Una serie de noticias ampliamente difundidas durante los últimos días en los principales medios de comunicación, aunque opacadas por otros acontecimientos más vistosos pero no más importantes, ha vuelto a llamar la atención sobre un fenómeno que en nuestro país ya ha dejado de ser excepcional para incorporarse a la rutinaria actividad cotidiana. Nos referimos a la multiplicación de casos que dan cuenta de la enorme magnitud que han alcanzado las actividades directa o indirectamente relacionadas con el narcotráfico.
Desgraciadamente, que eso sea así, y que también sea bien sabido todo lo que eso significa, no parece suficiente para provocar una reacción colectiva proporcional al problema. Es que ni en las más altas esferas gubernamentales, locales, círculos intelectuales, empresariales ni políticos, se ven señales que refuten la sospecha de que nuestra sociedad, de manera lenta pero continua, está cayendo en una actitud condescendiente, cuando no tolerante, con todas las actividades relacionadas con la elaboración y comercialización de drogas.
La manera ya desembozada como no sólo las autoridades sino el grueso de los habitantes de poblaciones que, como Yapacaní, ocupan un lugar principal en la geografía de la droga, es sólo un ejemplo de lo dicho. Y éste, como otros casos similares que han salido a la luz pública durante los últimos días, dista mucho de ser una excepción pues, como es bien sabido, ya es gran parte del territorio nacional la que puede ser considerada como una fracción de la geografía del narcotráfico.
Para comprender la magnitud del peligro que tal fenómeno entraña no tendría que ser necesario nada más que un recuento de los casos de violencia ligados al negocio de la droga que con creciente frecuencia salen a luz como la punta de un iceberg que apenas deja entrever su real magnitud. Pero si eso no fuera suficiente, se podría hacer un esfuerzo para extraer lecciones de experiencias ajenas como Colombia o México, e incluso toda Centroamérica, donde los efectos destructivos de las actividades delictivas ligadas al negocio de las drogas ya se miden en términos de cientos de miles de desapariciones, secuestros, torturas y muertes.
Afrontar este problema no es algo fácil ni que corresponda, por lo menos no exclusivamente, a las autoridades gubernamentales, pues se trata de un asunto que por su propia naturaleza y magnitud excede con mucho las posibilidades reales de éste y cualquier gobierno. Si estados mucho más sólidos que el nuestro, como el mexicano, han podido afrontar el desafío sin sumirse en una guerra en la que llevan todas las de perder, no hay por qué suponer que un gesto de voluntarismo gubernamental sea lo más idóneo.
Es tan complejo el problema, que hallar una fórmula para enfrentarlo con alguna posibilidad de éxito es una tarea ardua. Que así sea, sin embargo, no debe ser motivo para justificar la pasividad ni la condescendencia, sino, muy por el contrario, debe ser un acicate para que el tema sea incorporado a la agenda pública nacional en un lugar de máxima importancia y por encima de los cotidianos conflictos que acaparan la atención colectiva.
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