Canciller colombiana. Ante situaciones tan peligrosas el llamado de la canciller de Colombia es oportuno, y se debe definir acciones para desarrollar un frente común.
En el marco de las últimas plenarias de la 42 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado martes en la población de Tiquipaya, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, más que una alerta, formuló vehemente llamado a los países miembros para unirse y hacer un frente común contra el narcotráfico.
La canciller Holguín se refirió a la existencia de cárteles colombianos de drogas en Bolivia, precisamente cuando se firmaba un acuerdo antidrogas con su colega David Choquehuanca. Lo expresado por la canciller es un asunto de la mayor gravedad, pues ya no se trata de versiones o de supuestas realidades, a veces negadas por autoridades de la lucha antidroga boliviana, o de evasivas respecto a que no son cárteles sino grupos aislados. Se trata de una información pública de la canciller de un país azotado por las mafias del narcotráfico.
No se puede pasar por alto lo dicho por la canciller de Colombia. La existencia de cárteles del narcotráfico de ese país, no es una cuestión para tomarse a la ligera, o como hasta ahora, que se sabía sobre estos grupos principalmente en el departamento de Santa Cruz, pero que no mereció un informe oficial.
La alerta y llamado al combate contra el narcotráfico de los países miembros de la OEA ha sido completado con la invocación a organizar un frente común de lucha, para destruir a las mafias e impedir que el narcotráfico siga dañando a miles de jóvenes.
Lo dicho por la canciller, también corrobora un informe que hace pocos días publicó el diario El Tiempo de Bogotá en el cual hace conocer la existencia de redes mafiosas colombianas que se extienden por varios países.
La amenaza para la seguridad regional ha llegado a niveles de profunda preocupación, al punto que la ministra de Seguridad de Argentina, Nilda Garre lanzó un pedido de auxilio a Colombia hace un mes en la Cumbre de Seguridad de la Unasur en Cartagena. En Bolivia se admitió que el narcotráfico superó a las autoridades y que la situación llevó a que se propusiera hacer un censo de colombianos para saber quiénes son delincuentes, según el diario colombiano.
El diario hace referencia a que tuvo acceso a informes de inteligencia que hablan de más de 200 propiedades de la mafia colombiana en varios países vecinos, de condominios, empresas y otros negocios que usan de fachada para exportar droga a Europa y Estados Unidos.
La situación es alarmante y las investigaciones periodísticas coinciden esta vez con versiones oficiales de la canciller de Colombia, que no desperdició el espacio de la Asamblea de la OEA para hacer conocer uno de los problemas más graves que afectan a países de la región y que vienen socavando desde hace años de manera sistemática la seguridad interna y externa de los países afectados con la lacra del narcotráfico.
Ante situaciones tan peligrosas el llamado de la canciller de Colombia no solo es oportuno, se debe definir acciones conjuntas, como las que propone, para desarrollar un frente común que una esfuerzos y estrategias para hacer frente a las bandas del narcotráfico y al crimen organizado. En lo que respecta a Bolivia la aceptación de una situación tan delicada no puede ser soslayada, porque ello está unido a una serie de acciones inmediatas a cargo de instancias policiales correspondientes.
La canciller Holguín se refirió a la existencia de cárteles colombianos de drogas en Bolivia, precisamente cuando se firmaba un acuerdo antidrogas con su colega David Choquehuanca. Lo expresado por la canciller es un asunto de la mayor gravedad, pues ya no se trata de versiones o de supuestas realidades, a veces negadas por autoridades de la lucha antidroga boliviana, o de evasivas respecto a que no son cárteles sino grupos aislados. Se trata de una información pública de la canciller de un país azotado por las mafias del narcotráfico.
No se puede pasar por alto lo dicho por la canciller de Colombia. La existencia de cárteles del narcotráfico de ese país, no es una cuestión para tomarse a la ligera, o como hasta ahora, que se sabía sobre estos grupos principalmente en el departamento de Santa Cruz, pero que no mereció un informe oficial.
La alerta y llamado al combate contra el narcotráfico de los países miembros de la OEA ha sido completado con la invocación a organizar un frente común de lucha, para destruir a las mafias e impedir que el narcotráfico siga dañando a miles de jóvenes.
Lo dicho por la canciller, también corrobora un informe que hace pocos días publicó el diario El Tiempo de Bogotá en el cual hace conocer la existencia de redes mafiosas colombianas que se extienden por varios países.
La amenaza para la seguridad regional ha llegado a niveles de profunda preocupación, al punto que la ministra de Seguridad de Argentina, Nilda Garre lanzó un pedido de auxilio a Colombia hace un mes en la Cumbre de Seguridad de la Unasur en Cartagena. En Bolivia se admitió que el narcotráfico superó a las autoridades y que la situación llevó a que se propusiera hacer un censo de colombianos para saber quiénes son delincuentes, según el diario colombiano.
El diario hace referencia a que tuvo acceso a informes de inteligencia que hablan de más de 200 propiedades de la mafia colombiana en varios países vecinos, de condominios, empresas y otros negocios que usan de fachada para exportar droga a Europa y Estados Unidos.
La situación es alarmante y las investigaciones periodísticas coinciden esta vez con versiones oficiales de la canciller de Colombia, que no desperdició el espacio de la Asamblea de la OEA para hacer conocer uno de los problemas más graves que afectan a países de la región y que vienen socavando desde hace años de manera sistemática la seguridad interna y externa de los países afectados con la lacra del narcotráfico.
Ante situaciones tan peligrosas el llamado de la canciller de Colombia no solo es oportuno, se debe definir acciones conjuntas, como las que propone, para desarrollar un frente común que una esfuerzos y estrategias para hacer frente a las bandas del narcotráfico y al crimen organizado. En lo que respecta a Bolivia la aceptación de una situación tan delicada no puede ser soslayada, porque ello está unido a una serie de acciones inmediatas a cargo de instancias policiales correspondientes.
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