L os “peces gordos” del narcotráfico gozan de cobertura policial, como se demostró en el enfrentamiento entre integrantes de dos organizaciones rivales en San Ramón el viernes anterior, mientras el presidente en funciones, Álvaro García Linera, anuncia que se reforzará la presencia militar en la interdicción a esta actividad ilícita.
En San Ramón, presuntos policías interceptaron a William Rosales Suárez, uno de los principales “narcos” que operan en el país y actualmente desaparecido, cuya escolta estaba compuesta por tres guardaespaldas profesionales serbios y Diego Guardia Vía, cabo de la Policía, quienes fueron asesinados.
En el otro bando, el teniente Dagner Paz, oficial activo de la institución, fue identificado como uno de los agresores y fue imputado de asesinato.
Entre los 70 y principios de los 90, en el país operaron “peces gordos” del narcotráfico, como Roberto Suárez Gómez; Jorge Roca Suárez, alias “Techo de Paja”; Luis Amado Pacheco, alias “Barbaschocas”, e Isaac Chavarría, alias “Oso”.
La familia Rosales se querelló ayer por los delitos de asesinato y privación de libertad contra Paz, el ex capitán Orlando Araujo y al menos otros dos policías no identificados plenamente.
El abogado de los Rosales, Denver Pedraza, informó ayer que esa demanda se amplió contra otros oficiales en servicio activo, entre quienes mencionó a un capitán Rioja y a un efectivo de inteligencia conocido como “Masaco”.
La Fiscalía cruceña imputó ayer a Dagner Paz del supuesto delito de asesinato, después de que fuera identificado como uno de los agresores del grupo en el que Rosales Suárez se trasladaba hacia Ascensión de Guarayos el viernes. El presunto jefe narcotraficante se dirigía a esa región para saber si era cierta una información en torno a que un clan rival ofreció un millón de dólares para quien lo atrape.
Paz fue sometido a la prueba del guantelete, que determinó que disparó recientemente con la mano izquierda, en tanto que los peritajes, a decir de Pedraza, demostraron que fueron hechos por una persona zurda. Hoy se cumplirá la audiencia cautelar.
Participación militar
Por la tarde, en la clausura de la reunión de comandantes de grandes y pequeñas unidades de la Armada Boliviana, García Linera recibió el pedido de esa fuerza sobre fortalecer los puestos adelantados, crear nuevas unidades navales y de mayor apoyo logístico.
Según la agencia gubernamental ABI, el Jefe del Estado en funciones saludó “esa mirada estratégica, lúcida”, pues la amazonia boliviana es un territorio “feudalizado por los terratenientes, por familias, y amparado con la presencia del narcotráfico, el contrabando, tala de árboles, deforestación, la explotación ilegal de piedras, minerales, depredación de la fauna”, males contra los que las Fuerzas Armadas deben intervenir.
“La locomotora de la Constitución y las leyes son las Fuerzas Armadas, para la mayor presencia territorial y acabar con microejércitos de narcotraficantes y mercenarios que hubo y que están comenzando a reforzarse”.
Según la mencionada agencia, “la existencia de feudales, de redes pequeñas o medianas del narcotráfico y de sicarios en territorio ponen en riesgo la integridad territorial y la unidad patria, hechos que no deben ser permitidos, por ello tenemos que desplazar la presencia militar, que es la vanguardia de la presencia estatal”.
Un despacho de la agencia española Efe da cuenta de que los serbios asesinados el viernes en San Ramón eran guardaespaldas contratados por Rosales Suárez por recomendación de un narcotraficante de esa nacionalidad.
Ese reporte cita una publicación del diario Novosti, de Belgrado, Serbia, que confirma la identidad de los vigilantes privados como Bojan Bakula (28), Sasa Turcinovic (49), ambos de la ciudad noroccidental serbia de Ruma, donde tenían una agencia para protección de personas e instalaciones, y Predrag Cankovic (37), un serbio de Bosnia.
Cankovic participó en la guerra bosnia (1992-1995) y en la de Kosovo (1998-1999), y Turcinovic también estuvo en el conflicto kosovar como miembro de una unidad especial de la Policía.
Novosti informa que los ex combatientes de las guerras de los Balcanes son “los más buscados en el mundo” para trabajos de protección de personas.
A su turno, el diario Press, de esa nación centroeuropea, da cuenta de que cada sicario puede cobrar entre 10.000 y 30.000 dólares mensuales por realizar esa actividad de vigilancia.
El clan Rosales
Pedraza informó a La Prensa que William Rosales Suárez tenía unos 15 años en 1993, cuando fue detenido por delitos previstos por la Ley 1008.
Tres años más tarde, fue condenado a 10 años de reclusión, que debió cumplir en el penal de El Abra, en Cochabamba, pero el condenado se benefició con la fianza juratoria, fugó y prescribió la sentencia.
El 13 de junio de 2008, los hermanos Ruan, Johnny y Ronny Rosales Ágreda, sus esposas y la hija de uno de ellos fueron aprehendidos en Santa Cruz.
La FELCN se incautó de 12 viviendas, 12 vehículos, dos avionetas, armas de fuego y sistemas de comunicación satelital y teléfonos celulares, valuados en unos siete millones de dólares.
Un mes después, Rosales Suárez fue sorprendido por el grupo Delta en la intersección de la avenida Paurito y el segundo anillo cuando conducía una vagoneta Toyota Land Cruiser de nuevo modelo, valuada en 95.000 dólares.
Los uniformados encontraron en el interior del vehículo una ametralladora y una pistola de calibre nueve milímetros.
Fue condenado nuevamente a 10 años, pero, según Pedraza, una serie de argumentos legales impidieron la ejecución de la sentencia.
En diciembre de 2008, el juez cruceño Roque Leaños dispuso la liberación de los hermanos Rosales Ágreda y sus esposas, además de la devolución de los costosos bienes incautados.
Leaños fue el juez que ordenó la reclusión preventiva de las seis personas en el penal de Palmasola, pero después consideró que esa causa prescribió.
Para destacar
Desde el viernes anterior, el jefe narcotraficante William Rosales Suárez permanece desaparecido.
Por quinto día consecutivo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) guardó silencio sobre el tema.
La organización rival del clan Rosales está compuesta por paraguayos y, presumiblemente, brasileños.
William Rosales Suárez opera, aparentemente, en coordinación con traficantes de droga colombianos.
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