El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, ha tocado recientemente un tema que las autoridades gubernamentales –de éste y de todos los anteriores gobiernos– solían eludir. Ha hablado sobre la influencia del narcotráfico en la economía nacional, rompiendo así un tabú. Y ese en sí mismo es un buen paso, pues abre la posibilidad de que todos los bolivianos, gobernantes y gobernados, nos involucremos en un urgente debate que ya tiende a ser global acerca de la mejor manera de afrontar un problema que nos concierne a todos.
Según los datos con los que García Linera respaldó su abordaje de tan espinoso asunto, la influencia de las actividades ligadas a la economía de la droga está entre 300 y 700 millones de dólares, cifra que coincide con el cálculo que hizo hace tres meses la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Onudd).
Como se ve, es tan amplia la brecha entre los márgenes mínimo y máximo de tales estimaciones que no pueden ser tomadas sino como una muy gruesa aproximación. Y aunque es muy probable que abunden los argumentos para cuestionar su precisión, lo evidente es que, millones más, millones menos, la importancia del narcotráfico en la economía nacional no es desdeñable. Más aún si se considera que cada dólar activado en cualquiera de las etapas del negocio, desde la producción de la materia prima –la hoja de coca– hasta su comercialización, tiene un efecto multiplicador cuya dimensión es prácticamente imposible de calcular.
No es por eso la precisión de las cifras lo que más debe interesarnos, sino el franco reconocimiento de que de una u otra manera la cadena de la droga es parte importante de la economía nacional y eso es algo que, como lo enseñan las experiencia propias y muchas ajenas, tiene múltiples efectos colaterales en los ámbitos de lo social, político e incluso cultural.
Es tan evidente eso, que lo menos aconsejable es que se continúe optando por el cómodo recurso de excluir el tema de la agenda de preocupaciones colectivas. Eludirlo, minimizarlo o simplificarlo de manera que las muchas derivaciones del problema no puedan ser afrontadas hasta cuando ya es demasiado tarde, como ocurre por ejemplo en México, es la peor de las opciones.
Las palabras con las que el Vicepresidente puso el tema sobre el tapete son más pertinentes aun si se considera que en todo el mundo está avivándose un debate sobre la mejor manera de afrontar el problema de las drogas y la economía que se mueve alrededor de ellas a la luz de los pobres resultados alcanzados con los métodos actuales. Se trata, sin duda, de un reto que por lo controversial que es requerirá mucha paciencia, tino y cautela, pero sobre todo, mucha sinceridad de las partes involucradas entre las que nuestro país ocupa un destacado lugar.
De momento, la posición oficial, la expuesta por el presidente Evo Morales, es de lo más diáfana. Consiste en rechazar la legalización de las drogas pero al mismo tiempo insistir en la despenalización de la hoja de coca. Es sin duda un punto de partida desde el que, con datos como los proporcionados por el Vicepresidente, se podrá iniciar un debate nacional que esté guiado por los intereses de todo el país y no sólo por lo de un solo sector como, en este caso, los productores de coca.
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