si de verdad se cumpliese con la erradicación tal como se anuncia, podría Bolivia jactarse de una efectiva lucha con el narco, en la realidad no se alcanzan los resultados esperados por lo que la droga aumenta en proporción a los cocales cultivados.

Ayer se ha cumplido el rito anual del cierre de operaciones de las labores de erradicación de cocales excedentarios en el trópico de Cochabamba. Como siempre, se han destacado las cifras alcanzadas y alrededor de éstas se han vertido conceptos ideológicos que, a estas alturas de la denominada Guerra contra las Drogas propuesta por EEUU desde finales de la década de los años 80 del siglo pasado, ya poco o nada convencen.

Es que, como hemos señalado sobre la base de análisis realizados por especialistas provenientes de diversas corrientes ideológicas y de diferentes disciplinas, el tema de fondo no es tanto cuánto se produce de coca (que no deja de ser importante), sino cómo combatir con posibilidades de éxito la producción y comercio de drogas ilegales.
Este comercio ilegal ha generado carteles internacionales de narcotráfico que, en muchos países, han organizado bandas criminales con capacidad para enfrentarse a las fuerzas armadas y policiales. Además, han logrado penetrar diversas instituciones del aparato estatal, entre las que destaca la justicia y los órganos represivos.

Además, el combate a esas mafias organizadas sustrae fondos que deberían estar dirigidos, más bien, a tareas de prevención, que parecen ser las que más aportarían a esa lucha con posibilidad de éxito.
Abonan a esta percepción los resultados en el planeta de la sistemática campaña en contra del consumo del tabaco, por sus perjuicios a la salud, que ha permitido, si bien no eliminar su consumo, sino reducirlo en forma drástica.

Se trata de un proceso complejo, pero que requiere ser impulsado de una buena vez a través de la búsqueda de consensos emergentes de un diálogo amplio, plural y participativo entre el Estado y la sociedad. Y será sobre la base de esos consensos que se podrá influir en el debate internacional en el que, como es obvio, existen intereses contradictorios.

Lamentablemente las autoridades gubernamentales han optado por mantener la clásica estrategia de la Guerra contra las Drogas, aunque adornada con un discurso antiimperialista, como ayer mismo se ha podido confirmar.

De ahí que las autoridades, en los dos años de gestión que les resta, podrían dejar como legado al país una política pública que además de reducir los impactos negativos de este fenómeno en el país, permita incorporar en el plano internacional nuevos paradigmas para enfrentar los temibles poderes que están detrás de este ilegal negocio.