abrumados por la noticia política de Soza, de Ormachea, del Vice García y Boa, del juicio que en SC no va, ni atrás, ni adelante, olvidamos recabar información sobre la Asamblea celebrada en Viene por los miembros de la Convención contra la Droga y el Crimen.

Bolivia rechaza la despenalización

Mauricio Aira

Bolivia concurrió como otros 174 países a la última Asamblea de NNUU contra la Droga y el Delito y ratificó como la casi totalidad de naciones, su voluntad de continuar luchando contra el tráfico de drogas y desechar toda idea de legalizar las mismas. Al mismo tiempo los delegados bolivianos han ratificado los grandes principios de la Convención contra las Drogas, conviene por tanto, refrescar nuestra mente acerca del gran riesgo para la salud a nivel mundial que representa el narcotráfico.

Los problemas que origina el consumo tienen todavía que ver con el VIH/SIDA, la hepatitis, la tuberculosis, el suicidio, la muerte por sobredosis y con las enfermedades cardiovasculares. Recordar que al menos 3 millones de seres humanos consumidores de drogas inyectables son seropositivos. Los enfermos con SIDA se infectaron en un gran porcentaje mediante inyecciones con droga.

Por desgracia en nuestro medio, no todos saben que el sector más vulnerable al consumo masivo de drogas se da entre jóvenes y adolescentes, sea por la presión que ejerce sobre ellos el medio en que actúan, sea la curiosidad de drogarse, o la baja autoestima por diversos factores especialmente problemas familiares, económicos, de convivencia. En Bolivia la atención a los toxicómanos es todavía insuficiente, no se toma en cuenta que se trata de la salud y no simplemente de la represión a los narco consumistas.

Otro punto de la agenda ha sido comprobar que los grupos delictivos transnacionales han establecido redes mundiales, que obtienen enormes utilidades merced a los ilícitos, las extorsión, las amenazas, grupos que han incursionado en la trata de personas, especialmente mujeres y niños para convertirlos en esclavos y prostitutas, en contrabandear armas, traficar con drogas y en algunos casos con materiales de alta peligrosidad. Estas agrupaciones corrompen y sobornan a funcionarios públicos, cometen fraudes y blanquean enormes sumas de dinero.

Focalizada la atención públicas en la resonancia de los grandes escándalos públicos derivados de BOA, Ormachea, Soza y el acoso judicial en contra de familias especialmente cruceñas, no hemos reparado en las recomendaciones de la Convención de Viena por la cual los gobiernos combatan a los grupos delictivos uniéndose hasta lograr un tratado poderoso contra la delincuencia organizada y que abarcaría la lucha contra el tráfico ilegal de armas, de emigrantes y personas y por supuesto contra la droga y el crimen.

Bolivia se ha comprometido penalizar la corrupción y los delitos de empresas y sociedades que actúan dentro de estos grupos delictivos organizados. A tomar medidas contra el blanqueo, acelerar trámites en casos de extradición, proteger a los testigos que ofrecen testimonio de los ilícitos, estrechar la cooperación entre países vía Interpol y otros también en previsión de hechos delincuenciales y en la formulación de medidas para combatir actos concretos de estas mafias.

No vamos a explayar los detalles del gran acuerdo, aunque sí subrayar el combate contra el blanqueo de dinero. Los expertos recomiendan establecer mecanismos para regular las instituciones bancarias. Prohibir cuentas  bancarias anónimas, o con nombres falsos. Establecer unidades para reunir, analizar y difundir información sobre el blanqueo. Finalmente la Convención ha reiterado el uso de procedimientos adecuados en la extradición de delincuentes, concertando acuerdos entre naciones para hacerlos más eficaces. Registros (listas negras), incautaciones, facilitación de documentos originales en base a un “banco de datos”, admisión de testimonios técnicos, videos, internet, testimonios irrefutables.

Es de esperar que la recomendación de informar al público sobre estos delitos incluyendo la trata de mujeres y niños, también en forma preventiva hacia posibles víctimas o grupos de riesgo, sobre los castigos a los delincuentes y los peligros de vida y salud que corren las víctimas.

Se trató por tanto de asuntos urgentes e importantes que no han trascendido en nuestro país a los medios, menos al colectivo sujeto vital de este mundo de iniquidades que sigue a la Droga y el Crimen que las Naciones Unidas persiguen y condenan.