El denominado "Clan Terán" retorna a la cárcel tras una efímera libertad. Las hermanas de la asambleísta y dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Margarita Terán, Juana y Elba Terán González, están presas nuevamente por orden de la Sala Penal Tercera de la Corte de Justicia que revocó el fallo del Juzgado Cautelar de Villa Tunari del 22 de diciembre de 2008 y halló procedente la apelación de la Fiscalía Antinarcóticos, ayer. Las hermanas Terán y el concubino de Elba Terán, Tomás Veizaga, acababan de salir libres el 30 de diciembre pasado tras pagar una fianza de 150 mil bolivianos.
Pero, la Sala Penal Tercera detectó en la revisión del caso que el "Clan Terán" incurrió en varias irregularidades para obtener una medida sustitutiva a la detención preventiva. Otra anomalía que pasó por alto el Juzgado de Villa Tunari fue el subestimar la flagrancia del "Clan Terán", que fue detenido el 23 de septiembre de 2008 con 147,5 kilogramos de pasta base de cocaína, 20 mil dólares y joyas en su casa, ubicada en la comunidad tropical de San Isidro del municipio de Shinahota, en la jurisdicción de Tiraque, según lo expuesto en la audiencia. El juez, Wilfredo Torrico, consideró que si bien Elba Terán y Tomás Veizaga acreditaron contar con trabajo y domicilio conocido, las pruebas no eran idóneas, debido a que la certificación del Sindicato Agrario de San Isidro que corroboró que ambos eran agricultores no es suficiente para garantizar que los imputados se someterán al proceso.
Aunque el dirigente del sindicato, Víctor Dorado Limachi, informó que los acusados trabajaban desde hace tres años en un chaco sembrando yuca y cítricos, en un informe a la Fiscalía también expresó que la situación de los detenidos estaba siendo analizada y que sus tierras estaban en proceso de expropiación.
La Sala Penal Tercera desmereció que el juez de Villa Tunari, José Luis Dávila, haya tomado en cuenta como domicilio de la pareja la casa de San Isidro, que está incautada y, aunque sea de forma provisional, será administrada por la Dirección de Bienes Incautados. A ello se suma que se detectó que el croquis de ubicación de la casa que elaboró la Felcc del trópico sobre la casa de San Isidro, que consta de cinco hectáreas, no concuerda con la minuta presentada ante el notario. En el documento se habla de una propiedad de diez hectáreas, localizada en otro lugar y que no coincide con los límites señalados en el mapa. Según Torrico, la casa no era una prueba idónea. Pese a ello, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a través de Eleuterio Quispe hizo la verificación. Al igual que el efectivo de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, Marcelo Mita, que inspeccionó la vivienda a solicitud de la Fiscalía.
La fiscal, Claudia Mancilla, también anotó que en la notificación los detenidos fueron sorprendidos sacando enseres de la casa incautada. En el caso de Juana Terán, la Sala Tercera observó contradicciones sobre su actividad laboral. Pues, en su declaración a la Fiscalía dijo que su esposo trabajaba como mecánico en un taller por Quintanilla, pero, en su acreditación para el Juzgado de Villa Tunari dice que trabaja junto con su esposo en tareas agrícolas en los terrenos de sus padres, que viven desde hace 40 años en San Isidro. En su caso también se desestimó su quebrantado estado de salud, a causa de una dolencia pulmonar. Las hermanas Terán y Tomás Veizaga volvieron anoche al penal de San Pedro de Sacaba, donde aguardarán el juicio por tráfico de sustancias controladas previsto para marzo y en el que la Fiscalía puede pedir la pena máxima de 25 años, debido a que se considera como un agravante transportar grandes cantidades de droga.
Notificación defectuosa
La Sala Penal Tercera encontró irregularidades en la notificación que el Juzgado de Villa Tunari envío a la Fiscalía. El aviso se limitó a un comunicado en el tablero del juzgado, el 18 de diciembre de 2008, bajo el argumento de que la base de la Fiscalía está a más de 200 kilómetros. Tampoco se tomó la precaución de avisar a una de las fiscales, Amalia Cruz Vega, que a diario va al juzgado. La fiscal se enteró 15 minutos antes de la audiencia el 22 de diciembre por una llamada telefónica. Mientras que la fiscal asignada, Claudia Mancilla, conoció del hecho posteriormente. Aunque la Sala Penal observó el procedimiento, comentó que al asistir la fiscal Amalia Cruz aceptó implícitamente la errónea notificación. La Sala Penal también consideró que por la naturaleza del delito existen implicados y los acusados pueden interferir en el caso, por lo que existe riesgo de fuga y obstaculización.
GIROS A ESPAÑA
Antes de caer en manos de los agentes antinarcóticos, Tomás Veizaga realizó fuertes movimientos económicos. Entre agosto y septiembre envío unos 60 mil dólares, divididos en 2 grupos, según las primeras investigaciones. A ello se añade que el cargamento de droga estaba cotizado en Brasil en 600 mil dólares. Y que una de las hermanas mandó traer de Estados Unidos un auto de juguete para su sobrino valorado en 2 mil dólares. (la imagen y el texto son propiedad intelectual del diario Los Tiempos de Cochabamba)
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