El Chapare debe inquietar al Gobierno. Por ahora es su más firme base político-social de apoyo y teme, sin duda, perderlo con decisiones que los cocaleros consideren una provocación intolerable… ¿Investigarán? Si lo hace, que sea con transparencia, en lo posible, de cara a los medios de comunicación social
En Bolivia, el narcotráfico repunta a índices superiores a los que se acreditaran en las últimas décadas. Así lo confirman numerosos datos, entre los que corresponde citar, en primer lugar, el ya tradicional desfase entre volúmenes de producción y consumo tradicional de la glauca y controvertida hojita, cuyas aplicaciones industriales son muy pocas. Más de la mitad de la coca del Chapare va a parar a las incontables plantas clandestinas de elaboración de sulfato de cocaína mimetizadas en áreas rurales y hasta urbanas de casi todos los departamentos del país.
Los mayores réditos del infame negocio corresponden a los cárteles de la droga de México, Colombia y el Caribe conectados a narcomafias de España principalmente. En lo que respecta a nuestro país, disponen de bien montadas redes que sacan la droga por las fronteras de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay, algunas veces, en narcoavionetas y otras por vía terrestre. En el país, la compra y traslado de la coca a las fábricas clandestinas, muchas de las cuales disponen de tecnología de punta, corre a cargo de bien remuneradas redes familiares. Se sospecha que estos sectores contrabandean (a España) el excedente de la droga que producen, utilizando para ello a esas “mulas” que muy a menudo son descubiertas en las terminales aéreas del país, Madrid y otras capitales de Europa con droga en el equipaje o en la panza.
Se conocen muy pocos datos sobre el volumen del consumo endógeno de cocaína. Tampoco se sabe en detalle quiénes y cómo venden droga en las ciudades del país. Al respecto sólo se dispone de versiones testimoniales de algunos observadores de vecindarios críticos: los vendedores callejeros de droga rondan locales nocturnos, establecimientos educativos, centros universitarios y sitios donde abundan turistas extranjeros; tendrían en su mira preferentemente a jóvenes y hasta adolescentes.
Primero una autoridad policial y luego un prelado regional de la Iglesia Católica, sobre la base de datos enviados desde el Chapare por sus subordinados y sacerdotes respectivamente, precisaron que se emplea a menores para el tráfago callejero de droga en poblaciones del subtrópico cochabambino, tema que en vez de ser politizado debía dar lugar a una investigación minuciosa que consideramos absolutamente necesaria. La pesquisa ya ha sido anunciada desde ciertos niveles del Gobierno pero no faltan quienes dudan de que realmente se lleve a cabo. Es que el Chapare debe inquietar al Gobierno. Por ahora es su más firme base político-social de apoyo y teme, sin duda, perderlo con decisiones que los cocaleros consideren una provocación intolerable… ¿Investigarán? Si lo hace, que sea con transparencia, en lo posible, de cara a los medios de comunicación social.
El autor es periodista
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