No es de modo alguno casual que el gobierno de Brasil enviara nada menos que 6.500 efectivos militares a proteger sus fronteras con Bolivia. En tiempos pasados, en América Latina, aquello era el preludio de una emergencia bélica, contingencia que hoy ya no se produce en el continente, ajustado a las normas del derecho internacional en lo que respecta a diferendos en el ámbito de las relaciones bilaterales.
Hay circunstancias específicas que obligan a Brasil a tan aparatoso despliegue militar. Algunas son de vieja y otras de reciente data. Entre las primeras cabe mencionar el drástico incremento del tráfico de drogas a través de sus fronteras con Bolivia. Se trata de cocaína elaborada en Colombia o Perú que, pasando por Bolivia, ingresa al mercado brasileño, al norteamericano o al de los países europeos, tras un largo y tortuoso recorrido por el Atlántico y el Caribe. Poderosas mafias o carteles del narcotráfico digitan a distancia este infame trasiego.
Un oprobioso negociado de alcance intercontinental plantea la necesidad de combatirlo en la misma escala, dentro de rigurosas normas de cooperación. Por eso, Brasil se asoció a Estados Unidos en el combate contra las drogas. Tiene con la potencia del norte un tratado para una acción común contra el mal, tanto en lo que respecta a información como planificación de operativos.
La incorporación de Bolivia a tal cooperación bilateral, en el marco de un acuerdo tripartito, era una cuestión clave para Brasil, puesto que seguimos siendo uno de los países de mayor suministro de materia prima para los fabricantes de la droga. Chapare se ha convertido en un enclave de poder social y político, al cual el Gobierno central halaga con ampliaciones de los cultivos de coca. Los fabricantes de droga se instalan inclusive en parques naturales y en diversas regiones del país.
Resultado: el narcotráfico golpea al Brasil con más fuerza que nunca, obligándole a endurecer las fórmulas dirigidas a contenerlo o, por lo menos, restringirlo a proporciones que no revistan peligro. Una de esas recetas era la acción trilateral de Brasil, Estados Unidos y Bolivia contra la nociva actividad. Inicialmente, el Gobierno boliviano se mostró dispuesto a suscribir el respectivo acuerdo tripartito, lo cual debía ocurrir el 17 de noviembre, pero después optó por dejar en suspenso el asunto, alegando razones poco atendibles, como la alusiva a su obligación de “velar por la soberanía y dignidad nacionales”, como si una acción trinacional contra las mafias del narcotráfico tuviera semejante efecto.
Por el contrario, la inserción boliviana en la lucha internacional contra el narcotráfico no hace sino fortalecer su imagen y prestigio en el exterior, que ahora son ostensiblemente ensombrecidas por la magnitud sin precedentes que el mal alcanza hoy entre nosotros.
El desplazamiento militar de Brasil a sus fronteras con Bolivia es una fuerte señal de alerta que el Gobierno debiera tomar muy en cuenta. Es absolutamente necesario tener con el poderoso país vecino muy buenas relaciones, signadas de cooperación sostenida en cuanto tenga que ver con problemas comunes. Uno de ellos, acaso el más sensible, es el narcotráfico.
Hay circunstancias específicas que obligan a Brasil a tan aparatoso despliegue militar. Algunas son de vieja y otras de reciente data. Entre las primeras cabe mencionar el drástico incremento del tráfico de drogas a través de sus fronteras con Bolivia. Se trata de cocaína elaborada en Colombia o Perú que, pasando por Bolivia, ingresa al mercado brasileño, al norteamericano o al de los países europeos, tras un largo y tortuoso recorrido por el Atlántico y el Caribe. Poderosas mafias o carteles del narcotráfico digitan a distancia este infame trasiego.
Un oprobioso negociado de alcance intercontinental plantea la necesidad de combatirlo en la misma escala, dentro de rigurosas normas de cooperación. Por eso, Brasil se asoció a Estados Unidos en el combate contra las drogas. Tiene con la potencia del norte un tratado para una acción común contra el mal, tanto en lo que respecta a información como planificación de operativos.
La incorporación de Bolivia a tal cooperación bilateral, en el marco de un acuerdo tripartito, era una cuestión clave para Brasil, puesto que seguimos siendo uno de los países de mayor suministro de materia prima para los fabricantes de la droga. Chapare se ha convertido en un enclave de poder social y político, al cual el Gobierno central halaga con ampliaciones de los cultivos de coca. Los fabricantes de droga se instalan inclusive en parques naturales y en diversas regiones del país.
Resultado: el narcotráfico golpea al Brasil con más fuerza que nunca, obligándole a endurecer las fórmulas dirigidas a contenerlo o, por lo menos, restringirlo a proporciones que no revistan peligro. Una de esas recetas era la acción trilateral de Brasil, Estados Unidos y Bolivia contra la nociva actividad. Inicialmente, el Gobierno boliviano se mostró dispuesto a suscribir el respectivo acuerdo tripartito, lo cual debía ocurrir el 17 de noviembre, pero después optó por dejar en suspenso el asunto, alegando razones poco atendibles, como la alusiva a su obligación de “velar por la soberanía y dignidad nacionales”, como si una acción trinacional contra las mafias del narcotráfico tuviera semejante efecto.
Por el contrario, la inserción boliviana en la lucha internacional contra el narcotráfico no hace sino fortalecer su imagen y prestigio en el exterior, que ahora son ostensiblemente ensombrecidas por la magnitud sin precedentes que el mal alcanza hoy entre nosotros.
El desplazamiento militar de Brasil a sus fronteras con Bolivia es una fuerte señal de alerta que el Gobierno debiera tomar muy en cuenta. Es absolutamente necesario tener con el poderoso país vecino muy buenas relaciones, signadas de cooperación sostenida en cuanto tenga que ver con problemas comunes. Uno de ellos, acaso el más sensible, es el narcotráfico.
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