La guerra contra el narcotráfico
Mauricio Aira
La década de los 90 del siglo pasado Bolivia había librado una guerra sin cuartel contra el narcotráfico, basada en la erradicación de miles de hectáreas de cocales del Chapare y la dictación del contravertido derecho del arrepentimiento que había durado tres meses haciendo posible el ingreso a la legalidad de los cabecillas de los grupos de narcotraficantes. Ambas acciones incidieron en la disminución de la producción de cocaína. Se puso énfasis por entonces al programa de Desarrollo Alternativo con la participación de al menos 20 países entre ellos Suecia-Finlandia y Rusia, se podría decir que un aire de esperanza y cambio aureolaba el firmamento para devolverle la dignidad a Bolivia tan traída a menos por la mala fama que le dió el alcaloide al trío compuesto por Bolivia, Colombia y Perú.
No obstante el Comité pro Cochabamba, preveyendo una baja en los ingresos económicos de la región había pedido al gobierno de entonces acciones más efectivas para que el programa en marcha pudiera sustituír en parte “las pérdidas” por el menor ingreso de divisas. Sin dejar de reconocer que la liquidación del famoso “cártel de San Ana de Yacuma” por la población en la que se habían asentado los “pichicateros” como denomina el vulgo a los narcotraficantes, convirtiéndolo en la meca de la cocaína, sitio obligado de negociación de las mafias de Colombia y Brasil. Había sido una operación combinada de la DEA y UMOPAR que tomó por sopresa la ciudad, aunque los narcotraficantes pudieron ponerse a buen recaudo alertados por soplones “desde dentro del mismo gobierno de Paz Zamora”. El cártel boliviano no había logrado armar los grupos al estilo de los carteles de Cali o Medellín.
Al abrigo de la amnistía, desde todo punto de vista ilegal, un exceso de la administración que sin embargo no fue observada por la oposición se entregaron mafiosos como Hugo Rivero Villavicencio, Edwin Guzmán, Oscar Roca, Jorge Flores, Moisés y Rosendo Naciff y otros, para evitar su extradición a los Estados Unidos donde les esperaban sendas condenadas por su comprobada actividad gansteril. Jorge Roca Suárez conocido como “techo de paja” logró ser aprendido como lo fueron en Buenos Aires los propietarios de Huanchaca Edmundo Añez y Alex Pacheco Sotomayor con la cooperación de la Policía Federal. El inicio de los 90 marcó la militarización de la represión al narcotráfico con la orden al regimiento Manchego cuyos primeros 300 soldados habían iniciado su entrenamiento militar para el rastrillaje y detección de campamentos y pistas clandestinas de aterrizaje que utilizan las avionetas de los narcos.
La cooperación internacional fue un componente importante de la realidad cochabambina. Organismos multilaterales que funcionaban en el marco del sistema de Naciones Unidad, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras vinculadas a las Iglesias, promotores del desarrollo, agencias privadas, un conglomerado de entidades de ayuda fijaron sus metas para ofrecer el hombro al Desarrollo Alternativo. Exceptuando los resultados altamente positivos que resultaron del proyecto de fomento lechero y producción de lácteos en una planta moderna con capacidad de procesar 20 mil litros de leche por día, más conocido como MILKA, el resto terminó siendo un “hermoso intento con resultados insignificantes” como lo reconociera un dignatario de Estado.
Se ha debatido mucho acerca del D.A. que algunos consideran que jamás llegó a implementarse y que hubo premura en declararlo “en coma” antes de haber arrancado. Que el D.A. tardaría varios años en ser implementado y que no era prudente quemar etapas, lo cierto es que diez años después los proyectos visibles del programa habían desaparecido, las plantaciones de hoja de coca continuaban siendo la principal actividad del Chapare y los millones de dólares que invirtieron los actores del D.A. se habían perdido irremisiblemente.
De una lectura pausada de todo lo obrado, especialmente en el caso de MILKA, debemos concluír que fuerzas ocultas, de los mismos grupos mafiosos del narcotráfico que indudablemente continúan activos en El Chapare, hicieron todo lo posible para interrumpir el proyecto que había alcanzado gran éxito y trascendencia y que amenazaba con extenderse en perjuicio de la producción de cocaína. Hoy quedan las maquinarias, en un edificio que todavía está en pie y no se puede entender que la Administración Morales trate de financiar recursos para instalar la producción de lácteos con recursos de Venezuela que no terminan de llegar.
De modo que los antiguos terrritorios de Mosetenes, Yuracarés, Trinitarios, Yuquis y Sirionós donde llevaban una vida nómada y vivían de la vegetación, la caza, la pezca y de la agricultura primitiva, y que fueron hollados y abusivamente repoblados por ex-trabajadores mineros que sembraron la coca y empezaron con la fabricación de la droga, sigue siendo el escenario de la guerra contra el narcotráfico que está lejos de haber concluído, ni siquiera con la salida obligada de la DEA, que ha sido el freno, el control y el brazo vigoroso contra la ilegalidad.
Mauricio Aira
La década de los 90 del siglo pasado Bolivia había librado una guerra sin cuartel contra el narcotráfico, basada en la erradicación de miles de hectáreas de cocales del Chapare y la dictación del contravertido derecho del arrepentimiento que había durado tres meses haciendo posible el ingreso a la legalidad de los cabecillas de los grupos de narcotraficantes. Ambas acciones incidieron en la disminución de la producción de cocaína. Se puso énfasis por entonces al programa de Desarrollo Alternativo con la participación de al menos 20 países entre ellos Suecia-Finlandia y Rusia, se podría decir que un aire de esperanza y cambio aureolaba el firmamento para devolverle la dignidad a Bolivia tan traída a menos por la mala fama que le dió el alcaloide al trío compuesto por Bolivia, Colombia y Perú.
No obstante el Comité pro Cochabamba, preveyendo una baja en los ingresos económicos de la región había pedido al gobierno de entonces acciones más efectivas para que el programa en marcha pudiera sustituír en parte “las pérdidas” por el menor ingreso de divisas. Sin dejar de reconocer que la liquidación del famoso “cártel de San Ana de Yacuma” por la población en la que se habían asentado los “pichicateros” como denomina el vulgo a los narcotraficantes, convirtiéndolo en la meca de la cocaína, sitio obligado de negociación de las mafias de Colombia y Brasil. Había sido una operación combinada de la DEA y UMOPAR que tomó por sopresa la ciudad, aunque los narcotraficantes pudieron ponerse a buen recaudo alertados por soplones “desde dentro del mismo gobierno de Paz Zamora”. El cártel boliviano no había logrado armar los grupos al estilo de los carteles de Cali o Medellín.
Al abrigo de la amnistía, desde todo punto de vista ilegal, un exceso de la administración que sin embargo no fue observada por la oposición se entregaron mafiosos como Hugo Rivero Villavicencio, Edwin Guzmán, Oscar Roca, Jorge Flores, Moisés y Rosendo Naciff y otros, para evitar su extradición a los Estados Unidos donde les esperaban sendas condenadas por su comprobada actividad gansteril. Jorge Roca Suárez conocido como “techo de paja” logró ser aprendido como lo fueron en Buenos Aires los propietarios de Huanchaca Edmundo Añez y Alex Pacheco Sotomayor con la cooperación de la Policía Federal. El inicio de los 90 marcó la militarización de la represión al narcotráfico con la orden al regimiento Manchego cuyos primeros 300 soldados habían iniciado su entrenamiento militar para el rastrillaje y detección de campamentos y pistas clandestinas de aterrizaje que utilizan las avionetas de los narcos.
La cooperación internacional fue un componente importante de la realidad cochabambina. Organismos multilaterales que funcionaban en el marco del sistema de Naciones Unidad, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras vinculadas a las Iglesias, promotores del desarrollo, agencias privadas, un conglomerado de entidades de ayuda fijaron sus metas para ofrecer el hombro al Desarrollo Alternativo. Exceptuando los resultados altamente positivos que resultaron del proyecto de fomento lechero y producción de lácteos en una planta moderna con capacidad de procesar 20 mil litros de leche por día, más conocido como MILKA, el resto terminó siendo un “hermoso intento con resultados insignificantes” como lo reconociera un dignatario de Estado.
Se ha debatido mucho acerca del D.A. que algunos consideran que jamás llegó a implementarse y que hubo premura en declararlo “en coma” antes de haber arrancado. Que el D.A. tardaría varios años en ser implementado y que no era prudente quemar etapas, lo cierto es que diez años después los proyectos visibles del programa habían desaparecido, las plantaciones de hoja de coca continuaban siendo la principal actividad del Chapare y los millones de dólares que invirtieron los actores del D.A. se habían perdido irremisiblemente.
De una lectura pausada de todo lo obrado, especialmente en el caso de MILKA, debemos concluír que fuerzas ocultas, de los mismos grupos mafiosos del narcotráfico que indudablemente continúan activos en El Chapare, hicieron todo lo posible para interrumpir el proyecto que había alcanzado gran éxito y trascendencia y que amenazaba con extenderse en perjuicio de la producción de cocaína. Hoy quedan las maquinarias, en un edificio que todavía está en pie y no se puede entender que la Administración Morales trate de financiar recursos para instalar la producción de lácteos con recursos de Venezuela que no terminan de llegar.
De modo que los antiguos terrritorios de Mosetenes, Yuracarés, Trinitarios, Yuquis y Sirionós donde llevaban una vida nómada y vivían de la vegetación, la caza, la pezca y de la agricultura primitiva, y que fueron hollados y abusivamente repoblados por ex-trabajadores mineros que sembraron la coca y empezaron con la fabricación de la droga, sigue siendo el escenario de la guerra contra el narcotráfico que está lejos de haber concluído, ni siquiera con la salida obligada de la DEA, que ha sido el freno, el control y el brazo vigoroso contra la ilegalidad.
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