El gobierno uruguayo envió al Parlamento un proyecto de ley para internar en forma compulsiva a adictos a estupefacientes para preservar su integridad física y salvaguardar la seguridad de la población, informó la Presidencia.
La iniciativa impulsada por el presidente José Mujica —segundo gobernante de izquierda en la historia del país— fue enviada el miércoles en el marco de un paquete de medidas anunciadas la semana pasada, que buscan combatir el incremento de la inseguridad y que incluyen la “legalización controlada” de la marihuana, proyecto que aún no llegó al Parlamento.
El gobierno propone adoptar “medidas y procedimientos tendientes a preservar la integridad física y psíquica —así como procurar la recuperación— de las personas adictas al consumo de sustancias estupefacientes” y “salvaguardar la seguridad y el orden público de la población”.
La propuesta —que ha generado polémica dentro del propio partido de gobierno, el Frente Amplio— “respeta las garantías individuales” de los adictos, resalta el gobierno.
“Queremos (…) tratar de pelear a brazo partido contra el tráfico y consumo de pasta base (pasta básica de cocaína), que es una de las drogas menos consumidas pero tiene efectos inadmisibles”, había indicado el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, al presentar el paquete de medidas.
Según una encuesta de la Junta Nacional de Drogas, solo el 1.1 por ciento de la población consume pasta base de cocaína, una droga que es no obstante vinculada con el incremento de la violencia en los delitos.
Otro proyecto presentado el miércoles propone agravar las penas para los delitos de tráfico de pasta base y los casos de corrupción policial, así como para quienes delincan prestando funciones en establecimientos de reclusión.
Según el texto, las penas por tráfico de pasta base serán de cuatro a 15 años de prisión, superiores a las que existen por homicidio simple (de 20 meses a 12 años).
Otros dos proyectos de ley proponen crear un Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos y establecer penas mínimas de un año de reclusión para los adolescentes que cometan delitos graves.
En el último caso, los legisladores del Frente Amplio se opusieron a la intención del gobierno de elevar la pena máxima de cinco a 10 años de encierro.
Entre enero y mayo se registraron 133 homicidios en todo el país, lo que representa un incremento de 70 por ciento con relación al mismo periodo del 2011.
No obstante, con una tasa de 6.1 homicidios cada 100,000 habitantes, el país es uno de los países con menor tasa de homicidios de la región, según el informe del Latinobarómetro 2011 sobre seguridad ciudadana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario