A raíz de un impasse surgido por las declaraciones del arzobispo Tito Solari y el Gobierno respecto a las afirmaciones del primero en sentido de que en el Chapare existen familias y niños comprometidos con la venta de droga, se registró una ardua polémica que en términos generales ha dejado la conclusión que la lucha contra el narcotráfico es una tarea de todos, es decir de Gobierno, instituciones y ciudadanos.
Una reunión, la noche del lunes, entre el arzobispo Solari, alcaldes del trópico, el Viceministro de Defensa Social y campesinos cultivadores de coca, sirvió para poner punto final a la polémica, cuando previamente la autoridad eclesiástica se disculpaba si álguien se sintió injustamente aludido.
Lo positivo de este lío, que parecía profundizar las diferencias entre el Gobierno y la Iglesia católica, es que una vez más se evidencia que el diálogo sincero puede llevar a solucionar problemas y abrir puertas para que los problemas nacionales que aquejan al país y a la gente, como por ejemplo el narcotráfico, sean analizados desde una perspectiva del bien común, es decir, más allá de posiciones encontradas, que cuando se presentan, lo único que hacen es interferir ideas y acciones que en un clima de distensión pueden ser útiles para llevar adelante iniciativas conjuntas.
En el asunto del narcotráfico, hemos señalado en muchas ocasiones, que siendo un problema de dimensiones internacionales, cada país y cada pueblo en la proporcionalidad que le corresponde debe asumir su responsabilidad. Los centros donde se concentra el mayor consumo de cocaína tienen la obligación de desarrollar luchas contra el flagelo que demuestren resultados efectivos, controlando sus fronteras, disminuyendo los índices de criminalidad en torno al negocio del narcotráfico, estableciendo controles en su sistema financiero para evitar lo que se denomina el “lavado” de dinero y demostrar ante la comunidad internacional los planes y campañas que realizan para disminuir la dependencia de miles de consumidores de la droga.
Los países productores, como Bolivia, tienen a su vez la misión de controlar el cultivo de la hoja de coca que excedentaria va a la fabricación de la droga y de realizar los esfuerzos suficientes para acabar con las bandas del narcotráfico que se han expandido en diversos puntos del territorio nacional, según han señalado los informes de las autoridades policiales, con ramificaciones de pequeños clanes familiares.
El Gobierno, instituciones y todos el país deben realizar los máximos esfuerzos para combatir la producción de droga y al narcotráfico, y en esta misión, que ahora se ha impuesto el Gobierno desarrollarla mediante acciones internas propias y a través del control social en las zonas productoras de la hoja de coca, es importante la participación de las instituciones y de los ciudadanos. Lo peor que puede pasar a un país es caer en manos del narcotráfico, los efectos y secuelas sociales, económicas y hasta políticas se pueden observar cuando las bandas delictivas se organizan y se hacen fuertes al punto de constituirse en una especie de súper estados.
La lucha contra el narcotráfico es un tema policial y de interdicción, pero también es de inteligencia y solidaridad de toda la sociedad. Se enfrenta el narcotráfico con grupos policiales bien entrenados, bien pagados, con información adecuada para llegar o anticiparse donde están los narcotraficantes, pero es importante la acción de coordinación y ayuda con todas las instituciones.
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