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sábado, 21 de febrero de 2009

otra vez la trampa fallida de FONADAL que gracias al movimiento cocalero de los 90 se convirtió en fracaso. artículos en www.meros.se (lechería milka)

Por: Gisela Alcócer C.
Chimoré Los Tiempos
El Gobierno de Bolivia admite que en el territorio nacional hay 28.900 hectáreas de coca, casi 17 mil más de lo establecido en la Ley 1008, que establece que la cantidad de coca que se cultiva para el consumo tradicional de los bolivianos debe llegar a las 12 mil hectáreas.
La coca excedente fue detectada con un estudio de aerofotografías realizado por el F-57, una entidad dependiente de Naciones Unidas (ONU), que calcula la cantidad de cultivos existentes en el país. Ahora, un programa del Viceministerio de la Coca, que recibe apoyo de la Unión Europea (UE), impulsa un sistema de control social para que las federaciones cocaleras garanticen que sus afiliados no se excedan de la hectárea que se les autorizó a plantar.
Cuando la información de 130 por ciento de excedente se dio a conocer por primera vez en agosto del año pasado, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, la desvirtuó indicando que sólo era un estudio referencial, aunque en él se establecía que en los Yungas existen 19.800 hectáreas y 8.800 en Chapare.
El coordinador del programa de Apoyo al Control Social de la Producción de Hoja de Coca, Marcelo Terrazas, informó que los estudios del F-57 fueron entregados a la entidad que él dirige para que las federaciones cocaleras de Chapare empiecen a controlar a sus afiliados con una base científica. La información sobre la cifra será comprada durante los próximos tres años por el Gobierno a un costo de 400 mil dólares por informe anual, que es entregado en agosto desde hace cuatro años.
Terrazas explicó que aunque actualmente hay 16.900 hectáreas más de las permitidas por la Ley 1.008, “estamos encarando una nueva redistribución de la coca porque el estudio de la producción, nos va a permitir establecer cuánto de coca se requiere en Bolivia”, dijo.
Nueva propuesta
El 14 de julio de 2008, el presidente Evo Morales anunció que el proyecto de nueva Ley de la Coca establecería un límite de 20 mil hectáreas de cultivos legales, subiendo en 8 mil las autorizadas actualmente. El Gobierno de Estados Unidos planteó su reclamo por esta decisión.
Ayer, en el inicio de operaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (Fonadal) en Chapare, Morales reflexionó sobre los bajos resultados electorales obtenidos en los últimos cuatro comicios.
El Presidente explicó que los logros de su gestión se consiguieron gracias a la “sangre, luchas, heridos, viudas, huérfanos, marchas (…) y ese esfuerzo no puede ser en vano por culpa de algunos sindicatos, de algunos dirigentes o de algún compañero de base”.
Reflexiones de Evo
Recomendó a los cocaleros que “tenemos que cumplir algunas responsabilidades muy importantes no sólo para la región sino para el país y que tengan reconocimiento internacional y es el tema de la lucha contra el narcotráfico y de la hoja de coca. Ahí mucho dependerá de cada uno de nosotros”, para mantener una buena imagen y poder ganar las elecciones presidenciales de diciembre con más del 70 por ciento de respaldo.
Inauguran el Fonadal
El presidente Evo Morales junto al embajador jefe de la Delegación Europea en Bolivia, Kenny Bell, inauguraron ayer las nuevas oficinas del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (Fonadal) en Chimoré, en las que fueron las oficinas del programa de apoyo forestal de Usaid.
Se anunció la entrega de 21,7 millones de euros para la ejecución de 36 proyectos en Chapare, que serán ejecutados por los municipios de Villa Tunari, Shinahota, Chimore, Puerto Villarroel y Palos Blancos.
Bell explicó que los proyectos fueron elaborados por los beneficiarios y que el dinero pasó directamente del Banco Central de Bolivia al Presupuesto General de la Nación, razón por la cual los donantes no tendrán ningún tipo de injerencia en su administración.

El embajador Bell debería tomar en cuenta de la destrucción de millones de dólares en el Chapare, fruto de los programas FONADAL, especialmente de la contribución Sueco-Finlandesa con proyectos tan prometedores como la Planta Lechera MILKA, que se convirtió en chatarra porque la mafia del narcotráfico utilizó a los movimientos sociales para borrarlas del mapa. Resulta irracional y sospechoso que a pesar de aquellas amargas experiencias, la Unión Europea persista en ayudar con millones de euros cuando no está clarificada la actitud de la Administración Masista en relación a permitir una cooperación normal, supervisada y progresiva. Más aún cuando la Unión Europea se instala en edificios y oficinas que todavía pertenecen a USAID según el status jurídico legal. La prensa debería profundizar en los anuncios del Gobierno antes de dejarse llevar por el entusiasmo político de los masistas, y para evitar que se repita la triste historia de la planta gasífera de Rio Grande.

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