Las medidas diplomáticas más arriesgadas en la relación de Bolivia con Estados Unidos se dieron con la expulsión de Usaid y del embajador norteamericano, lo que convierte a la suspensión forzada de las operaciones de la DEA en una réplica de ese primer remezón, reiteradamente anunciado por el presidente Evo Morales, quien vuelve a escudarse en acusaciones sin pruebas y un supuesto pedido de las organizaciones sociales para adoptar una temeraria determinación.
Más allá de las repercusiones diplomáticas y las consecuencias que pueda acarrear esta decisión en la cooperación norteamericana –que no es agua de borrajas–, la virtual expulsión de la policía antidrogas puede generar serias complicaciones en la lucha contra el narcotráfico.
Los efectivos de la DEA no salen a las calles a patrullar ni se internan a la selva para destruir fábricas de cocaína o interceptar cargamentos de droga. Pero estas operaciones dependen casi en su totalidad de la información de inteligencia, la tecnología y la logística que aportan los cooperantes, cuyo soporte se despliega en las áreas más conflictivas del país. Sin esa ayuda, sin los helicópteros, la gasolina (así de pobre es la Policía, no tiene ni para combustible), el armamento, la capacitación y la enorme cantidad de recursos que se despliegan en forma coordinada con la Policía Nacional, los esfuerzos propios serán absolutamente insuficientes para afrontar un problema que se está acentuando en forma exponencial.
Los últimos datos dan cuenta de que las incautaciones de droga se han multiplicado por mil y el sentido común indica que en lugar de disminuir la fuerza de combate a los narcotraficantes, se debería hacer todo lo contrario. No hay duda que los primeros en celebrar el “estate quieto” y posterior expulsión de la DEA serán las mafias organizadas. El presidente Morales quiere dar otra imagen haciendo aspavientos de los últimos esfuerzos en la erradicación de plantaciones de coca, pero en realidad, en este momento hay materia prima de sobra para inundar el país con cocaína y lo lamentable es que ahora no habrá quién detenga ese “turbión”, sin menospreciar por ello la dignidad del trabajo que realiza la Policía Nacional.
Justamente la Policía Boliviana debería ser sincera con el país y con el Presidente para advertir sobre las consecuencias inmediatas que tendrá esta decisión sobre la seguridad nacional. Estamos frente a las puertas de un gigantesco desborde no sólo del narcotráfico. Esta actividad siempre viene de la mano de los secuestros, los asesinatos, el robo de automóviles y toda una gama delincuencial que todavía está muy fresca en la memoria de los bolivianos. De la misma forma, todos recuerdan la fuerte penetración de las redes de mafiosos en la política nacional. El caso de las hermanas Terán debería ser una advertencia, a no ser que ese justamente haya sido el detonador de la expulsión.
Estamos frente a las puertas de un gigantesco desborde no sólo del narcotráfico. Esta actividad siempre viene de la mano de los secuestros, los asesinatos, el robo de automóviles y toda una gama delincuencial que todavía está muy fresca en la memoria de los bolivianos.
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