Diez razones para no legalizar la droga
Mauricio Aira
Los propagandistas de la legalización de la droga vuelven a la carga con gran publicidad después del aparente éxito obtenido en Argentina con una Ley que despenaliza la tenencia de marihuana o cannabis, no obstante la oposición firme y airada de la clase consiente de nuestro vecino. Dicen en sus falsas argumentaciones algunas mentiras que es preciso puntualizar.
Atribuyen a los EEUU el fracaso de la política restrictiva, que controla y sanciona la actividad del narcotráfico tal cual establece NNUU y tal como está vigente por ej., en los 27 países de la UE. Que tal actitud significa gastos es evidente, aunque inevitable si se quiere evitar el daño irreparable generalmente mortífero que las drogas provocan en las juventudes que caen bajo sus garras.
Una. La legalización no pondría fin a la actividad lucrativa del narcotráfico. Al quitarse las barreras legales que prohíben su comercialización saldría a flote el submundo que hoy domina la criminal actividad, haciendo florecer el mercado con ventas mayores y de los 400 mil millones de dólares que se estima el actual comercio triplicaría su volumen, sumiendo al mundo en un mar de droga.
Dos. De ser posible la reducción del precio de las drogas por una mayor ilimitada oferta el daño social por la extensión del veneno afectaría un universo inmensamente mayor al actual. El robo y la prostitución para financiar su consumo cobrarían un mayor auge.
Tres. Legalizar la droga permitiría dicen los “liberalizadores” un control de calidad. Lo que equivale a establecer una escala del efecto del veneno que de todos modos mata, aunque algún producto demore mayor tiempo que el otro. El daño irreparable sería al menos tres veces mayor.
Cuatro. Si fuera evidente que los grandes narcotraficantes se benefician con el mayor control hoy en vigencia, ¿porqué los carteles y las mafias ejecutan tal propaganda por su legalización? Salta a la vista que la “venta libre” sería motivo de su mayor enriquecimiento y empoderamiento. Si hay nuevos operativos en Latinoamérica, los expertos lo interpretan como “algo planificado” porque actúan así para reciclarse y “echar a la basura” las plantas ya obsoletas.
Cinco. Se suele generalizar cuando se asegura que en todos los niveles de gobierno una cantidad de policías, de aduaneros, de jueces y otras autoridades son comprados, sobornados o extorsionados por los narco traficantes. Es evidente que en algunos países como México, Colombia, Brasil, Perú y por supuesto Bolivia se han dado esos casos, en muchos otros, para bien de la humanidad las autoridades son incorruptibles y tienen tras suyo, un efectivo control social formado por padres de familia, por sindicatos, por gremios y políticos que garantizan las normas restrictivas.
Sexta. Donde se equivocan los despenalizadores es interpretar que con su “medida salvadora” cerrarán las cárceles y desaparecerán los asesinos, estafadores, violadores, ladrones, grupos terroristas, que los gobiernos ahorrarán los presupuestos que hoy destinan a combatir el narcotráfico, descongestionarán las prisiones donde permanecen “gentes cuyo único crimen fue el consumo de sustancias prohibidas” lo cual es tremenda falsedad. En muchísimos países lo que está penado es el narcotráfico, existe tolerancia con el consumo en muy pequeñas dosis. ¿Cuáles son las autoridades que reconocen que sus esfuerzos por la penalización apenas llegan al 28%?
Séptima. La legalización terminará con el recorte de libertades, pinchazos telefónicos, allanamientos, registro en listas negras, censura y control de armas que atentan “contra nuestra libertad”. ¿Olvidan acaso que los delincuentes incursos en el narcotráfico son los criminales de la peor especie, contra los que no cabe consideración alguna? El encarcelamiento colectivo no se termina con el control de las drogas aseguran y cabe. La liberalización dará mayor libertad… ¿a quienes?
Octava. Reconocen los liberalizadores que las guerrillas financiadas por el narcotráfico poseen millones de dólares, armas, prensa, recursos humanos que son una bomba de tiempo en Bolivia, Perú y Colombia y su próxima extensión a Venezuela, Brasil, Panamá lo que obliga a las potencias a prevenir su expansión y la peligrosidad de su agresividad. Con el respaldo de la Ley los grupos se consolidarían e intervendrían en los estados sin disimulo alguno.
Novena. De ser evidente que el consumo de drogas provoca violencia urbana, abuso policial, la confiscación de bienes, allanamientos indebidos, etc., el consumo libre sin el freno legal multiplicará por mil estos daños e incorporará a nuevos grupos hoy felizmente al margen del consumo.
Décima. El debate sobre la legalización debe continuar, al mismo tiempo que el rigor de la política restrictiva, cualquier señal en falso alentaría a los sabuesos que aguaitan cual aves de rapiña a la espera de un error, como el que acaban de cometer en Argentina, explicable tan sólo entre otras cosas por la influencia maligna de George Soros y su poderoso imperio, quién posee planes monstruosos para “obtener ganancias de pescador” en el mar revuelto de confusión que seguirá a la desafortunada medida. Debe continuar el uso de métodos y tecnología de punta la campaña educativa desde la primera edad, para prevenir, denunciar y evitar el consumo de drogas con que la criminalidad agrede a la sociedad actual.
Las experiencias parciales, reducidas a pequeños grupos de drogadictos en Copenhague, Ámsterdam y algunas comunas de Suiza terminaron en un fracaso total. Suecia en cambio ha reforzado la prohibición y la no tolerancia con una actuación más estricta y severas penalidades para los delitos relacionados con las drogas, se fomentó la educación y la participación ciudadana. Hoy el índice de consumo de droga descendió hasta ser el más bajo de todo el mundo occidental.
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