Alerta máxima

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En Bolivia se insiste en llamar “emisarios” a los peligrosos narcotraficantes que hace mucho vienen operando en el país y que han demostrado de lo que son capaces de hacer con el asalto a un carro blindado de la empresa Brinks a finales de marzo. El Gobierno reacciona así para no alarmar a nadie, pero lamentablemente no son pocos los que creen que detrás de esa mirada complaciente existen ciertas consideraciones que despiertan sospechas.

Por si quedaran dudas sobre el alcance de este fenómeno, el lunes quedaron todos estupefactos con un impresionante robo en Paraguay, donde la víctima fue otra compañía de transporte de caudales y la forma de operar de los criminales, muy parecida. Aparentemente los autores pertenecen al mismo cártel, el Primer Comando de la Capital (PPC), la mayor organización narcotraficante de Brasil, el principal mercado de la cocaína que se produce y se trafica en América del Sur.

Inmediatamente después de producido este atraco, en el que participaron 50 sicarios fuertemente armados, la ministra de Seguridad de la  Argentina, Patricia Bulrrich ordenó blindar la frontera con Paraguay y Brasil, países que junto con Bolivia -según dijo-, están bajo el acecho del PPC, que prácticamente controla el negocio de las drogas en esta región. Su reacción, según explicó, obedece a una nueva política de frenar el avance de estas organizaciones que han crecido exponencialmente en el continente y que también estuvieron complicando la seguridad en su país.

Precisamente las autoridades nacionales acaban de lanzar el grito de alerta después de estos hechos, al que debe sumarse el asesinato de un capo narcotraficante brasileño el pasado jueves en una avenida céntrica de Santa Cruz. Han solicitado un encuentro de “alto nivel” con Brasil y Paraguay, con el objetivo de “evaluar los asaltos a gran escala” que han involucrado a los tres países y aparentemente perpetrados por la misma organización criminal”. 

Es obvio que hace falta trabajar en conjunto para luchar contra el crimen, pero antes que nada es necesario empezar con la sinceridad con la que ha abordado el tema la ministra argentina y por supuesto, como han procedido en varias ocasiones los brasileños, que han militarizado en varias ocasiones los límites con Paraguay y con Bolivia, donde presumiblemente no está funcionando como debe la lucha contra las drogas. 

Lo que ha ocurrido con esos atracos es una señal muy grave que muestra el crecimiento de las mafias, que una vez consolidado el negocio principal de las drogas se expanden hacia otras actividades delictivas como el secuestro, los asaltos, el lavado de dinero a través de redes de prestamistas y el tráfico de personas, crímenes que han estado generando noticias con demasiada frecuencia en nuestro país y que hacen difícil creer que se trata de las fechorías de simples “emisarios”. Al parecer, el consenso existe en el vecindario para abordar con seriedad este problema y en eso Bolivia tiene mucho qué aportar.

Lo que ha ocurrido con esos atracos es una señal muy grave que muestra el crecimiento de las mafias que una vez consolidado el negocio principal de las drogas se expanden hacia otras actividades delictivas