digan los lectores si no será grave, muy grave lo que pasa en Bolivia, mientras Evo vuela. alzamiento armado y prepotencia. todos les temen policías..

Policía, 27 May (Erbol).- El comandante departamental de la Policía de Potosí, coronel Orlando Ávila, advirtió que los cuatro efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) Oruro fueron linchados por un grupo de comunarios de Uncía en venganza por los recientes descubrimientos de fábricas de cocaína en la región del macabro crimen.

“El municipio de Uncía ahora se constituye en una zona sin ley, entonces allá seguramente se hará todo lo ilícito, esto que pasó fue en venganza porque en el lugar se incineraron varias fábricas de cocaína”, manifestó Ávila, en declaraciones a la radio Aclo de la Red Erbol.

Argumentó que Uncía quedó como una zona sin ley debido a que por razones de seguridad ya replegaron todos los efectivos policiales destinados a ese municipio del norte potosino, donde aún se encuentran los cuerpos de los cuatro efectivos linchados el pasado domingo.

“Ayer, en el cabildo abierto de los cinco ayllus de Uncía, han decidido que no van a permitir el ingreso de ninguna autoridad sea delMinisterio Público o de la Policía (al lugar del crimen) a hacer la investigación correspondiente y si los policías fueran los van a linchar (como a los otros cuatro efectivos) en el acto de indagaciones aplicando la justicia comunitaria”, aseveró el jefe policial.

Confirmó que los ayllus también determinaron que no devolverán los cuerpos de los policías linchados.

“Han indicado que no devolverán los cuerpos de los asesinados, ellos tienen pues un juramento de voto silencio, entonces nadie quiere hablar absolutamente nada al respeto y no sabemos con exactitud dónde están los cadáveres”, afirmó.

Aseguró que la comunidad (Saca Saca), donde habrían sido ejecutados los efectivos, y todas las zonas aledañas del municipio están resguardadas por una gran cantidad de comunarios armados.

“Toda la zona, donde sabemos que los policías han sido emboscados, agarrados, torturados y linchados, está protegida por mucha gente que tienen pues armamento bélico, como máuser y otro tipo de armas”, puntualizó.

según la crónica que sigue poco hizo la Policía para dar con el denunciado oficial. habría sido la familia de William Rosales que dió con su paradero

Berthy Vaca Justiniano

Con talante carialegre se lo vio bajar ayer de una avioneta al ex capitán Orlando Araujo Becerra, en el aeropuerto El Trompillo, luego de llegar de Puerto Suárez tras su captura el sábado en la frontera con Brasil, de donde fue trasladado a la ciudad capital en medio de estrictas medidas de seguridad para garantizar su integridad física, puesto que es considerado la ‘pieza clave’ para aclarar el secuestro del presunto narcotraficante Willam Rosales Suárez y de la muerte de seis de sus guardaespaldas, el 14 de este mes en inmediaciones de San Ramón, a manos de una banda de sicarios supuestamente liderada por él .

La noticia sobre el arresto del ex oficial movilizó a la Policía a escala nacional, pues su Alto Mando coordinó con la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para desplazar una nave hasta Puerto Suárez exclusivamente para traerlo de manera segura, puesto que por tierra se temía una posible operación de rescate en el largo trayecto, de 642 kilómetros, entre la localidad fronteriza y la capital oriental. En horas de la tarde, en el aeropuerto porteño se montó un fuerte dispositivo de control hasta que partió la aeronave, que se posó en El Trompillo a las 17:00, y se detuvo en el hangar de los Diablos Rojos, donde lo esperaba una cuadrilla de agentes especiales que lo subió a un automóvil con vidrios oscuros y lo trasladó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), escoltado por tres motorizados que ingresaron raudamente a la unidad policial, sin dar opción de hacer imágenes a los medios de comunicación.

Se especuló con varias hipótesis sobre la aprehensión del ex agente de Inteligencia. Una versión indica que policías de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umpar) lo detuvieron en un control en la localidad fronteriza de Arroyo Concepción, a 17 kilómetros de Puerto Suárez, mientras que otra fuente afirma que la Policía brasileña lo atrapó en Corumbá, aproximadamente a las 23:00, y lo entregó a Umopar.

El comandante departamental de la Policía, Humberto Echalar, no despejó las dudas, pues en una improvisada conferencia de prensa, en la Felcc, se limitó a decir: “El ex capitán Araujo ha sido detenido en Puerto Suárez. Para nosotros es un sospechoso más del caso. Acaba de llegar y se inician las investigaciones. No hay más detalles”.

En cambio, Félix Molina, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), fue más contundente y afirmó que Araujo era un mercenario y cabecilla de una banda de volteadores y sicarios formada por policías y civiles, que cerca del mediodía del viernes 14 emboscó a Rosales y a sus esbirros en inmediaciones del río Quíser, donde maniató y acribilló a balazos a los serbios Pedrag Sertfko, Sasa Turcinovic y Bojan Bakula, además de los bolivianos Mauricio Méndez Santistevan, Rafael Douglas Cuéllar Loras y a Diego Guardia Vía (policía).

“Es confirmado que el ex capitán es un mercenario que ha actuado para bandas de narcotraficantes. El abogado de la familia Rosales, que antes defendió al ex capitán en otro caso cuya relación desconozco, me confirmó que este ex oficial andaba en cosas ilegales. Por otra parte, los sobrevivientes lo han reconocido plenamente”, manifestó Molina, en un contacto telefónico con EL DEBER.
Sobre el teniente Dagner Paz, recluido en Palmasola por orden judicial, acusado de ser miembro de la banda presuntamente comandada por Araujo, el máximo jefe de la fuerza antidrogas indicó que tenía conocimiento de que estaba en malandanzas, pero no sabía sobre su implicación en el presente caso. “Él niega la acusación, pero yo no le creo. Es más, no dudo que haya estado implicado. Además, los sobrevivientes lo han sindicado”, subrayó la autoridad.

La captura de Araujo causó beneplácito en la familia del desaparecido Rosales. La esposa se encontraba ayer en la Felcc cuando recibió la noticia de parte de su abogado, Denver Pedraza. “Gracias a Dios lo agarraron al desgraciado ese, que secuestró a mi marido”, dijo la mujer, natural de Brasil.

Pedraza, por su parte, manifestó que tratará de conversar de manera amistosa con Araujo, que alguna vez fue su cliente, con el fin de saber del paradero de Rosales. “Nosotros teníamos información hace tres días de que Araujo se encontraba en Corumbá, en aprestos para irse a Paraguay, y alertamos a la Policía Federal”, declaró Pedraza.
Willam tiene el antecedente de haber sido sentenciado a 10 años de prisión en Cochabamba por tráfico de drogas, en 1996, condena que no cumplió. Asimismo, en 2008 se le confiscó bienes valorados en varios millones de dólares.

irrefutable la denuncia de El Mercurio sobre un delincuente belga condenado a prisión que ahora asesora a Evo. inaudito!

El diario chileno, El Mercurio, en su edición del día jueves 20 de mayo de 2010 menciona al ciudadano belga Guillermo Roelants, quien fue sentenciado a prisión en 2003, acusado de tráfico de químicos y que hoy tiene un ‘cargo honorífico’ en el Gobierno de Evo Morales.
El operativo en Chile, descrito por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como “de grandes proporciones en el ámbito de las investigaciones asociadas al narcotráfico del Cono Sur”, no logró consolidar su meta de desbaratar la planta de ácido bórico boliviana que, según autoridades de ambos países, fue una “pantalla” que de 1995 a 1999 desvió 3.244 toneladas de ácido sulfúrico a producir cocaína en el Chapare.
El ácido sulfúrico es un insumo necesario para convertir el mineral de ulexita en ácido bórico, pero también es un elemento indispensable para elaborar clorhidrato de cocaína.
La planta construida por la empresa Tierra S.A. en la localidad de Apacheta, a pocos metros de la frontera chilena, ya no está intervenida por la justicia boliviana y se encuentra en plena operación.
Su propiedad y la administración volvieron a manos del físico nuclear belga Guillermo Roelants du Vivier, el mismo que el 28 de julio de 2003 fuera condenado a 12 años de cárcel por el Juzgado 1ro de Sustancias Controladas de Bolivia por tráfico de químicos, cohecho activo y asociación delictuosa, en un fallo que en Chile el CDE lo calificó como “histórico”.
Hoy, Roelants du Vivier está lejos de ser perseguido por la justicia de su país. El gobierno del presidente Evo Morales lo designó como uno de los cerebros que le ayudarán a definir la mejor estrategia para explotar el litio y otros recursos mineros cristalizados en los salares del altiplano.
“No soy funcionario público ni recibo sueldo, pero por mi trayectoria y mi aporte técnico y científico fui solicitado para este cargo, que es honorífico”, explicó Roelants a “El Mercurio”.
Ese cargo es el de secretario general del Comité Científico de Investigación para industrializar los Recursos Evaporíticos, según confirmó el Ministerio de Minería de Bolivia.
El CDE, que sigue definiéndolo en su página web como “el principal inculpado de una organización criminal binacional”, declinó comentar la nueva figuración de Roelants como personalidad científica.
El abogado Juan Ramón Zúñiga, que defiende en Chile al socio argentino del belga, Abel Alberto, asegura que el CDE intentó sin éxito someterlo a proceso en la contraparte chilena del caso, que hasta hoy sustancia sin arribar a ningún fallo el 17mo Juzgado de Santiago.
La operación “Frontera 2000” terminó con un total de doce detenidos. La Felcn nunca incautó ni un kilo de ácido sulfúrico en tránsito hacia las regiones productoras de cocaína, pero la acusación se fundaba en los “excedentes” de este producto químico que Roelants importaba desde Chile en relación a la capacidad de su planta de ácido.
Su defensora, Audalia Zurita, dijo que pericias en terreno efectuadas ante los jueces ratificaron que la proporción de ácido sulfúrico necesaria era la que la empresa del belga siempre declaró. Pero la fiscal acusadora María Luisa Torres dijo que antes que terminara el proceso ella fue sacada del caso y su equipo investigador fue desarticulado. /MAURICIO SILVA, EL MERCURIO, chileEl fallo dictado en Bolivia salvó a RoelantsLa clave de lo ocurrido en Bolivia está en un fallo que dictó el 26 de agosto de 2003 el Tribunal Constitucional de ese país, señalando que el proceso contra Roelants le había vulnerado un derecho fundamental, el “non bis íbidem”: nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Ello ocurrió porque mientras el tribunal de La Paz lo condenaba por desvío, un juez de Potosí lo castigaba por contrabando y tráfico de influencias, ya que parte del ácido sulfúrico ingresaba irregularmente hacia territorio boliviano.
La suerte hasta entonces adversa de Roelants comenzó a cambiar debido al contexto en que ocurrió el fallo de la alta corte de Bolivia, que ordenó aunar los dos procesos en ese país en una sola causa que se retrotrajo a la etapa de pruebas.
Tal como Chile, Bolivia experimentaba la modernización de su sistema judicial y la ley que creaba el nuevo sistema penal daba tres años de plazo para resolver los casos pendientes del sistema antiguo.
La causa contra Roelants legalmente se extinguió antes de que pudiera volverse a examinar el mérito de los antecedentes, y con ello toda su eventual responsabilidad penal sobre el caso que pendía en su persona.el ácido bóricoTemor • El paso fronterizo de Apacheta, vecino a la planta, que había caído a una actividad cero tras el operativo, vuelve a registrar un intenso envío de ácido bórico y otros derivados del boro a Antofagasta, coincidente con la creciente exportación de ácido sulfúrico desde este puerto chileno, según cifras oficiales de ambos países, pese a los resquemores del CDE y de la Felcn, que aseguraban que en el pasado ello posibilitó el “enorme desvío” de químicos al narcotráfico.

en forma directa La Razón se refiere al lacerante problema del narcotráfico hoy. ojalá sea leído el mensaje que contiene. qué hacen las FFAA?

William Rosales Suárez lleva una semana secuestrado, aparentemente, por una banda de narcotraficantes de Colombia que lo tendría en Paraguay. Su oscura historia da la vuelta al mundo y Bolivia aparece involucrada porque el rapto de éste que sería un ‘pez gordo’ del narcotráfico se produjo en San Ramón, departamento de Santa Cruz. ¿Qué pasa en San Ramón? Lo mismo que en muchas poblaciones fronterizas: se ha convertido en refugio de delincuentes.

El Estado, a través de escuálidas instituciones, somete a los habitantes de estos lugares a una lacerante orfandad; así, la ley brilla por su ausencia y el libertinaje se multiplica. Y cuando la droga ocupa un territorio —como San Ramón— difícilmente lo deja.

Las investigaciones del caso Rosales apuntan a la existencia de mafias que pugnan por el control territorial del narcotráfico. ¿Esto sorprende a alguien?, ¿el Gobierno no lo sabía? ¿Y sus antecesores? En los 80, durante la dictadura de Luis García Meza, no sólo lo sabían sino que lo socapaban, y hasta participaban del negocio. ¿A ese punto queremos llegar? Que efectivos policiales estarían involucrados… tampoco es novedad.

Si el problema ha vuelto a la palestra, sirve como recordatorio: el narcotráfico nunca estuvo controlado; simplemente, operaba en silencio, movía billetes grandes y, con una parte de éstos, compraba conciencias. Así actuó siempre, así actúa hasta hoy. ¿Cuántos ‘peces gordos’ cayeron en los últimos años?

La violencia es, por otro lado, parte indisoluble del narcotráfico. Seis muertos se ha cobrado la matanza de San Ramón, un ajuste de cuentas. Y, por los reportajes periodísticos del pasado lustro, cuántos más habrán dejado sus vidas en los montes sin que nadie se enterara.

El narcotráfico campea y no sólo en las fronteras. Lo de San Ramón es una muestra de la atomización de esta actividad ilícita en el país.

Una fuente relacionada con el caso Rosales confió hace poco a La Razón que lo ocurrido era sólo “la punta del ovillo”. Con urgencia, el Gobierno debe replantear ya su política de lucha contra el narcotráfico. Está visto que el actual enfoque de control de la producción de coca (siendo juez y parte) e industrialización (que nunca termina de despegar), es insuficiente. Hace falta más compromiso, fortalecimiento institucional y mejor coordinación para el combate de la droga y sus nexos nacionales e internacionales.

la crónica de La Prensa, con relación al sangriento crimen de tres serbios y tres bolivianos y la implicación narcotraficantes es Valiente. Es ùnica.

L os “peces gordos” del narcotráfico gozan de cobertura policial, como se demostró en el enfrentamiento entre integrantes de dos organizaciones rivales en San Ramón el viernes anterior, mientras el presidente en funciones, Álvaro García Linera, anuncia que se reforzará la presencia militar en la interdicción a esta actividad ilícita.

En San Ramón, presuntos policías interceptaron a William Rosales Suárez, uno de los principales “narcos” que operan en el país y actualmente desaparecido, cuya escolta estaba compuesta por tres guardaespaldas profesionales serbios y Diego Guardia Vía, cabo de la Policía, quienes fueron asesinados.

En el otro bando, el teniente Dagner Paz, oficial activo de la institución, fue identificado como uno de los agresores y fue imputado de asesinato.

Entre los 70 y principios de los 90, en el país operaron “peces gordos” del narcotráfico, como Roberto Suárez Gómez; Jorge Roca Suárez, alias “Techo de Paja”; Luis Amado Pacheco, alias “Barbaschocas”, e Isaac Chavarría, alias “Oso”.

La familia Rosales se querelló ayer por los delitos de asesinato y privación de libertad contra Paz, el ex capitán Orlando Araujo y al menos otros dos policías no identificados plenamente.

El abogado de los Rosales, Denver Pedraza, informó ayer que esa demanda se amplió contra otros oficiales en servicio activo, entre quienes mencionó a un capitán Rioja y a un efectivo de inteligencia conocido como “Masaco”.

La Fiscalía cruceña imputó ayer a Dagner Paz del supuesto delito de asesinato, después de que fuera identificado como uno de los agresores del grupo en el que Rosales Suárez se trasladaba hacia Ascensión de Guarayos el viernes. El presunto jefe narcotraficante se dirigía a esa región para saber si era cierta una información en torno a que un clan rival ofreció un millón de dólares para quien lo atrape.

Paz fue sometido a la prueba del guantelete, que determinó que disparó recientemente con la mano izquierda, en tanto que los peritajes, a decir de Pedraza, demostraron que fueron hechos por una persona zurda. Hoy se cumplirá la audiencia cautelar.

Participación militar

Por la tarde, en la clausura de la reunión de comandantes de grandes y pequeñas unidades de la Armada Boliviana, García Linera recibió el pedido de esa fuerza sobre fortalecer los puestos adelantados, crear nuevas unidades navales y de mayor apoyo logístico.

Según la agencia gubernamental ABI, el Jefe del Estado en funciones saludó “esa mirada estratégica, lúcida”, pues la amazonia boliviana es un territorio “feudalizado por los terratenientes, por familias, y amparado con la presencia del narcotráfico, el contrabando, tala de árboles, deforestación, la explotación ilegal de piedras, minerales, depredación de la fauna”, males contra los que las Fuerzas Armadas deben intervenir.

“La locomotora de la Constitución y las leyes son las Fuerzas Armadas, para la mayor presencia territorial y acabar con microejércitos de narcotraficantes y mercenarios que hubo y que están comenzando a reforzarse”.

Según la mencionada agencia, “la existencia de feudales, de redes pequeñas o medianas del narcotráfico y de sicarios en territorio ponen en riesgo la integridad territorial y la unidad patria, hechos que no deben ser permitidos, por ello tenemos que desplazar la presencia militar, que es la vanguardia de la presencia estatal”.

Un despacho de la agencia española Efe da cuenta de que los serbios asesinados el viernes en San Ramón eran guardaespaldas contratados por Rosales Suárez por recomendación de un narcotraficante de esa nacionalidad.

Ese reporte cita una publicación del diario Novosti, de Belgrado, Serbia, que confirma la identidad de los vigilantes privados como Bojan Bakula (28), Sasa Turcinovic (49), ambos de la ciudad noroccidental serbia de Ruma, donde tenían una agencia para protección de personas e instalaciones, y Predrag Cankovic (37), un serbio de Bosnia.

Cankovic participó en la guerra bosnia (1992-1995) y en la de Kosovo (1998-1999), y Turcinovic también estuvo en el conflicto kosovar como miembro de una unidad especial de la Policía.

Novosti informa que los ex combatientes de las guerras de los Balcanes son “los más buscados en el mundo” para trabajos de protección de personas.

A su turno, el diario Press, de esa nación centroeuropea, da cuenta de que cada sicario puede cobrar entre 10.000 y 30.000 dólares mensuales por realizar esa actividad de vigilancia.

El clan Rosales

Pedraza informó a La Prensa que William Rosales Suárez tenía unos 15 años en 1993, cuando fue detenido por delitos previstos por la Ley 1008.

Tres años más tarde, fue condenado a 10 años de reclusión, que debió cumplir en el penal de El Abra, en Cochabamba, pero el condenado se benefició con la fianza juratoria, fugó y prescribió la sentencia.

El 13 de junio de 2008, los hermanos Ruan, Johnny y Ronny Rosales Ágreda, sus esposas y la hija de uno de ellos fueron aprehendidos en Santa Cruz.

La FELCN se incautó de 12 viviendas, 12 vehículos, dos avionetas, armas de fuego y sistemas de comunicación satelital y teléfonos celulares, valuados en unos siete millones de dólares.

Un mes después, Rosales Suárez fue sorprendido por el grupo Delta en la intersección de la avenida Paurito y el segundo anillo cuando conducía una vagoneta Toyota Land Cruiser de nuevo modelo, valuada en 95.000 dólares.

Los uniformados encontraron en el interior del vehículo una ametralladora y una pistola de calibre nueve milímetros.

Fue condenado nuevamente a 10 años, pero, según Pedraza, una serie de argumentos legales impidieron la ejecución de la sentencia.

En diciembre de 2008, el juez cruceño Roque Leaños dispuso la liberación de los hermanos Rosales Ágreda y sus esposas, además de la devolución de los costosos bienes incautados.

Leaños fue el juez que ordenó la reclusión preventiva de las seis personas en el penal de Palmasola, pero después consideró que esa causa prescribió.

Para destacar

Desde el viernes anterior, el jefe narcotraficante William Rosales Suárez permanece desaparecido.

Por quinto día consecutivo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) guardó silencio sobre el tema.

La organización rival del clan Rosales está compuesta por paraguayos y, presumiblemente, brasileños.

William Rosales Suárez opera, aparentemente, en coordinación con traficantes de droga colombianos.

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La Razón ofrece un sumario profesional y completo sobre el tema del último suceso entre grupos de narcotraficantes. capítulo inconcluso del drama

El secuestrado William Rosales Suárez formaba parte del clan “Rosales”, que fue vinculado al narcotráfico desde hace más de 16 años. La hermana del plagiado demandó ayer la libertad de la víctima y amenazó con revelar los secretos del clan.Una fuente vinculada a la investigación recordó que el clan “Rosales” estuvo relacionado con la actividad ilícita del narcotráfico desde hace más de una década y que, incluso, algunos de sus líderes estuvieron en la cárcel.Los hermanos Robin, Ruan y Johnny Rosales Ágreda fueron acusados por el delito de narcotráfico en 1994. El 2008, un operativo antidroga logró su detención, pero el juez Roque Leaño los liberó porque el delito por el que se los acusaba había prescrito.En ese entonces se los buscaba por lavado de dinero. Una indagación de la fuerza antidroga mostró que tenían entre bienes inmuebles y vehículos más de cinco millones de dólares producto del narcotráfico. Se secuestró sus bienes, pero poco después la justicia se los devolvió porque se arguyó que los adquirieron tras el proceso por narcotráfico.

William Rosales también tiene antecedentes penales. Tiene en Cochabamba una sentencia de 10 años de cárcel por narcotráfico y, pese a ser detenido en Santa Cruz, no purgó su condena porque fue puesto en libertad por motivos aún desconocidos.“Este es un clan familiar que opera desde hace más de 10 años. El secuestrado es uno de los menores del clan. Por lo que se ve hasta ahora, tenía mucho poder”, informó una fuente policial.Un operativo delictivo ejecutado por colombianos el viernes en San Ramón acabó con el secuestro de Rosales Suárez y la muerte de seis de sus guardaespaldas, entre bolivianos y serbios; estos últimos contratados unos días antes.Hasta el momento no se conoce el paradero de la víctima, que se presume lideraba una banda de narcotraficantes paraguayos que habría revelado a la Policía la ubicación de un megalaboratorio de cocaína que estaba por operar en San Ignacio de Velasco, bajo órdenes de colombianos.Los narcos colombianos habrían ofrecido un millón de dólares en Paraguay por la captura y entrega de Rosales Suárez. Aunque tampoco se descartó que gente del mismo clan haya armado el operativo de secuestro y posible asesinato del secuestrado, según otra fuente de la indagación.Sonia, hermana del narco plagiado, estuvo ayer en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz para exigir que se dé con el paradero de su hermano. En la mañana advirtió que si no se liberaba a su familiar, revelaría datos sobre los vinculados al narcotráfico.

“Yo voy a desenmascarar todo a su debido tiempo. Yo quiero que mi hermano aparezca vivo o muerto, porque yo sé todas las cosas; mi hermano a mí me contó de la gente de su alrededor”, sostuvo, mientras que en la tarde se limitó a señalar que “estaba confundida” cuando se le pidió mayores detalles de su amenaza.Otra fuente de la pesquisa sostuvo que los grupos que operaron el viernes son “organizaciones criminales que se juegan intereses como el control de espacios de poder en esta actividad”.

“Nosotros no vamos a renunciar a la investigación, llegaremos hasta el fondo, toque a quien toque la investigación.Lo ocurrido hasta ahora sólo es la punta del ovillo”, anticipó la fuente que participa en la indagación.Otra fuente policial indicó que se activó contactos con Paraguay y Colombia para tratar de establecer nexos del clan de narcotraficantes que opera en el país.

El testigo clave es bolivianoJuan Carlos Maraz, quien sobrevivió a tres impactos de bala, es boliviano y no colombiano, como se informó inicialmente. Este ciudadano estuvo en la balacera del viernes y llevó el cuerpo de sus seis compañeros muertos hasta un retén policial. Se encuentra internado en el Hospital Japonés y se constituye en el “testigo clave” de la Fiscalía en la investigación.

Bienes por más de $us 5 millonesEn junio del 2008, el operativo “Diamante Blanco” detuvo a los hermanos Rosales con un patrimonio en bienes y vehículos superior a los cinco millones de dólares. El operativo fue el resultado de una investigación de más de cinco meses. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) secuestró 12 viviendas de lujo, 12 vehículos, entre ellos dos camiones, nueve armas de fuego de diferente calibre, equipos de comunicación satelital, celulares y equipos de comunicación interdepartamental.Además, se confiscó dos avionetas monomotor. El conjunto de bienes llegó a superar los cinco millones de dólares, que fueron devueltos a sus dueños por el juez Roque Leaños bajo el argumento de que fueron adquiridos después de una investigación y acusación por narcotráfico que prescribió contra los hermanos Robin, Ruan y Johnny Rosales.William Rosales, hoy secuestrado, fue detenido el 2008 con un vehículo valuado en más de 95 mil dólares.

Temen por la vida del ex capitán AraujoLa vida del ex capitán de policía Orlando Araujo corre peligro, porque fue uno de los identificados en el operativo criminal y secuestro de William Rosales. De ser detenido, podría constituirse en un testigo clave para esclarecer este caso, afirmó el abogado de la familia Rosales, Denver Pedraza.“Si ha sido contratado por alguien para cometer ese hecho de sangre, seguro que no quieren que hable y, si no aparece, tememos que vayan a matarlo para que no diga nada”, advirtió el abogado.El colombiano Jahir Repizo Rengifo identificó a Araujo como a uno de los miembros del grupo que interceptó, mató a seis personas y secuestró a Rosales. Incluso reveló que el plagiado lo reconoció antes de ejecutarse el operativo.“Araujo corre serio peligro, por la misma gente que lo contrató, o sea pueden intentar acabar con la vida del capitán”, insistió el abogado.La Policía busca, precisamente, al ex capitán y a otros uniformados involucrados en este caso.

Pedraza sostiene que no existe una causal de ajuste de cuentas en el secuestro de Rosales, pero considera que existen otros móviles.“No creo que hayan mandado a matarlo por ajuste de cuentas. Lo que pasa es que muchas personas, entre ellos colombianos, que estaban tras de él, le tenían miedo, le tenían mucho respeto a William Rosales”, sostiene.Pedraza, no obstante, reconoce que existió intención de acabar con la vida de Rosales Suárez. No se conoce la situación del secuestrado, aunque el viernes los plagiadores se habrían comunicado con la familia para advertirle que no reclamen por el narcotraficante.Narcos colombianos habrían ofrecido un millón de dólares por la captura y entrega de Rosales.

algo tiene que hacer el Gobierno. sostiene El Deber. la drogadicción aumenta dramáticamente afecta a chicos, jóvenes y adultos.

Droga y drogadicción
Marcelo Rivero
Cada que leo noticias vinculadas a la fabricación y tráfico de cocaína -algo que es casi a diario-, pienso que Bolivia ya llegó al punto máximo de tan ilícitas actividades. Que después del último hallazgo de un laboratorio o de la más reciente interceptación de un cargamento de 150 kilos de droga, el asunto irá disminuyendo, primero porque el organismo policial encargado de la lucha contra el narcotráfico cumplirá su objetivo en un ciento por ciento y luego porque los implicados se darán cuenta de los riesgos que corren y escarmentarán. Chasco total, en cuestión de pocas horas vuelve la cruda realidad con nuevos descubrimientos de factorías que elaboran el alucinógeno en enormes cantidades, con detenciones de traficantes, cómplices y sospechosos, además de las incautaciones que se verifican en un aeropuerto, en una vía terrestre, en la frontera, en el campo, en pueblos y ciudades de todo el país, con un agravante: ya no se trata de 500 gramos, de cinco, de diez kilos del alcaloide, ahora la cosa es de 100 kilos para arriba. Y para rematar, aumentaron las muertes de implicados en el sucio negocio, ya sea por ajuste de cuentas entre ellos, porque así como hay bandas que las van, también existen las que rivalizan a sangre y fuego, y finalmente porque chocan con fuerzas policiales.
Vivimos en permanente inquietud, es más, a punto de zozobrar como pueblo y como país merced a la inestabilidad política, a la falta de empleos, a la crisis económica que se agudiza a medida que transcurre el tiempo y que deriva en más pobreza, en rudo contraste con las promesas del masismo que antes de asumir el poder ya afirmaba que daría trabajo, seguridad, sustancial mejora de las condiciones de vida... Nada de eso se ve, lo que se ve y se sufre es esa inquietud y zozobra, que se convierten en horror cuando en un punto del vecindario el tiroteo sangriento deja sus víctimas fatales, o cuando en las terminales aéreas y terrestres empiezan los correteos porque hay ‘cacería’ de narcos o de sus ‘mulas’.
Algo tiene que hacer el Gobierno en tan crucial asunto que ha estigmatizado más a Bolivia en los últimos años, pero por sobre todo porque la drogadicción en el país aumenta dramáticamente afectando a chicos, jóvenes y adultos, que por diversas razones caen en el vicio y se multiplican por la abundancia del estupefaciente que se lo encuentra en todas direcciones y al alcance de todos los bolsillos. Este es el otro gran problema, los drogadictos, de los que el Estado se preocupa poco y nada siendo que pueden ser un capital humano quizás valiosísimo.
Algo más que echarles la culpa a los gringos debe hacer el Gobierno para combatir semejantes flagelos: fabricación, tráfico y consumo de cocaína. Ya que repudió a la DEA, que busque una fórmula salvadora antes de que todos sucumbamos a la tragedia. Si nada puede hacer para que los cocaleros detengan el crecimiento de sus cultivos, al menos que no le vendan la hoja ‘milagrosa’ a los fabricantes que tienen su laboratorio en el monte cercano, o al camionero que la lleva a las selvas de la Chiquitania o a los chaparrales del Chaco, donde la convertirán en la maldita cocaína.

qué hacer con tal cantidad de coca? todos los depósitos están copados no hay cabida posible. "patrimonio cultural" para qué?

En dos años y cuatro meses, el Gobierno decomisó y almacenó en galpones alquilados 771 toneladas de coca desviadas al narcotráfico. La coca está protegida y no puede ser destruida, por lo que se estudia proyectos para su industrialización.

La información la proporcionó el director de Comercialización e Industrialización de la Coca (Digcoin), Luis Cutipa, quien reconoció que no saben qué hacer con el producto decomisado que, antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado, era incinerado.

En los últimos 28 meses se secuestró más de 771 toneladas de coca destinadas al narcotráfico. Al margen de este total, “el año pasado se quemó 400.000 libras, cumpliendo la Ley 1008 (de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 1988), pero este año no la estamos incinerando”, dijo.

El artículo 384 de la Constitución, promulgada el 7 de febrero del 2009, reconoce y protege a la coca. “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural... en su estado natural no es estupefaciente”, refiere parte del artículo.

La mayor cantidad de coca almacenada se secuestró en operativos ejecutados en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. El producto se encuentra depositado en almacenes, en su mayoría alquilados por el Gobierno, informó el director de Digcoin.

“Una parte se guarda en Cochabamba, donde tenemos un galpón grande; en La Paz hay cuatro depósitos alquilados. En Oruro tenemos otro ambiente grande en alquiler; en Santa Cruz hay una casa en comodato con varios cuartos; en Tarija tenemos alquilados otros ambientes”, explicó la autoridad.

La coca se mantendrá en depósitos hasta que se consoliden proyectos de industrialización. Comercializadores explicaron que el producto almacenado por mucho tiempo no es apto para el consumo, por lo que necesariamente debe analizarse otras alternativas de uso.

La administración del presidente Evo Morales encara la construcción de plantas de industrialización de la coca en las zonas productoras de los Yungas y el Chapare. Se calculó que las plantas demandarán la producción de 4.000 hectáreas.

Hasta antes de la vigencia de la nueva Constitución, la coca secuestrada era incinerada en aplicación a la Ley 1008. Ahora, la estructura constitucional prevé su revalorización, producción, comercialización e industrialización.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas refiere que hasta el 2008 existían 32.500 hectáreas de coca.
Cutipa informó que, a través de una resolución administrativa del 2006, se estableció donar un máximo de cinco taques de coca (cada una de 50 libras) secuestradas, a las organizaciones sociales que lo requieran.

Encuesta del consumo de la coca

El Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza la encuesta nacional sobre el uso y consumo de la hoja de coca en hogares, que concluirá a fines de junio en su primera etapa. Los resultados serán la base sobre la cual se redactará leyes para la coca y el uso de sustancias controladas. La encuesta está financiada con 405 mil euros de la Unión Europea y 2,4 millones de bolivianos del Tesoro General de la Nación. Un estudio de la
Organización de las Naciones Unidas refiere que hasta el 2008 se contabilizó 32.500 hectáreas de coca en los Yungas y el Chapare.

Sanción administrativa a los que desvían coca

El director de la Digcoin, Luis Cutipa, informó que en lo que va del año 250 productores y comercializadores de coca fueron sorprendidos desviando el producto al narcotráfico. Los infractores fueron sancionados con la revocatoria de sus permisos de comercialización.

“Han infringido la Ley 1008 y son suspendidos definitivamente. Tenemos una reglamentación estricta para la comercialización, donde se establece que los comercializadores deben llevar la hoja a los puntos de venta identificados, pero algunos han infringido la norma”, afirmó.

Los 11.500 productores y comercializadores de coca que tienen permiso legal son pasibles a procesos administrativos y hasta a ser procesados por la Ley 1008 si destinan la coca a fines ilícitos como el narcotráfico.

Según Cutipa, hay 5.800 productores de coca en todo el país que pueden comercializar seis taques (300 libras) de coca cada mes. De este grupo, 200 afiliados fueron sorprendidos desviando coca y, consecuentemente, infringiendo el reglamento.

Por otro lado, 5.400 comerciantes detallistas pueden llevar 10 taques (500 libras) de coca. 50 de estas personas desviaron la coca al narcotráfico.
“A algunos se les ha encontrado en pozas de maceración; en sus domicilios tenían acumulación de coca”, reveló.

segmento del documento oficial producido por los Obispos en previsión de lo que pudiera sobrevenir si se acude a la violencia

"Manifestamos nuestra preocupación por la situación de conflicto y tensión que anunciar varios sectores movilizados y por el riesgo de una escalada de violencia en el país", señala el comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), leída este lunes por el Secretario General monseñor Oscar Aparicio.

Expresó la esperanza en que el encuentro que se está anunciando, entre gobierno y representantes de Caranavi, llegue a buen puerto, señalando que las conversaciones deberán basarse "en los valores de la verdad, la sinceridad, el mutuo desprendimiento y el principio del bien común".

La violencia "destruye lo que pretende defender: la dignidad, la vida, la libertad del ser humano", por lo que la Iglesia rechaza la violencia, porque "va contra la verdad de nuestra fe, la verdad de nuestra humanidad", señala el comunicado.

De igual manera, expresa la consternación de los pastores episcopales por los hechos de violencia que resultaron en la muerte de dos personas, dejó heridas a civiles y policías, y por la detención de quince personas.

"La vida es don sagrado de Dios y ningún otro principio, consigna o interés está por encima de ella", remarcan los Obispos al reiterar que "como Iglesia Católica, en comunión con la Iglesia universal, afirmamos el valor supremo de la vida, más allá de todo interés personal, sectorial o político".

En ese sentido, los Obispos se unen a las gestiones y al llamado, realizados antes del conflicto, tanto por la parroquia de Caranavi como la Diócesis de Oruro, "tratando de promover un acercamiento y un diálogo responsable entre las partes y advirtiendo sobre fatales desenlaces".