magnánimo El Deber deja como "posible" un impuesto a la coca, aunque luego en el mismo texto deja entender que ello sucedería cuando se tenga medida la cantidad de coca que se requiere para el acullico o sea, en buen romance "nunca", además el ministro Arce Catacora no es el impulsor de tal cosa, hubo un extenso debate en internet hace tres años y fueron cientos los ciudadanos a favor de este impuesto, el mismo que pagan todos los sectores "legales de la sociedad boliviana".

La intención del ministro de Economía, Luis Arce Catacora, de cobrar impuestos a los cocaleros del país llevó a que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aclare que solo se podría hacer esa cobranza a los cocaleros legales. El tema tiene que ver con una situación incierta, pues las leyes que establecen la cantidad de cocales que pueden existir en el país han quedado en medio de la incertidumbre, aunque nunca se las ha abrogado.

Lo que dicen las leyes es que en el país solo pueden existir 12.000 hectáreas de coca, porque ese fue el cálculo hecho en su momento sobre la extensión de los cultivos necesarios para atender la demanda tradicional de la hoja. Esa extensión figura en los compromisos que tiene el país con las Naciones Unidas, compromisos que llevaron a definir como ‘excedentarios’ a los cocales ilegales que existen, un eufemismo para no llamarlos directamente ilegales, porque se prevé que han de ser eliminados.

Los argumentos de los cocaleros ilegales para no cambiar de cultivo hicieron que esta situación se mantenga en la actual incertidumbre y deje abierta la posibilidad de que los cultivos no autorizados crezcan a voluntad, enfrentados a insuficientes esfuerzos por eliminarlos.

En 2008, la Unión Europea propuso al Gobierno elaborar un estudio para establecer, con métodos científicos, cuántos consumidores de hoja de coca, en forma de acullico, existen en el país, lo que permitiría corregir el cálculo anterior que había fijado las 12.000 hectáreas. El estudio ha sido terminado hace cuatro años, pero por alguna razón se demora la difusión de sus resultados. Salvo que hubiera sido dejado en suspenso para completarlo con nuevos datos, pero eso parece inverosímil.

Ahora que el país tiene una economía saneada, según dicen las autoridades, sería conveniente que se difundan esos datos y se pongan en práctica sus conclusiones, limitando los cultivos de coca a la extensión que corresponda.

No se trata solamente de motivaciones de afán estadístico, sino la necesidad que tiene el país de reducir los cultivos ilegales de coca para frenar de esa manera el narcotráfico, una actividad en manos de delincuentes que siembran la inseguridad y la violencia.

Y cuando se haya logrado todo eso, correspondería cobrar los impuestos que el ministro Arce ha propuesto, pero solo a los cocaleros legales, nunca a los ilegales