Se podría decir que es un tema urticante. Que pone al Jefe de Estado en situación incómoda a ojos externos. Porque es juez y parte. Porque, en última instancia, al atacar o al proteger los intereses de los cocaleros se complica ya que, de alguna manera, toca los intereses de los productores de droga, al ser la coca la materia prima para la obtención de cocaína. Sin coca no hay cocaína natural.
La discusión superada, “coca no es cocaína”. Científicamente es inapelable que la cocaína se encuentra en estado natural dentro de la hoja de coca y que el proceso de “extracción” al que es sometida por los productores y traficantes de cocaína, no significa ninguna “transformación” química; ni siquiera se trata de un precursor de la cocaína: de la hoja, la cocaína. Años atrás, con escasa información pública, se mantuvo la confusión. El presidente Jaime Paz se daba la licencia de viajar con su hoja de coca en la solapa; después se destaparon los “narcovínculos” que dio al traste con un partido y toda una generación de brillantes jóvenes políticos.
El debate “intencionado”, retrocediendo, busca nuevos conceptos. La erradicación voluntaria, consensuada entre los propios productores de coca. Que los límites de las plantaciones las definan ellos mismos. Se acepta implícitamente que hay “excedente” de coca. Que la defensa de la cantidad de plantaciones de coca es insostenible con el simple argumento de los “usos tradicionales”. Por mucha iniciativa que se le ponga, siempre se caerá en lo que ya hubo, sobre todo durante el siglo XIX y principios del XX: bebidas espirituosas, energizantes, pastas dentales, usos medicinales, cremas, etc., usadas por intelectuales, artistas y hasta un Papa.
Quién se queda fuera del negocio: el gran problema, es el incremento de los precios por la demanda ilegal. Los requerimientos para cubrir la demanda por uso tradicional se calculan 8.000-12.000 has, en términos actuales. Hay mucha diferencia con las hectáreas actuales cultivadas y reconocidas hasta por el propio gobierno: 31.000 has,
para arriba. La única utilizada para el acullico proviene de los Yungas. El resto, es la materia prima para el narcotráfico. Mínimo 19.000 has. Todo apunta a que la coca del Chapare en un 90-95% se va al mercado ilegal de la droga. Aún así, esa cantidad de coca no explica la cantidad de droga incautada por los organismos especializados en la lucha contra el narcotráfico en el país ni la exportada al Brasil y otros vecinos. O hay más coca o, como sostiene el gobierno, Bolivia se ha convertido en un país de tránsito. Sin embargo, los reportes de la incautación en frontera, tanto de Brasil como Argentina, reportan permanentemente “droga boliviana” o “bolivianos detenidos” implicados en el narcotráfico.
Dilema sin solución. ¿Cómo defender la coca y a los cocaleros que sólo cultivan para el acullico? Mientras, el gobierno se resiste a entregar desde hace cuatro años los resultados de un estudio básico sobre el extensión de la práctica del acullico, estudio que permitiría calcular aproximadamente cuántas hectáreas serían necesarias conservar para respetar el consumo tradicional. Levanta justificadas susceptibilidades el que a pesar de gozar con financiamiento cubierto oportunamente por la Comunidad Europea, los resultados del tan esperado estudio no se entreguen y hagan públicos.
Corrobora esta suspicacia el hecho de que el propio presidente Morales haga repetidos llamados a sus bases cocaleras en el Chapare a limitarse en el sembradío de coca, a poner los sistemas de control social en acción, a castigar con “expulsión” de los sindicatos y federaciones a los infractores. En suspenso la efectividad de sus arengas, pues al mismo tiempo está empeñado en la construcción de una carretera que, aparte de otras implicaciones por atravesar el corazón de un Parque Nacional, el TIPNIS, facilitaría y ampliaría la zona de cultivo de coca. Los inmediatos beneficiados son colonos dedicados a su cultivo, agrupados en el CONISUR, donde ya se han destruido cientos de pozas de maceración (a la antigua) y al menos 50 fábricas de droga. Por estas tierras Evo Morales está dispuesto a declarar una guerra a los opositores, que en primera línea encuentra a indígenas de la zona, como a otros ciudadanos urbanos que entienden los riesgos de dicho proyecto siguiendo el trazado propuesto por el gobierno, que favorecería al narcotráfico, ocasionaría un daño ambiental cuantioso e irreparable, así como a la riqueza bioecológica y el riesgo mayor de genocidio de, al menos, cuatro etnias habitantes del parque.
El verdadero debate. ¿Evo y su gobierno prisioneros de los mercaderes de la droga? ¿Hasta dónde lo obligan compromisos asumidos con sus bases cocaleras? ¿Estará el resto del país, no dependiente del negocio coca-cocaína, dispuesto a cargar con la responsabilidad y las consecuencias de ser calificado, y de vivir en un “narcoestado”? Reducirlo todo, con gran uso mediático, a la defensa del acullico, es tapar el sol con un dedo. Nadie combate al acullico en Bolivia. Se practica por adicción (porque hay cocaína en el acullico) hasta en zonas no tradicionales. Tampoco se hace razón de Estado en los países andinos vecinos. El tema de fondo es, hasta donde se permitirá al narcotráfico sentar sus reales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Por dignidad, está en juego la soberanía, el país requiere una respuesta. La comunidad internacional parece estar mejor informada.
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