La propuesta hecha por el nuevo presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, al día siguiente de ser posesionado, sobre la necesidad de debatir a nivel mundial sobre la despenalización de las drogas ilegales, es una muestra más de que la guerra en contra de su producción, tráfico y consumo, tal como hasta ahora se la ha desarrollado, ha fracasado y puesto en profunda crisis a varias naciones.
La propuesta no es nueva. Sí lo es que la haga un mandatario en funciones. Desde hace varios años una serie de personalidades se ha pronunciado no sólo sobre la necesidad de debatir el tema sino que directamente ha propuesto la despenalización. Probablemente, los más conspicuos entre ellos sean los exmandatarios de Brasil, Colombia y México, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Vicente Fox, respectivamente.
Se trata, como ha dicho el novel mandatario guatemalteco –de tendencia conservadora--, de un debate que involucra a todos los países y que lo que se decida sea apoyado por todos ellos. Puso como ejemplo a México de lo que no se debe hacer. En ese país su Mandatario declaró una guerra sin cuartel a las mafias narcotraficantes que ha costado cerca a 50.000 vidas y no hay resultados exitosos comprobables, esfuerzo que “no ha sido correspondido por el mismo Estados Unidos, que es el vecino y el mercado más grande”.
Además, se debe recordar que el Mandatario peruano, en el acto de su posesión, propuso un encuentro regional sobre el tema drogas ilegales (sin sugerir ninguna acción) que, lamentablemente, pareciera que se está retrasando demasiado, pues no se ha vuelto a tratar el asunto, al menos a nivel público.
Es que la realidad exige que las naciones, particularmente las más afectadas por este ilícito negocio, adopten decisiones que permitan encontrar soluciones eficaces al problema, dejando de lado los intereses burocráticos y el status quo que, a la final, se están imponiendo a la racionalidad. Mientras tanto, el ilícito negocio destroza instituciones y desequilibra a las sociedades tanto en la esfera económica como, fundamentalmente, en la moral.
En Bolivia debemos estar atentos a estas propuestas, pues somos una de las naciones afectadas tanto por la producción, como por la comercialización y transporte, de este tipo de drogas, particularmente cocaína. Y combatirlas cuesta demasiado tanto en vidas humanas como en recursos económicos. Además, se debe estar conscientes de que una decisión drástica que elimine esta ilegalidad provocaría una crisis de precios que redundaría de inmediato en toda la economía nacional, como muchos entendidos sostienen.
De ahí que el tema merece amplio debate comprendiendo que es muy complejo al tener aristas morales, económicas, culturales y políticas, por lo cual se debe avanzar con prudencia, pero tampoco parece ser aconsejable cerrarse tajantemente, como lo ha hecho el viceministro del ramo, a estudiar la propuesta guatemalteca, más aún si la condición básica para cualquier cambio de status es que éste sea acordado con la comunidad internacional, pues, de otra manera, se seguirían dando pasos en falso.
En todo caso, parece que se aproxima el tiempo en que ya no se podrá eludir este debate y debemos prepararnos para aportar a él.
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