Más coca, más droga, más inseguridad
La política antidroga del Gobierno del presidente Evo Morales naufraga. Los datos objetivos del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señalan un retroceso en esta materia, para preocupación de la comunidad internacional y de todos los bolivianos. El número de hectáreas de coca se incrementó en 2.900 entre junio de 2015 y el mismo mes de 2016, es decir, un 14% más en 12 meses. Los cultivos pasaron de 14.000 a 15.700 en los Yungas de La Paz y de 6.000 a 7.200 hectáreas en el Chapare cochabambino.
Según la Ley General de la Coca, solo en estos dos departamentos está permitida la producción de este arbusto, que es insumo para la producción de cocaína; sin embargo, el estudio de la ONU detectó cocales en Santa Cruz y en Beni, dos departamentos vedados para dicha producción. La Unodc alerta también que seis parques nacionales están ocupados con cultivos ilegales de coca: Isiboro-Sécure, Carrasco, Cotapata, Amboró, Apolobamba y Madidi están afectados por la expansión de cocales.
También hubo un retroceso en materia de erradicación de cocales ilegales. Hasta 2015 había un promedio anual de 10.000 hectáreas erradicadas, pero esa cifra bajó a 6.577 un año después. El 42% de la coca que se produce en La Paz y Cochabamba se desvía a la producción de cocaína y no pasa por los mercados legales que regula la distribución de coca para el consumo tradicional. La política antidroga también fracasa en la interdicción. De hecho, hubo menos secuestro de coca ilegal. En 2015 se decomisó 362 toneladas de la hoja, mientras que en 2016 la cifra cayó a 352 toneladas. Además, el decomiso de pasta base bajó de 12,6 toneladas a 12,2 toneladas. No debería extrañarnos, entonces, que el decomiso de cocaína logre un incremento de más del 100%. Pasó de 8,6 toneladas en 2015 a 17,7 toneladas en 2016. La información surge cuando el Ejecutivo enfrenta un explosivo conflicto en Colomi, donde Samuel Vallejos, un mecánico de 27 años que apareció muerto en medio de un enfrentamiento entre cocaleros de Chapare y fuerzas policiales. Las localidades de Colomi, Tiraque, Pojo, Pocoma y Cocapata reclaman ser reconocidas como zonas de cultivo de coca.
¿Extrañan estos datos cuando tenemos un Gobierno que decidió flexibilizar su política respecto de la producción de coca? No debe sorprendernos, entonces, que la inseguridad vinculada al narcotráfico y la acción de los cárteles de la droga se incrementen de forma alarmante y nuestras ciudades sufran atracos violentos. Más coca, más droga y más inseguridad. Así no más es.
Según la Ley General de la Coca, solo en estos dos departamentos está permitida la producción de este arbusto, que es insumo para la producción de cocaína; sin embargo, el estudio de la ONU detectó cocales en Santa Cruz y en Beni, dos departamentos vedados para dicha producción. La Unodc alerta también que seis parques nacionales están ocupados con cultivos ilegales de coca: Isiboro-Sécure, Carrasco, Cotapata, Amboró, Apolobamba y Madidi están afectados por la expansión de cocales.
También hubo un retroceso en materia de erradicación de cocales ilegales. Hasta 2015 había un promedio anual de 10.000 hectáreas erradicadas, pero esa cifra bajó a 6.577 un año después. El 42% de la coca que se produce en La Paz y Cochabamba se desvía a la producción de cocaína y no pasa por los mercados legales que regula la distribución de coca para el consumo tradicional. La política antidroga también fracasa en la interdicción. De hecho, hubo menos secuestro de coca ilegal. En 2015 se decomisó 362 toneladas de la hoja, mientras que en 2016 la cifra cayó a 352 toneladas. Además, el decomiso de pasta base bajó de 12,6 toneladas a 12,2 toneladas. No debería extrañarnos, entonces, que el decomiso de cocaína logre un incremento de más del 100%. Pasó de 8,6 toneladas en 2015 a 17,7 toneladas en 2016. La información surge cuando el Ejecutivo enfrenta un explosivo conflicto en Colomi, donde Samuel Vallejos, un mecánico de 27 años que apareció muerto en medio de un enfrentamiento entre cocaleros de Chapare y fuerzas policiales. Las localidades de Colomi, Tiraque, Pojo, Pocoma y Cocapata reclaman ser reconocidas como zonas de cultivo de coca.
¿Extrañan estos datos cuando tenemos un Gobierno que decidió flexibilizar su política respecto de la producción de coca? No debe sorprendernos, entonces, que la inseguridad vinculada al narcotráfico y la acción de los cárteles de la droga se incrementen de forma alarmante y nuestras ciudades sufran atracos violentos. Más coca, más droga y más inseguridad. Así no más es.
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