Nada es tan peligroso como la penetración abierta del narcotráfico en asuntos del Estado. Cuando esto sucede, el Gobierno pasa a ser un instrumento de sus negocios y todo se subordina al cuidado de sus ganancias ilícitas y la multiplicación de ellas.
El proceso boliviano ha devenido de ser un movimiento social que demandaba cambio en sus estructuras económicas, políticas y culturales en una suerte de prisionero de los cocaleros y en línea directa, de la producción de la cocaína, que tiene ahora el control de las decisiones más importantes en sus manos.
Evo Morales Ayma, ha dejado la investidura presidencial a un lado, para vestirse de cocalero y asumir este papel en todo el sentido y el contenido que tiene ser productor de coca para la cocaína. Su defensa en los foros internacionales de la coca, revestida de costumbres ancestrales, de derechos indígenas y cultura andina, no deja de ser una careta de oveja que oculta el rostro del mismo diablo.
Bolivia no es solo los andes. Sepa la comunidad internacional. Bolivia es más amazónica que andina y por tanto su cultura es más grande que la coca. Y en este contexto, no podemos aceptar que el Presidente de los bolivianos enarbole la defensa de la coca como si esta fuera el “todo boliviano” Una manera de tergiversarle al mundo la realidad boliviana.
Esta conducta presidencial no sorprende que vaya acompañada de acciones concretas para destruir los controles al narcotráfico, soliviantar la expansión de la producción de la coca y expulsar a los organismos internacionales que tienen a su cargo la lucha contra este mal, todo encubierto de una supuesta recuperación de la dignidad nacional y lucha antiimperialista con la que se envuelve el fondo de una política a favor de los intereses delincuenciales que hoy día tienen carta blanca en el territorio nacional.
Actividad del narcotráfico en el Lago Titicaca, denunciada por la FELC, incautaciones de droga en comunidades como Tapacarí en el norte cochabambino, denuncia formal del Departamento de Estado Norteamericano relacionado con los hechos de Pando, como una acción armada de bandas narcotraficantes por el control del territorio pandino, que nadie ha desmentido y sobre la cual se ha extendido un manto de silencio muy llamativo.
“Al día de hoy no queda rastro de la DEA en Bolivia. O lo que es lo mismo: no queda nada de los servicios que durante más de 35 años han compartido inteligencia operativa y estratégica con la policía local, otorgando a Bolivia el equipo necesario para localizar y destruir fábricas de producción de drogas ilegales" y rastreando su movimiento, según señala la agencia en un comunicado con motivo de su expulsión” nos dice el matutino El Mundo en su nota de hoy “Preocupación en España”.
Esta misma nota de prensa revela un dato escalofriante: “El número de fábricas de cocaína de las que la boliviana Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico se incautó con apoyo de la DEA, según la agencia estadounidense, aumentó hasta 6.535 en 2008, un 950% más desde 2000, cuando se incautó de 622. Y luego afirma con contundencia que: “En el informe anual sobre narcotráfico, el Departamento de Estado de EE UU expresa su preocupación por la creciente influencia de los carteles colombianos y mexicanos en Bolivia”.
Con todo este cuadro de situación creer que hay un mínimo de respeto por los valores en los que se asienta el Estado de Derecho como la independencia de los órganos de poder, el respeto a la administración de Justicia, el respeto a los derechos humanos y la propiedad privada es muy difícil. El narcotráfico no respeta a nada ni a nadie. (Autor: Dante Pino. Fuente: Hoy Bolivia)
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