Hace un par de días, en Bruselas, sede de la Unión Europea (UE), tuvo lugar el “Segundo Diálogo de Alto Nivel entre representantes del Estado Plurinacional de Bolivia y del Servicio Europeo de Acción Exterior”. La delegación boliviana, encabezada por el canciller David Choquehuanca y compuesta por varios viceministros, participó en el encuentro con una doble misión: hacer una evaluación sobre el estado de avance de los diversos proyectos que son ejecutados en nuestro país con financiamiento de la UE y reforzar la campaña diplomática en busca de apoyo para la reincorporación de Bolivia a la Convención de Estupefacientes de 1961.
Ambos asuntos tienen un importante elemento en común. Es que tanto la aprobación de la política gubernamental para mantener bajo control los cultivos de coca y su transformación en cocaína, como la aquiescencia de la comunidad internacional para la readmisión de Bolivia en la Convención de Viena, dependen de que se pueda demostrar que sí es posible distinguir entre la producción de coca y la elaboración de cocaína, que el Estado boliviano es capaz de administrar esa distinción y que si bien es innegable la relación entre coca y cocaína, es posible administrarla sin sufrir todos los efectos negativos que la producción y tráfico de drogas traen consigo.
Hasta ahora, y desde hace ya muchos años, la UE ha dado abundantes muestras de una predisposición muy favorable hacia nuestro país y sin que su condescendencia llegue a extremos que serían inadmisibles en el actual contexto internacional, ha contribuido mucho a la exploración y apertura de opciones alternativas a la ya tan desacreditada “guerra contra las drogas”.
Parte fundamental de esa política ha sido el apoyo que la UE brindó para la elaboración de un estudio sobre el estado actual de la producción y consumo de coca en Bolivia, por lo que resulta muy razonable que exija la publicación del informe correspondiente.
Ante tal demanda, y pese a lo importante que es el asunto, el Gobierno boliviano se niega sistemáticamente a difundir el informe requerido y lo hace recurriendo a los más diversos pretextos. Una y otra vez se ha comprometido a publicar el documento en fechas que han sido reiteradamente postergadas, lo que con razón está ya causando impaciencia de los funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior que, pese a ello, no pierden la calma y perseveran en sus diplomáticas solicitudes. Aunque advierten, claro, que el tiempo se está agotando, pues quedan menos de 60 días antes de que se decida si Bolivia puede o no ser readmitida en la Convención de Viena.
Ante tal situación, la reacción gubernamental es desconcertante, por decir lo menos. No sólo porque insiste en justificar el ocultamiento del informe con argumentos que por lo reiterados han perdido credibilidad, sino porque llega al extremo de rehuir su propia responsabilidad atribuyéndola nada menos que a la Organización de Naciones Unidas, como lo hizo la Ministra de Comunicaciones el miércoles, generando aún más confusión, al punto que su colega de Gobierno tuvo que volver a explicar el estado de situación.
Como en muchos otros asuntos relacionados con la política exterior de nuestro país, no es fácil comprender esa actitud. Lo que confirma, una vez más, que los esfuerzos de la Cancillería y en el frente externo no están siendo debidamente acompañados por otras áreas del aparato gubernamental.
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