el portal EJU.TV se ha referido en términos claros a la recomendación de Naciones Unidas a Evo Morales de "ejecutar los mayores esfuerzos en la lucha contra los grandes del narcotráfico" en efecto, las frecuentes notas del Gobierno dan cuenta de numerosas detenciones de porteros, choferes, mozos, cocineros y hasta siemples peones, mientras que "los peces gordos" jamás son detenidos, siempre escapan...se burlan de la Ley en Bolivia.

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) recomendó ayer que el gobierno de Evo Morales haga mayores esfuerzos en la lucha contra las grandes redes del narcotráfico y los emisarios de las mafias internacionales.

La sugerencia indica que la administración evista deber priorizar el combate a los “peces gordos” y la protección de los parques nacionales de los crecientes cultivos de cocales ilícitos, en lugar de enfatizar la interdicción al microtráfico como se ha venido haciendo hasta el momento.

Las recomendaciones de la ONU vienen a confirmar la presencia de cárteles y clanes del narcotráfico en Bolivia, algo que los voceros gubernamentales se han empeñado en negar o minimizar.

Cabe recordar que sobre el régimen de Evo Morales pesan denuncias de una presunta vinculación con importantes capos del narco del Brasil y de Venezuela, acusaciones que llevaron a la revista Veja a definir al Estado Plurinacional como la “República de la Cocaína”.

Las denuncias mencionan también la existencia de una sucursal boliviana del Cártel de los Soles comandado por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Tentáculo que según el exiliado coronel Germán Cardona sería manejado nada menos que por el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana.

En este contexto, ¿será viable una mayor acción gubernamental contra los “peces gordos” del narco?

magnánimo El Deber deja como "posible" un impuesto a la coca, aunque luego en el mismo texto deja entender que ello sucedería cuando se tenga medida la cantidad de coca que se requiere para el acullico o sea, en buen romance "nunca", además el ministro Arce Catacora no es el impulsor de tal cosa, hubo un extenso debate en internet hace tres años y fueron cientos los ciudadanos a favor de este impuesto, el mismo que pagan todos los sectores "legales de la sociedad boliviana".

La intención del ministro de Economía, Luis Arce Catacora, de cobrar impuestos a los cocaleros del país llevó a que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aclare que solo se podría hacer esa cobranza a los cocaleros legales. El tema tiene que ver con una situación incierta, pues las leyes que establecen la cantidad de cocales que pueden existir en el país han quedado en medio de la incertidumbre, aunque nunca se las ha abrogado.

Lo que dicen las leyes es que en el país solo pueden existir 12.000 hectáreas de coca, porque ese fue el cálculo hecho en su momento sobre la extensión de los cultivos necesarios para atender la demanda tradicional de la hoja. Esa extensión figura en los compromisos que tiene el país con las Naciones Unidas, compromisos que llevaron a definir como ‘excedentarios’ a los cocales ilegales que existen, un eufemismo para no llamarlos directamente ilegales, porque se prevé que han de ser eliminados.

Los argumentos de los cocaleros ilegales para no cambiar de cultivo hicieron que esta situación se mantenga en la actual incertidumbre y deje abierta la posibilidad de que los cultivos no autorizados crezcan a voluntad, enfrentados a insuficientes esfuerzos por eliminarlos.

En 2008, la Unión Europea propuso al Gobierno elaborar un estudio para establecer, con métodos científicos, cuántos consumidores de hoja de coca, en forma de acullico, existen en el país, lo que permitiría corregir el cálculo anterior que había fijado las 12.000 hectáreas. El estudio ha sido terminado hace cuatro años, pero por alguna razón se demora la difusión de sus resultados. Salvo que hubiera sido dejado en suspenso para completarlo con nuevos datos, pero eso parece inverosímil.

Ahora que el país tiene una economía saneada, según dicen las autoridades, sería conveniente que se difundan esos datos y se pongan en práctica sus conclusiones, limitando los cultivos de coca a la extensión que corresponda.

No se trata solamente de motivaciones de afán estadístico, sino la necesidad que tiene el país de reducir los cultivos ilegales de coca para frenar de esa manera el narcotráfico, una actividad en manos de delincuentes que siembran la inseguridad y la violencia.

Y cuando se haya logrado todo eso, correspondería cobrar los impuestos que el ministro Arce ha propuesto, pero solo a los cocaleros legales, nunca a los ilegales

El Deber reclama del Gobierno que por la dignidad y la moral ciudadanas pensar en la reputación de Bolivia y atender las denuncias frecuentes contra la ilegalidad del narcotráfico

Un reportaje publicado por EL DEBER, escrito en Lima por Iván Paredes, es una revelación sobre el grado en que ha crecido el narcotráfico en Bolivia, a tal punto que se ha convertido en el territorio donde se adultera y empaqueta la droga peruana para reexportarla. El informe muestra que, como se sospechaba, este sector económico multimillonario ha instalado en Bolivia un sofisticado aparato que permite exportar en 9.000 dólares el kilo de cocaína, con un incremento del 1.000% en el precio respecto del que tiene en Perú.

La libre comercialización de productos químicos que se da en Bolivia pone a los narcoindustriales y narcotraficantes bolivianos en gran ventaja frente a sus colegas peruanos, que se han convertido en simples proveedores de materia prima semielaborada, que es la pasta base. Los datos recabados en Perú reflejan la actitud de impotencia que muestran las autoridades de ese país frente a lo que ocurre en Bolivia, donde están permitidas actividades que allí están prohibidas. 

El caso más notorio es el oro producido por la minería que en Perú se llama ‘ilegal’, y es traído a Bolivia, donde es registrado como producido por ‘cooperativas’ protegidas por la legislación boliviana.

Está pendiente todavía, respecto de la cocaína, la reclamación formal que hizo el zar de las drogas de Perú, Alberto Otálora, quien dijo que el 85% de las avionetas que sacan la pasta base del territorio del Vraem (Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro) hacia Bolivia tienen matrícula boliviana. 

La fuerza aérea de Perú, que está esperando autorización para derribar esas avionetas, bombardea regularmente las pistas clandestinas que usa el narcotráfico en territorio peruano, pero no ocurre lo mismo con las pistas que sirven a ese mismo propósito en territorio boliviano.

Todo el reportaje del periodista Paredes debería inspirar a las autoridades nacionales para meditar acerca de la reputación de Bolivia en la región, pero sobre todo para encarar con todas las armas necesarias una actividad ilegal que ha sido capaz de camuflarse y buscar padrinazgos en el país.

Lo importante es cuidar la moral ciudadana, la dignidad como un valor permanente de las personas, lo que lleva a crear condiciones para que las nuevas generaciones de bolivianos no estén condenadas a vivir en el infierno de las drogas

dos civiles, sin identificar. una operación cerca de Santa Cruz y una misteriosa aeronave en vuelo que aterriza y vuelve al aire para desaparecer. extraña crónica con nebulosa.

Dos hombres cuya identidad se desconoce murieron producto de disparos de armas de fuego durante una refriega con efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en una zona de Colonia Piraí, adelante de Chané.

Según informes oficiales, todo sucedió alrededor de las 14:00 de ayer cuando una patrulla de Umopar, integrada por unos ocho efectivos, realizaba un control de rutina luego de haber recibido información sobre la presencia de traficantes de droga y de movimientos sospechosos de avionetas y vehículos.

La información señala que poco después los policías vieron sobrevolar por el lugar una avioneta pequeña, que después aterrizó en una pista clandestina. 

Los efectivos al observar que la nave aterrizó a unos 8 kilómetros del lugar decidieron trasladarse hasta la nave, pero debido a las características geográficas del terreno no llegaron a tiempo, pues la avioneta alzo vuelo. 

Los agentes colocaron un puesto móvil de control en un camino vecinal al sospechar que traficantes descargaron una sustancia controlada. 
En ese instante apareció una motocicleta seguida de una vagoneta color blanco y otros motorizados, que levantó polvo en el camino para obstaculizar la visibilidad y evitar identificar las características. 

Según el informe, los policías hicieron las señales para que se detengan los motorizados, pero escucharon como respuesta disparos de armas de fuego cuyos proyectiles impactaron en un vehículo de la patrulla. Por ese motivo los policías hicieron uso de sus armas de reglamento precautelando su seguridad física. 

Una denuncia en MonteroEn la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Montero fue presentada una denuncia por efectivos de Umopar contra traficantes por intento de homicidio. 

Los policías pidieron que se investiguen los hechos porque sus vidas estuvieron en serio peligro. Las dos personas civiles fallecidas al parecer conforman una red de narcos que se enfrentó a tiros

no son las "golondrinas" que volvieron a hacer nido, son "los narcos que volvieron" bien camouflados al amparo que leyes masistas que les permiten transferencias de dinero, encontrar una "clase social" diferente, acomodar a sus hijos, dotarles de modernos vehículos, lo cierto es "que los operativos" no producen frutos efectivos nos lo cuenta Valverde en El Deber,SC

Cada semana sabemos de ‘operativos exitosos’ contra el narcotráfico en el país; casi nunca encuentran gente en ellos y, si lo hacen, son cuidantes o pinches reemplazables por otros iguales. Algunas veces cae detenido un responsable de cargamento, chico, pero dueño al fin; muy rara vez alguien más o menos importante y otras contadas veces supimos de ‘emisarios’ de cárteles colombianos o mexicanos detenidos. A veces parece que vivimos en una especie de ‘Arca de Noé narco’, donde el que logró sacar su cargamento trae su plata a Bolivia y está ¡a salvo! Claro, como en los años 80 o 90, los narcos han vuelto; muy democratizada la actividad, se puede ver a pequeños narcos en ‘transformers tuneados’ o en vehículos siniestrados traídos de EEUU, y a los grandes, que parecen no haberse ido nunca.

Estos, los grandes, son los que más llaman la atención, porque son ganaderos, agricultores, inversionistas que logran camuflar su actividad en otra que no deja huella: una vaca siempre será una vaca, igual que un grano será un grano en manos del que sea. Tienen actividades conectadas al campo, a la agricultura; venden semillas, están en la construcción, en el sector inmobiliario y, cuando pueden, sus hijos o ellos mismos, dependiendo de la edad, tienen llamativos comercios de ropa, autoventas, gimnasios, discotecas; se dedican a deportes extremos, automovilismo; tienen clubes de peleas de alto impacto; sus padres los inscriben en universidades donde aparentan estudiar (o lo hacen) y buscan estar ‘en todo’, a fin de mimetizarse entre la gente cuyos padres tienen actividades legales. 

Claro, no siempre logran mimetizarse porque su objetivo parece ser que los noten por su dinero; al final, la plata es plata y no importa de dónde viene en una sociedad en la que tener a veces importa mucho más que ser o saber. En 1985, la misma actividad, que volvió con fuerza a Bolivia, se llevó a uno de nuestros mejores hombres: Noel Kempff Mercado. No sé si estamos esperando que la consecuencia del ‘nomeimportismo’ se lleve a alguien más para reaccionar y pedir a las autoridades que, igual que en los ‘operativos’, investiguen como es debido y actúen en consecuencia, simplemente con el afán de cortar o dificultar un circuito que parece estar intacto. Volvieron...