Bolivia es un país pobre y, por lo tanto, empieza a ser presa relativamente fácil de narcotraficantes que siembran pánico y muerte en sus luchas…
El Gobierno debe estar consciente de la necesidad de evitar que sus preferencias políticas puedan resultar peligrosas para el país. Está claramente demostrado que el Presidente del Estado Plurinacional y su Gobierno tienen marcadas preferencias por los cocaleros del Chapare.
Es cierto que el Mandatario se hizo dirigente sindical, primero; político, después, y más tarde Presidente del país, con el apoyo incondicional de los cocaleros del Chapare. Con ellos luchó brazo a brazo, compartió los buenos y los malos momentos que le tocaron en su trayectoria hasta el Palacio Presidencial y a los que entregó la mayor parte de su vida.
Una vez en el poder, parece que no le interesó mucho qué pasaría con la coca que se cultiva en el Chapare y en los Yungas, y buscó recompensar a sus compañeros de lucha beneficiándolos con una política de adjudicación de la producción de coca pasando de un cato por familia a un cato por afiliado a cada una de las federaciones cocaleras en el trópico. Esa situación hizo que aumentara la coca. Esa podría ser una de las causas del incremento de la producción de droga, que movió a otros países del continente a buscar acuerdos que permitan una más eficiente lucha contra el narcotráfico. Esa preocupación llegó hasta México, de donde vino una numerosa delegación para hablar con nuestro Gobierno sobre el problema del narcotráfico.
Habrá que tomar en cuenta que hace algunos años, Bolivia había disminuido su influencia como productor de pasta base o de sulfato de cocaína, pero desde hace pocos años, por los descubrimientos de fábricas en operativos policiales de los últimos tiempos, se constató que ha ingresado en la fase de elaboración de cocaína pura o clorhidrato.
El Gobierno debe comprender que es de todos los bolivianos y que una acción más decidida en materia de lucha contra el narcotráfico será bien vista, aplaudida y agradecida, no solamente por la sociedad boliviana, que ve casi impotente cómo avanza el consumo de drogas en nuestro país, sino también por la comunidad internacional, principalmente los vecinos.
El nuestro es un país pobre y, por lo tanto, empieza a ser presa relativamente fácil de narcotraficantes que siembran pánico y muerte en sus luchas, por ahora, entre bandas, con el aparente propósito de empoderarse de esa ilícita actividad. Después podrían ser las autoridades, los policías, los periodistas o todos los que les hagan frente, los que caigan en manos del crimen organizado, como sucede en México, donde el narcotráfico inclemente está segando la vida de decenas de personas.
La lucha contra el narcotráfico debe convertirse en una férrea política de Estado, y si para ello es necesario —estamos convencidos de que lo es— reducir las superficies cultivadas de coca de manera más radical, habrá que hacerlo dejando de lado esos sentimientos —nobles, es cierto— de agradecimiento y simpatía, para alcanzar a un bien mayor. A los cocaleros habría que darles otras alternativas importantes de producción para compensar sus ingresos económicos, y a la Policía antidrogas, a la FELCN, habrá que proveerle de mejor equipamiento, mejor tecnología y más policías profesionales.
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