Los lamentables sucesos que han tenido lugar en el Municipio de Palos Blancos, sector Marimono, en el norte del Departamento de La Paz, eran de esperarse dentro del doble escenario que significa la polémica defensa de la hoja de coca y la ineludible lucha contra el narcotráfico. Por una parte, la tácita permisividad para sembrar coca no sólo está pasando una sensible factura al Gobierno, porque a menudo surgirán oportunidades para cruzar la línea de la legalidad y acercarse a la tenebrosa red del tráfico de cocaína, sino que esta situación ambivalente está generando una violencia a todas luces previsible y peligrosamente creciente. Los recientes enfrentamientos son una prueba.
Resulta saludable conocer que el Gobierno prosigue con sus esfuerzos, así éstos sean todavía insuficientes, por erradicar los cultivos de coca que se consideran ilegales. Una muestra es la tarea que está desarrollando en el Chapare y en el propio Norte paceño, con fuerzas militares y policiales, pero está visto que tendrá que luchar contra sus mismos adeptos que se las buscan para desmarcarse de las instructivas generales. En esta perspectiva, cada vez le resultará más difícil distinguir la paja del trigo, con todas las consecuencias que esta suerte de confusión acarrea. La extrema violencia desatada en Palos Blancos demuestra que aumentará la resistencia interna a la erradicación.
Si se considera que los excedentes de la coca cultivada están expresamente dirigidos a engrosar los insumos básicos que alimentan la red del tráfico de estupefacientes, también la disminución de la extensión del área legal de cultivos se convierte en un enorme e inexcusable desafío gubernamental de cara a la desigual lucha contra el narcotráfico en la que está empeñado el país. Por tal fundamental razón resulta ineludible no sólo demostrar que la disminución de las áreas de cultivo de coca se está expresando en cifras alentadoras, sino que el sector de los cocaleros debe manifestar con hechos que asume su cuota parte en la lucha nacional contra el tráfico de drogas.
Los enfrentamientos en Palos Blancos merecen una lectura desapasionada y profundamente reflexiva. Por una parte, porque conviene resaltar el hecho que algunos sectores de productores de hoja de coca han creído que tienen carta blanca e indefinida para el cultivo de coca ilegal. Siendo esto inadmisible, incluso para un Gobierno que defiende la hoja de coca como símbolo de la cultura originaria andina, lo más lógico es que se produzcan encontrones de diverso grado entre las fuerzas de tarea disuasiva y los cocaleros. Por otra parte, está por verse si el Gobierno es capaz de superar sin mayores trámites la escalada de un conflicto interno cada vez más complejo y peligroso.
Admitir la posibilidad de autorizar a los cocaleros la siembra de un cato de coca ilegal y excedentaria -como pretenden en Palos Blancos- a sabiendas que el producto se dirige a la fabricación de droga, vendría a corroborar la actitud cómplice de un Gobierno de doble moral. Por el contrario, dar pruebas concretas y responsables de que la erradicación de coca excedentaria se cumple de modo decidido y a pesar de las dificultades, en Palos Blancos y en cualquier otro punto del país, alentaría esperanzas de una lucha antidroga boliviana de mejores perspectivas, especialmente si se cuenta con la cooperación internacional adecuada. Ello evitaría la previsible escalada de la violencia.
Con pruebas de que la erradicación de coca se cumple a pesar de las dificultades, se alentaría esperanzas de una lucha antidroga de mejores perspectivas.
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