Dejando de decir estupideces, o mentiras, sobre la coca y sobre las responsabilidades. No es admisible que autoridades y políticos todavía repitan como loros a estas alturas que hace falta un estudio “serio”, “científico” sobre los efectos nutritivos, medicinales, benéficos de la hoja de coca, olvidando o sin mencionar los efectos nocivos de su principal componente químico, el alucinógeno “cocaína”. Esto es admisible en personas ignorantes, muy ignorantes, que hasta lo crean de buena fe. Como hay lógicamente quienes confunden gas con hidrocarburos y ante con el macho del anta; partidarios de la evolución darwiniana pero contrarios a la evolución genética; parlanchines de la lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria que combaten en absoluta oscuridad intelectual la producción de alimentos con semillas manipuladas genéticamente. La coca no es cocaína, pero contiene cocaína en estado natural. El procesamiento de extracción, concentración y blanqueo es lo artificial. Si no hubiera hoja de coca, desaparecería la principal materia prima para la producción de cocaína, lo cual por supuesto podría llevar a incrementar la producción de cocaína en laboratorio. Ese, es otro tema.
Brindar protección, con la ley en la mano, a la ciudadanía, antes que a los involucrados en el circuito: comunidades que protegen a narcotraficantes, clanes familiares que pagan por su libertad, sabiendo los jueces que cualquier suma es pequeña en comparación con las ganancias que da esta actividad. Que los compañeros se defiendan solos ante los tribunales. Entre miles de implicados e imputados en los alrededores del Chapare solo una familia ha recibido sentencia de prisión de seis años.
Hay que garantizar producción legal de individuos y empresas. Acabar con la presión y persecución a todo lo que actúa a la luz del día. Respetar procedimientos para cuestionar cualquier actividad legal, es lo correcto; sobre las empresas recae el mayor peso en la generación de empleo estable, aunque sea con sueldos mínimos. Las actitudes abusivas dejarlas para funciones en la Escuela Nacional de Teatro.
El Gobierno se complica. ¿Qué quiso decir la Ministra de Justicia?, “No es obligación del gobierno luchar contra el narcotráfico”. Entonces, ¿de quién es? ¿Los campesinos, indígenas y empresarios deberán defenderse del avance de la siembra de coca o de la infiltración de los narcodólares en sus empresas? ¿Quién controla la entrada y producción de precursores? ¿Mercado libre, a todo tipo de armas, para enfrentarse al poder bélico del narcotráfico? La dimensión del poder oculto es grande, si en horas se intervienen cerca de trescientas fábricas de cocaína en Yapacaní, población extensión del Chapare, se encuentran precursores, droga y dinero, pero casi nadie. Está vetada la presencia de “gringos”, pero hay colombianos, peruanos, mexicanos, entre otros.
La vigencia de la democracia y el Estado de Derecho como arma. No sirve echarle la culpa a la comunidad internacional, reclamar corresponsabilidad, exigirle coparticipación; con el argumento de “soberanía” se acepta solo ayuda económica. ¿Garantiza de buena administración? Y mil interrogantes más. Bolivia a la comunidad internacional, en parte, le importa un pito. Hay más preocupación por las condiciones del desarrollo institucional, la presencia de garantías efectivas a la actividad económica privada y estatal; que se respeten los derechos humanos; que exista libertad de expresión fuera del texto constitucional, que es muy claro en el Art. 21, porque la realidad cuestiona diariamente las amenazas a la “libertad de pensamiento”, de “expresión”, al “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”. En definitiva, a los posibles socios les preocupa ante todo el deterioro de la calidad de democracia que se practica en el país.
Evo debería anunciar oficialmente su renuncia a la presidencia de las seis federaciones de cocaleros. Expresión efectiva y positiva de luchar contra la lacra del narcotráfico. No manda una carta a los cocaleros. Porque su deber constitucional es dedicarse íntegramente a la función de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Además, le conviene. La responsabilidad en la administración del Estado no se delega en subalternos, ni en elegidos (el Vice) ni en nombrados a dedo (ministros y ministras); no importa si después resultan leales o traidores. La “responsabilidad solidaria” está definida en la CPE (Art. 165), lo cual implica que el presidente ni nadie podrán alegar desconocimiento en lo actuado. Nadie podrá huirle al pinchazo.
Tiene que deslindar la relación entre el gobierno y el círculo de acero, los productores de la hoja de coca. Los sentimientos forjados en la lucha durante años, por sobrevivir, deben ser revisados. Hace años el sembrar coca es una actividad ilegal altamente lucrativa, que provoca daño a la humanidad, proscrita en casi todas las legislaciones del mundo y condenada en el concierto internacional (ONU). Los cocaleros deben recibir incentivos ciertos y suficientes, bajo pautas y cronograma incluido, para migrar hacia el cultivo de productos legales y necesarios en la canasta familiar, el comercio formal nacional y para la generación de excedentes significativos para los mercados externos.
La decisión de Evo es técnicamente sencilla. Corresponde. Se comprende que no es fácil. Pero sus compromisos no pueden ir más allá de los aceptados para cualquier afiliación a un sindicato. Si conlleva riesgos, está la ley. Nadie imaginaba cómo terminaría la guerra en Vietnam, y terminó. En 1975 unos cuantos “marines” y funcionarios de la Embajada se subieron a una terraza, recogieron la bandera de EEUU y se fueron en el último helicóptero que partía. Habían pasado casi 20 años de enfrentamiento, quedaban atrás más de dos millones de muertos. Y la historia cambió.
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