Como todos los años, al promediar el mes de junio, la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito emite su informe anual sobre el estado de la lucha contra las drogas en el mundo. Y, como también ya es habitual, en nuestro país se espera con especial expectativa la parte del documento relativa a la extensión de los cultivos de coca, a los éxitos o fracasos del Gobierno en su afán de mantenerlos bajo control.
Si bien Bolivia no es el único país que espera con interés esos datos, pues Colombia y Perú están también sometidos a continuas evaluaciones, y éste tampoco es el primer año que eso ocurre, una serie de factores han confluido para darle al asunto un ribete especial en esta oportunidad.
Por una parte, los últimos meses ha adquirido inusitado vigor en la opinión pública mundial, y especialmente en influyentes círculos políticos, intelectuales y culturales, una serie de cuestionamientos a los criterios aplicados para evaluar los resultados que cada país alcanza con sus respectivos métodos, y según sus posibilidades y limitaciones, en la parte que le corresponde en la lucha global contra el narcotráfico y sus secuelas. Es que la experiencia acumulada durante las últimas décadas ha obligado poner en duda algunos de los parámetros que, hasta hace poco, se consideraban incuestionables.
Un segundo factor que ha contribuido a despertar una especial expectativa en nuestro país es que desde que el Gobierno decidiera asumir por su cuenta y riesgo la lucha contra el narcotráfico, renunciando a la cooperación y el asesoramiento de organismos extranjeros como la Drug Enforcement Administration (DEA), los resultados obtenidos tienen una carga de responsabilidad política de la que en gestiones anteriores estaban exentos. Cada éxito o fracaso puede ser atribuido directamente a la gestión gubernamental y eso le da al asunto una importancia mayor.
A eso se suma, muy ligada a lo anterior, una actitud mucho más drástica de los países vecinos. Brasil, Chile y Argentina, e incluso Paraguay, han intensificado su presión sobre el Gobierno boliviano exigiéndole resultados concretos y tangibles, pues ya no ven la producción y comercialización de cocaína como un problema ajeno —como solía ser hasta hace algunos años—,sino como uno propio, uno que los atañe muy directamente.
Como si esos factores no fueran suficientes, y por razones por demás conocidas, toda la cadena productiva que tiene su origen en las plantaciones de coca tiene para el actual Gobierno una importancia política muy singular que se plasma en los difusos límites que separan al Estado –principal agente represor de las actividades ligadas a la coca y sus derivados— y los productores de la hoja, quienes constituyen su principal base de sustento social.
En tales circunstancias, no es sorprendente que sea mucha la confusión que rodea todo lo relacionado con tan espinoso tema.
Organismos internacionales, países vecinos, autoridades gubernamentales, organismos no gubernamentales y una densa red de movimientos sociales, tienen cada vez más dificultades para lidiar con tan complejo asunto; por lo que grandes contradicciones, vacilaciones, errores y omisiones son la tónica principal. Una muestra más de lo urgente que es reconocer la magnitud del problema.
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