Si la propuesta de la comisión de la coca de la Asamblea Constituyente se plasmara en el texto de lo que será nueva ley fundamental de la República, no sólo la ley 1008 en vigencia tendrá que modificarse o sustituirse, sino que el país entero quedará expuesto a reacciones insospechadas de parte de la comunidad internacional, algo en lo que el gobierno y los sectores que le dan sustento, como tampoco la opinión sensata del país, parecen estar reparando ni por asomo.
De hecho, Bolivia es considera en el exterior como importante productora del vegetal y fabricante de su derivado la cocaína, extremo que suele manifestarse en los controles a los que todo viajero procedente de su territorio es sometido tanto en naciones vecinas como en las de otros continentes, cual si fuese vulgar narcotraficante, modalidad casi siempre denigrante a la que deben añadirse los frecuentes hallazgos de la droga en equipajes y hasta el interior del cuerpo de muchos pasajeros, si es que no se trata de cargamentos en aeronaves o buques.
En este mismo orden de cosas, inclusive uno de los regímenes dictatoriales que llegó al poder por la vía del golpe de Estado, el de Luis García Meza y sus compañeros de aventura, se ganó el mote de "gobierno de la cocaína" en el escenario mundial, circunstancia que perjudicó al país en distintos planos, aunque la breve permanencia de esa gente en el ilegítimo ejercicio del mando, lo librara de peores consecuencias.
Ahora bien, para nadie es secreto que el presidente Evo Morales y su Movimiento al Socialismo son fruto, precisamente, del sector cocalero, evidencia que sin embargo no se ha traducido todavía en suspicacias ni medidas en el extranjero, donde al parecer priman la simpatía y las expectativas despertadas por el mandatario en razón de su origen étnico, a pesar de la política que ejecuta o tiene planificado desarrollar respecto de los cultivos de la hoja en el Chapare y los Yungas.
En este contexto, el que la Constitución Política en demorada y difícil gestación, reconozca a la coca "en todas sus formas como un recurso natural económico, renovable, y estratégico, bioenergético, eje de las culturas andino-amazónicas, símbolo cultural y elemento ceremonial sagrado y de integración social", y disponga que el Estado "debe garantizar, mediante todos sus poderes, la producción, valorización, preservación, industrialización y comercialización" de la hoja, además de representar a ésta en el escudo nacional, de acuerdo con las iniciativas de la mencionada comisión, puede provocar no sólo suspicacias más allá de las fronteras patrias, sino recaudos impensados, peor aun si ya algunas gestiones oficiales en tal dirección intermitentes y tímidas, es cierto han merecido respuestas negativas en distintas instancias internacionales.
Frente a ello, es conveniente que la administración en sí y la sociedad civil en su conjunto, mediten antes de adoptar una posición que podría resultar adversa a los intereses generales.
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