita esta información dentro de un plazo de tres meses a contar de la fecha en que reciba la notificación;

b)

Si la Parte no atiende dentro de este plazo la petición de la Junta o del Secretario General, la reserva formulada en virtud del inciso 1 quedará sin efecto.

5. El Estado que haya formulado reservas podrá en todo momento, mediante notificación por escrito, retirar todas o parte de sus reservas.

Caso narcogeneral Sanabria. Hasta el día de hoy El Deber ha publicado la mejor crónica sobre la actuación judicial en Miami cuando Sanabria se declaró CULPABLE para eludir la cadena perpetua por actividad narco. Los periodistasAguirre y Peña y Lillo se llevan la flor

R. Aguirre / C. Peña y Lillo

El Gobierno asegura que el país cumplirá lucha antidroga
Vueltas de la vida. Ese general René Sanabria Oropeza que entre 2007 y 2008 envió a decenas de traficantes a la cárcel cuando era jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), es el mismo que estaba sentado ayer en el banquillo de los acusados, en la Corte de Distrito de Miami, donde admitió su decisión de cooperar para desarticular la red que planeaba introducir miles de kilos de cocaína a Estados Unidos. A cambio la Fiscalía retiró un cargo y pidió una condena menor a la cadena perpetua, a la que Sanabria se exponía tras ser detenido en noviembre por proteger el envío de 144 kilos de droga boliviana a Miami, vía Arica.

Sanabria ingresó a paso lento a su audiencia, pues tenía grilletes en los tobillos. Lucía demacrado y confesó estar bajo tratamiento médico en la cárcel por una crisis nerviosa. Esa misma mañana se había tomado un antidepresivo.

Vestía una bata beis y camiseta blanca debajo. Como no tenía las manos esposadas pudo levantar la mano derecha para jurar que iba a decir “la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad” ante la jueza Úrsula Úngaro, que leyó los antecedentes del caso en un procedimiento que llevó 30 minutos.

Para entonces, Sanabria ya había dejado de mirar con insistencia al sector reservado para los asistentes a la audiencia pública. Tal vez esperaba (o temía) ver algún rostro conocido, pero solo había periodistas en la sala, medios televisivos como Univisión y CNN en Español, así como EL DEBER y corresponsales de agencias internacionales de prensa.
La expectativa era grande, dada la importancia del personaje, nada menos que el jefe de una agencia de Inteligencia del Gobierno de Evo Morales, como presentaban al acusado los medios de Miami.

El general boliviano hablaba en voz baja, al contrario del acusado de ser su cómplice, Juan Marcelo Foronda Azero, que es juzgado en simultáneo y lucía relajado, hasta respondía con mayor firmeza a la jueza, que recibió la recomendación de la Fiscalía para bajar hasta tres niveles la condena, lo que equivale a una pena de 9 a 14 años de prisión, pues fue retirado el cargo de introducir cocaína y se mantuvo el más leve que es de conspirar para introducir cocaína. A cambio, van a compartir lo que saben con los investigadores.

De acuerdo con informes que se hicieron públicos en Chile una vez ‘estalló’ el caso, se indica que el seguimiento realizado permitió detectar que el grupo que trabajaba Sanabria ya había hecho varios despachos de droga hacia Estados Unidos e incluso se mencionó que trabajaban con clanes de traficantes colombianos asentados en territorio chileno y boliviano.

La abogada de Sanabria, Sabrina Vora-Puglisi, dijo al final de la audiencia estar feliz con el acuerdo logrado, aunque se negó a responder si el general va a implicar a otros funcionarios del Gobierno boliviano.

Sin embargo, luego de la detención del ex jefe antidroga nacional, la oposición política a la gestión de Morales ha asegurado que lo ocurrido es una muestra de que las mafias del narcotráfico han perforado la estructura estatal y policial. En su momento Evo dijo que lo ocurrido era una venganza de la DEA por su expulsión del país en 2008.

Por su parte, el abogado de Foronda, Orlando do Campo, precisó que, si bien la jueza Úngaro no tiene la obligación de aplicar la condena que recomienda la Fiscalía, por regla general los jueces respetan los acuerdos de las partes en litigio. La sentencia para Sanabria y Foronda se conocerá en una audiencia final, prevista para el 2 de septiembre de este año.

Aunque los abogados defensores no quisieron aceptarlo, la periodista Blanca Gómez, de CNN, recordó que el valor de la información que dan los procesados suele ser decisiva para determinar los años de prisión que deben purgar. El capítulo final de esta historia está por escribirse. Paradojas de la vida, Sanabria se enfrentará a los procedimientos de interrogatorio que aprendió de la DEA con la que alguna vez trabajó y en la que fue capacitado.
Planeaban utilizar una aerolíneaPara la agencia antinarcóticos Drug Enforcemente Administration (DEA) la gravedad del caso Sanabria radica en que el general tenía previsto utilizar los depósitos de carga en Miami de una aerolínea boliviana para introducir miles de kilos de cocaína en el territorio estadounidense.
El mismo Sanabria dio cuenta de sus intenciones a los agentes encubiertos de la DEA, que le tendieron una trampa en un hotel de Arica el año pasado. Las imágenes de video iban a ser mostradas como prueba ayer, en caso de que el ex jefe policial hubiera mantenido su declaratoria de inocencia, según publican sitios web de este país.
Otro dato interesante es que la DEA sigue los pasos a Sanabria desde hace dos años, es decir, cuando el general todavía estaba al frente de la Felcn y antes de que asumiera funciones el 10 de febrero de 2009 en el Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigeim), agencia creada en la segunda gestión de Evo Morales.
En paralelo a la investigación de la banda de narcotraficantes, René Sanabria y Marcelo Foronda deben facilitar información sobre las cuentas bancarias en las que tienen depositados al menos $us 650.000, como parte de los primeros envío de droga a Miami, a los que la DEA hizo seguimiento.
«No hay ninguna responsabilidad»Carlos Romero | Ministro de la Presidencia- ¿Cómo ve que el general Sanabria se declaró culpable por narcotráfico?
- Si el señor Sanabria ha hecho esa declaración estará asumiendo su responsabilidad y corresponderá que se le apliquen las leyes. El Gobierno boliviano se ha manifestado siempre en ese sentido y ha señalado que nunca va a interferir en investigaciones de esta naturaleza porque es una política de Estado el combate drástico contra el narcotráfico.
- ¿Hay alguna responsabilidad o error cometido por el Ministerio de Gobierno?
- No, porque las responsabilidades son individuales. No hay ningún tipo de responsabilidad y nosotros confiamos plenamente en la capacidad del ministro de Gobierno para combatir el narcotráfico, el país demostró que ha avanzado en la erradicación de coca excedentaria y contra el narcotráfico.
Cumplida la pena en el exterior, debe enfrentar juicio en el paísUno de los asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas, indicó que, independientemente de los años de presidio a los que sea condenado el general en servicio pasivo de la Policía René Sanabria, por la justicia de Estados Unidos, una vez cumpla la pena que le imponga el tribunal federal de Florida deberá responder por el caso que se investiga en nuestro país. 
“Se seguirá el mismo trámite que se realizó en otros casos”, apuntó el jurista y agregó que en los siguientes días se analizará lo ocurrido en el Ministerio de Gobierno.
Ante la decisión asumida por Sanabria, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Gonzalo Quezada, indicó que lo que ahora ocurre con un exdirector de la unidad policial que él ahora dirige son cuestiones eminentemente individuales.
“Los delitos son personales y la responsabilidad sobre los mismos tiene que ser aplicada de acuerdo con lo que indican las leyes. Nosotros tenemos valores y formación, hay algunos elementos negativos, pero en su gran mayoría somos honestos”, aclaró Quezada, que negó de manera contundente que este caso hubiera perforado la seguridad de la unidad policial encargada de resguardar al país de los movimientos ilícitos de los narcotraficantes.
Actualmente, la Felcn está colaborando en la investigación del caso, que actualmente está bajo la dirección judicial de los fiscales Elmer Cruz, Sara Villarroel, Juan José Quispe y Víctor Vásquez. El control juridiccional lo tiene el juez noveno de Intrucción en lo Penal de La Paz, Rolando Sarmiento.
Por su parte, Marcelo Carranza, abogado del capitán Felsi Calderón, miembro del Cigeim y detenido preventivamente en el penal de San Pedro en La Paz, implicado en el caso Sanabria, dijo que lo ocurrido en Estados Unidos no afecta ni a favor ni en contra de su cliente, puesto que aseguró, él solo es un ‘chivo expiatorio’ que se buscó en este proceso.
Además de Calderón están presos en la cárcel paceña seis policías y cuatro civiles, entre ellos un empresario peruano y un abogado.
El Cigeim investigaba hechos políticosEl Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigeim), dependiente del Ministerio de Gobierno y que fue disuelto luego de la detención de René Sanabria (único jefe de esta repartición), entre otras funciones, se dedicaba a ver la reacción que generaban algunas medidas políticas.
Un exfuncionario del Cigeim indica, en sus declaraciones a la Fiscalía, que en esta unidad se trabajó mucho en el tema del ‘gasolinazo’, pero que no se encontró nada irregular en estas protestas. De igual forma, señala que ellos hacían contrainteligencia a la misma Policía para detectar casos de corrupción o vínculos con narcotraficantes, acción que ahora ejerce el Ministerio de Gobierno, a través de agentes encubiertos.
El Cigeim trabaja en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, aunque en esta última ciudad estaban sus oficinas. Era integrada por 15 policías.
No le afecta porque no hay oposiciónCarlos Toranzo | PolitólogoPolíticamente no le va a afectar mucho al Gobierno porque ya pasó la parte más dura, pero sí, hay una lectura desde fuera después del caso Sanabria, ahora se mira al régimen boliviano ya no como un Gobierno de un presidente indígena, sino de un presidente cocalero.
Entonces, es un cambio muy fuerte, y eso es una metáfora para entender que es un régimen muy permisivo con las plantaciones de coca, no quiere decir cocaína, sino del sembradío de coca.
Pero esto tiene sus derivaciones con el tema de economía ilícita y más con lo que ha sucedido con pedir que no se suscriba el convenio de Viena, entonces ahí hay una suspicacia internacional respecto al régimen boliviano por su alto grado de permisividad con las plantaciones de coca.
Creo que eso es lo que se va a intensificar de acá en adelante, porque ya sucedió la parte más complicada con el apresamiento de Sanabria.
En cuanto a los costos políticos para el Gobierno tampoco le afecta mucho. Le afectaría en algo si es que hubiese alguna oposición, pero no hay ninguna y el Gobierno se campea y hace lo que más o menos desea. Por eso no lo perjudica demasiado porque no hay oposición.
Cuando un régimen tiene opositores, todas estas cosas pueden debilitar y fortalecer a la oposición, pero en este caso el Gobierno va bandeando y va pasando estas cosas con cierta tranquilidad.

www.eju.tv en pocas líneas trata de la "nueva metida de pata" de Evo denunciando la Convención de Viena sobre las drogas que concedió a Bolivia 20 años para erradicar el akulliku. Bolivia no lo hizo y ahora quiere dorar la píldora mediante una maniobra

Sobre llovido, mojado. Como si las recientes metidas de pata gubernamentales no fueran suficientes para llevar al país al aislamiento internacional -con la presencia de un connotado terrorista iraní en un acto oficial de Bolivia, la legalización de autos “chutos”, los paseos militares por Chile y la inundación de cocaína hacia el Brasil-, el gobierno de Evo Morales acaba de poner el cherry sobre la torta, al enviar al Parlamento un proyecto para romper la adhesión a la Convención de Viena de Naciones Unidas sobre lucha antinarcóticos.

La excusa, una vez más, es la defensa de la hoja de coca, pero lo absurdo del argumento salta a la vista toda vez que la signatura de la Convención no ha impedido en lo más mínimo que Bolivia conservara un porcentaje de hectáreas legales para cubrir el consumo tradicional del “acullico”.

Todo lo cual apunta a que el verdadero propósito de la ruptura con el mencionado tratado internacional es ampliar la superficie de cultivos de coca, objetivo varias veces reiterado por la administración de Evo Morales.

Las consecuencias del retiro de la Convención de Viena serán claras: Bolivia entrará en una nueva fase de aislamiento global, en la que únicamente le quedarán como sostenes externos los países del “club de las dictaduras”: Irán, Venezuela, Cuba… además de los satélites ecuatoriano y nicaragüense.

Sin duda, se arriesgará la ayuda internacional para la interdicción y erradicación, poniendo en peligro las relaciones tanto con Brasil como con la Unión Europea.

Evidentemente, la decisión es una consecuencia necesaria de los lazos estructurales que unen al régimen evista con el cultivo de coca-para-cocaína (95% de la producción cocalera del Chapare va a parar al narcotráfico).

Pero sucede que los intereses del gobierno cocalero son diametralmente opuestos a los intereses nacionales…

notishots@gmail.com

indígenas mojeños se quejan de ser víctimas de cocaleros que quieren sus tierras para sembrar coca

Redacción La Prensa.- Los cocaleros invaden permanentemente el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en procura de ampliar sus áreas de cultivo, ratificó ayer el dirigente indígena mojeño Ernesto Sánchez Meruvia. 

El viernes pasado, Jesús Dávalos Masua, corregidor de la comunidad San Miguelito, asentada en proximidades del río Isiboro, denunció que el más reciente intento de avasallamiento del área protegida se produjo el miércoles 15, cuando 200 cocaleros —según dijo— ingresaron al territorio indígena. 

Sánchez Meruvia aseguró que ese último intento fue repelido por los indígenas residentes allí que echaron a los invasores. 

Atribuyó el constante ingreso de cocaleros a la zona a “vivarachos que venden lotes dentro del parque y a que una libra de coca cuesta 27 bolivianos en el mercado de Eterazama o cualquier otra población del Chapare, pero el precio de 20 libras de yuca es de 20 bolivianos”.

El representante de la comunidad mojeña admitió que los indígenas acullican, pero que no siembran la hoja de coca. 

“Para nosotros, el monte es vida. Por eso no hacemos chacos para el cultivo. Si tumbamos árboles es para levantar nuestras chozas, no para desmontar”. 

Como consecuencia del ingreso permanente de cocaleros al área protegida, los indígenas se repliegan cada vez en el interior del monte. “Somos unas 3.000 familias formadas por unas diez mil personas que vivimos en el parque. La mayor parte de nuestros asentamientos está cerca de los tres ríos más importantes de toda esta región, el Isiboro, el Sécure y el Ichoa”. 

Aunque Sánchez Meruvia no pudo calcular la superficie desmontada para cultivar coca, aseguró que estas plantaciones se encuentran en proximidades de las comunidades de Mercedes, Santa Teresa y San Miguelito. 

“Ellos, los cocaleros, son los más interesados en que se abra la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, porque saben que a través de ese paso podrán asentarse dentro de los límites del territorio indígena”. 

El lunes, el senador cocalero Julio Salazar negó que los cultivadores chapareños hubieran invadido el área asignada a los originarios de la zona. 

Ya hubo violencia en la región 

El 26 de septiembre de 2009, indígenas enfrentaron a cocaleros que se habían asentado en un área próxima a la comunidad de San Miguelito, dentro del área protegida. Un cultivador de coca perdió la vida y dos indígenas sufrieron heridas en aquella escaramuza. 

En 1990, un acuerdo consensuado entre los indígenas y los colonizadores permitió delimitar la zona de explotación exclusiva para los indígenas, que consta de siete polígonos, sin embargo, él último ha sido invadido. 

Los Tiempos reclama mayor atención al problema de los cocales cuya faena es el origen de toda la cadena de males en torno del narcotráfico. todos pendientes del informe de la ONU

Como todos los años, al promediar el mes de junio, la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito emite su informe anual sobre el estado de la lucha contra las drogas en el mundo. Y, como también ya es habitual, en nuestro país se espera con especial expectativa la parte del documento relativa a la extensión de los cultivos de coca, a los éxitos o fracasos del Gobierno en su afán de mantenerlos bajo control.

Si bien Bolivia no es el único país que espera con interés esos datos, pues Colombia y Perú están también sometidos a continuas evaluaciones, y éste tampoco es el primer año que eso ocurre, una serie de factores han confluido para darle al asunto un ribete especial en esta oportunidad.

Por una parte, los últimos meses ha adquirido inusitado vigor en la opinión pública mundial, y especialmente en influyentes círculos políticos, intelectuales y culturales, una serie de cuestionamientos a los criterios aplicados para evaluar los resultados que cada país alcanza con sus respectivos métodos, y según sus posibilidades y limitaciones, en la parte que le corresponde en la lucha global contra el narcotráfico y sus secuelas. Es que la experiencia acumulada durante las últimas décadas ha obligado poner en duda algunos de los parámetros que, hasta hace poco, se consideraban incuestionables.

Un segundo factor que ha contribuido a despertar una especial expectativa en nuestro país es que desde que el Gobierno decidiera asumir por su cuenta y riesgo la lucha contra el narcotráfico, renunciando a la cooperación y el asesoramiento de organismos extranjeros como la Drug Enforcement Administration (DEA), los resultados obtenidos tienen una carga de responsabilidad política de la que en gestiones anteriores estaban exentos. Cada éxito o fracaso puede ser atribuido directamente a la gestión gubernamental y eso le da al asunto una importancia mayor.

A eso se suma, muy ligada a lo anterior, una actitud mucho más drástica de los países vecinos. Brasil, Chile y Argentina, e incluso Paraguay, han intensificado su presión sobre el Gobierno boliviano exigiéndole resultados concretos y tangibles, pues ya no ven la producción y comercialización de cocaína como un problema ajeno —como solía ser hasta hace algunos años—,sino como uno propio, uno que los atañe muy directamente.

Como si esos factores no fueran suficientes, y por razones por demás conocidas, toda la cadena productiva que tiene su origen en las plantaciones de coca tiene para el actual Gobierno una importancia política muy singular que se plasma en los difusos límites que separan al Estado –principal agente represor de las actividades ligadas a la coca y sus derivados— y los productores de la hoja, quienes constituyen su principal base de sustento social.

En tales circunstancias, no es sorprendente que sea mucha la confusión que rodea todo lo relacionado con tan espinoso tema.

Organismos internacionales, países vecinos, autoridades gubernamentales, organismos no gubernamentales y una densa red de movimientos sociales, tienen cada vez más dificultades para lidiar con tan complejo asunto; por lo que grandes contradicciones, vacilaciones, errores y omisiones son la tónica principal. Una muestra más de lo urgente que es reconocer la magnitud del problema.

manida "muletilla pretextona" la de ministros que se alejan de Evo "por razones de salud" se fue Coca, ante el aumento de las plantaciones de coca en El Chapare. coca chapareña es cocaína.

Dos noticias de interés comparten la jornada: el aumento de plantaciones ilegales de hoja de coca, confirmado por un nuevoinforme de Naciones Unidas, yla salida del gabinete del hasta hoy ministro de la presidencia, Oscar Coca.

Según información divulgada por la oficina de la ONU en La Paz, las hectáreas de coca en el bastión oficialista del Chapare pasaron en el último año de 9.700 a 11.000, poniendo en evidencia el fracaso del denominado “control social” cocalero, curioso método sólo concebible en el Estado Plurinacional Evo-Linerista, donde se pide a los ratones que hagan dieta voluntaria para no agotar las existencias de queso.

Otra vez el país entra en la mira internacional, es “puesto en la agenda del mundo”, al decir del asesor presidencial y hoy candidato a magistrado supremo, Eusebio Gironda. Pero esto no sucede por ninguna hazaña socialista, de esas que harían de Bolivia un país más desarrollado que Suiza en pocos años (Evo dixit), sino, una vez más, por la tolerancia hacia los cultivos de coca-para-cocaína.

Simultáneamente, se conoce la salida de Oscar Coca del Ministerio de la Presidencia por las manidas “razones de salud”, muletilla utilizada para encubrir motivos de mayor credibilidad. Sin embargo, la remoción del funcionario no da lugar a grandes cambios, sino a otro de los tantos enroques a los que ya nos tiene acostumbrados la administración de Morales, que suele intercambiar cargos entre los mismos personajes.

Ahora es el turno del ministro de autonomías Carlos Romero, desde la fecha titular de la cartera de la Presidencia, quien anteriormente se había desempeñado al frente del Ministerio de Desarrollo Rural. Con supuesto perfil moderado, dentro de los estrechos márgenes que existen para ello en el régimen del MAS.

En el acto de posesión de los nuevos ministros (Romero y su sucesora en Autonomía, Claudia Peña), el presidente no dejó pasar la ocasión para ofrecer otro de sus inolvidables consejos medicinales: “Es más importante dormir que comer. Recomiendo que se escapen para dormir un poco. Si uno no duerme tiene cierta perturbación”.

Posiblemente, la salida del Ministro de la Presidencia es la única “erradicación de coca” que el gobierno está dispuesto a implementar…

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de cuando en vez los poderosos intereses que están detrás de la despenalización, lanzan documentos pidiendo tal cosa

 No dar brazo a torcer

Mauricio Aira

Cuando llegué a Europa tiempo atrás estaba convencido que la lucha contra el narcotráfico era cosa de los Estados Unidos. No hay tal la lucha es general. De todos los pueblos europeos, americanos, asiáticos, africanos que aman la libertad y que luchan por la mejor salud de sus habitantes. Me llevó muchos años para entender que detrás de la política restrictiva están los gobiernos sí, motivados en sendas decisiones de las organizaciones populares. Son las grandes agrupaciones como abstemios contra el alcohol, trabajadores socialdemócratas, partidos políticos, padres de familia, asociaciones de educadores y entidades para médicas y médicas que ven en la drogadicción una tremenda enfermedad, un mal incurable para la salud humana.

Primera conclusión. La conducta antinarcóticos no es asunto policial, ni gubernamental, es cuestión de estado, cuestión humanitaria, cuestión moral y ética. Entonces profundiza uno en las formas que ha cobrado la lucha siendo primero incumbencia de los movimientos y de los partidos políticos, luego de los estados y finalmente de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas.

La historia de una política restrictiva adoptada en el seno de la Convención de Ginebra no data de largo tiempo, fue consecuencia del crecimiento de la actividad criminal en muchas regiones del mundo a la vez,  especialmente en los países más desarrollados. En el caso concreto de la cocaína su historia es corta. En 1894 el científico Sigmund Freud pronuncia su famosa conferencia describiendo las virtudes de la cocaína, convertida en novocaína, entre otras drogas, benigna para anestesiar ciertos órganos humanos de suyo muy sensibles y delicados como los ojos. Freud había experimentado con la cocaína y sus efectos le resultaban extraordinariamente estimulantes. A partir de allí la droga cobró una popularidad sin precedentes, de modo que cuando Freud hubo experimentado más tiempo y descubrió los efectos nocivos de la cocaína, pronunció una segunda conferencia que no tuvo tanta publicidad ni resonancia como la primera. El daño estaba hecho y gran parte del mundo europeo se convirtió en consumidor, en niveles adinerados.

Un siglo después en 1994 el negocio de la cocaína había crecido a pasos agigantados, el tráfico estuvo en su apogeo y por primera vez Bolivia hizo noticia cuando dos jóvenes fueron detenidos y encarcelados en Canadá procedentes de La Paz y con recomendaciones de libre tránsito de un alto funcionario del gobierno de Bánzer Suárez. Desde entonces hasta nuestros días Bolivia es por desgracia un referente del siniestro tráfico de una droga que incita al vicio y al crimen en muchos sitios del mundo al punto que el control de las drogas aumenta en rigidez y la penalidad es mayor. Eso sí, a instancias de algunos círculos cuatro ciudades europeas instalan consumo libre de drogas en vía experimental en Suiza, Holanda y Dinamarca. Años más tarde se declara que el experimento no había dado los resultados esperados y se lo dio por cancelado.

La reciente resolución del Comité Global de Políticas Antidrogas que tuvo lugar en Nueva York al declarar que la lucha restrictiva antidrogas ha resultado un fracaso pide cambios hasta despenalizar el consumo no de todas, sino en particular de una, considerada la más inocua el cannabis.

El Comité que incorporó a personalidades del mundo intelectual y a varios expresidentes ha dejado en manos de Ban Ki Moon  Secretario General de la ONU, el texto del informe solicitando una actitud más constructiva, o sea la legalización en línea directa con George Sorós el magnate estadounidense que invierte varios millones de dólares con este objetivo. No se puede afirmar, aunque los expertos adelantan que detrás de esta tesitura están grandes consorcios como empresas tabacaleras que pretenderían asumir el mercadeo y la distribución de las drogas una vez legalizadas.

Bolivia alineó en el inicio del Gobierno Morales con los despenalizadores, participó activamente en campañas para conseguir la despenalización de las drogas, que se transformó tres años más tarde, en una campaña menor de “desatanizar el akullico”, cómo y dónde se sitúa hoy la actitud estatal es por el momento una incógnita, aunque sería lo más cuerdo y aceptable estar en línea con la Convención de Ginebra.

 Suele aparecer de cuando en vez el reiterado texto cuya procedencia ignoro “un mundo sin drogas es posible”,  que se refiere a un mundo sin penalización de la droga. Está  Sorós y sus ONG  detrás de éstos mensajes? Fue el lema que durante un tiempo uso el Foro de San Pablo, por ende el MAS en toda su campaña de oposición. Que cambiara de actitud resultó sorprendente.

Considero difícil un cambio de actitud de la ONU en esta materia por cuanto las estadísticas de consumo de droga, del pernicioso efecto que causan en la salud de millones de seres humanos, la existencia de mafias y verdaderas organizaciones del crimen tenebrosas y desalmadas, nos están convenciendo de no aflojar, no dar brazo a torcer, en acciones para ejercitar un control  más severo de las actividades mafiosas, tal como se ejecuta en Escandinavia que ha reducido a niveles insignificantes el narcotráfico, aumentó las penas de prisión, y el seguimiento de los narcotraficantes se ha visto favorecido con el uso de internet, telefonía digital y satelital. En Suecia no aparece ninguna noticia sobre la confiscación de kilogramos de droga, se trata casi siempre de cientos de gramos y en este caso la sentencia judicial no tarda para desalentar la actividad.

La prevención del delito es efectiva por medio de difusión entre niños y jóvenes sin exclusión de ningún educando, en las organizaciones de todo tipo que reciben estímulos para llevar a cabo campañas efectivas regularmente. Se han creado organismos especializados en varios gremios para asumir la prevención y sin necesidad de una masificación de la contra propaganda se mantiene a raya al narcotráfico que por desgracia en otras comunidades provoca tanto daño físico y moral.