(Valiente editorial del diario cochabambino Los Tiempos)
El hecho de que más de 600 pueblos o comunidades rurales estén involucrados en el tráfico de cocaína, tanto en el oriente como en el occidente del país, según publicación de nuestro colega el diario "La Prensa" de La Paz, sobre la base de investigaciones propias y cifras proporcionadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, pone al descubierto el acelerado crecimiento de este negocio ilícito desde el año 2006 a la fecha, fruto a su vez del incremento de los cultivos de la hoja, situación que puede generarle serios contratiempos al gobierno del Movimiento al Socialismo, surgido precisamente del sector de los productores de coca, además de empañar la ya bastante golpeada reputación de Bolivia y los bolivianos en el seno de la comunidad internacional. De acuerdo con la versión periodística de referencia, el titular de la FELCN sostuvo que se están realizando tareas para "concienciar" a dichas poblaciones sobre la ley antidroga, luego de haberse presentado casos en los que las comunidades campesinas e indígenas, o incluso sus autoridades, se involucraron directa o indirectamente en la elaboración de cocaína o tienen información sobre el narcotráfico, pero no hacen denuncias ante las instancias correspondientes. El fenómeno se registra a lo largo y ancho del territorio, en vista de que en Potosí hubo casos en los que las familias o autoridades trasladaron droga a la frontera con Chile para intercambiarla por vehículos con los traficantes, revelando que el tráfico de la droga se está relacionando con el contrabando de vehículos. Peor aun, en los últimos dos años se detectaron 330 pueblos involucrados en Cochabamba, la mitad situada en la zona cocalera del Chapare, mientras que en el departamento de Santa Cruz hubo 119 casos, y en el de La Paz y El Alto, otros 82, entre los más importantes. Al respecto, el dirigente aymara Elías Quellca dijo que esas comunidades son "extorsionadas" o "amenazadas" por los traficantes, en tanto que el líder indígena Adolfo Chávez señaló que hay "ingenuidad" y hace falta que las poblaciones sean instruidas por la policía. Por su parte, el máximo dirigente de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos apuntó que "hay de todo, buenos y malos campesinos, y buenos y malos dirigentes que se dejan azuzar por los narcotraficantes para brindarles protección". Como fuere, el problema no sólo existe, sino que se expande en una magnitud que debiera inquietar a las autoridades nacionales, salvo que prefieran permanecer en la pasividad por compromisos de carácter político, porque de seguirse en este tren, no tardará el momento en que el régimen en su conjunto sea tildado de traficante internacional del alcaloide que se obtiene de la maceración y tratamiento de la coca, extremo que hasta desencadenaría vetos u otro tipo de medidas en el resto del planeta, que al par de afectarle en su condición de gobierno electo, significaría un duro revés para la República y sus habitantes. En este sentido, más vale prevenir por tarde que pareciera que lamentar, como dice el adagio popular.
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