"los excedentes van nomás a la cocaína llegando a límites muy peligrosos" afirma LTD cuando se refiere al informe sobre la coca que no debe tardar.

La Ley 1008, de la década de los 80, dispone que los cultivos legales de coca no excedan las 12.000 hectáreas.  Por ello, desde entonces se procedió a la destrucción de los cultivos excedentarios en un escenario de conflicto y elevados grados de violencia.

La resistencia a esa disposición y a la erradicación generó dos tipos de percepciones: una, el convencimiento de que los excedentes están destinados a la producción de cocaína y sus derivados, la otra, que la erradicación responde a una estrategia imperialista para someter a los productores de coca. En ese escenario, el movimiento cocalero del país ha  trabajado con contundente éxito, pues ha logrado aumentar la extensión permitida de áreas de cultivo sin modificar la ley y ha creado un instrumento político y ha obtenido una contundente victoria electoral en 2005 bajo la dirección de su líder y actual presidente del Estado.

Pero, los excedentes de coca van nomás a la elaboración de cocaína y sus derivados, llegando a límites muy peligrosos por sus implicaciones internas y externas, por lo que el mismo gobierno considera necesario reducir cultivos y, sobre todo, controlar el destino del producto. Así, aceptó una ayuda de la Unión Europea para realizar un estudio independiente sobre consumo tradicional de coca, cuyos resultados, durante dos años, el gobierno ha eludido difundir.

Pero, ahora parece que será imposible que lo siga haciendo... y, de acuerdo a los trascendidos, el consumo tradicional sería satisfecho con la producción de áreas bastante menores incluso a la extensión permitida por la Ley 1008.

Esto implica que ha llegado la hora del sinceramiento y de elaborar una nueva estrategia con seriedad y visión de futuro.

los fiscales tienen nombres de los presuntos autores de las muertes. son dos Juan Bascopé y Miguel Piluy bolivianos. recordemos que los heridos han sido 30 y 4 muertos, y sólo identifican a dos, no puede ser, no hay lógica aquí en Apolo actuaron muchos y las afirmaciones de Evo, de Romero, del Jefe Policial de tratarse de "peruanos, colombianos" caen por el saco roto. es que nos dicen cualquier cosa. cambian la versión siempre.

La comisión de fiscales que investiga el ataque armado a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Apolo el 19 de octubre, emitió ayer mandamientos de aprehensión para al menos seis productores de coca de esa localidad, entre ellos dos autoridades regionales, quienes se encontrarían prófugos.

“Para fines de investigación la comisión de fiscales ordenó la aprehensión de seis personas, de las cuales dos son autoridades de la región”, confirmó el fiscal Leopoldo Ramos.

Ramos ratificó que los prófugos y buscados por la Policía Boliviana fueron sindicados por otros implicados en la emboscada, quienes se encuentran con detención preventiva en la cárcel de Patacamaya.

“Es posible, los que victimaron en la comunidad de Miraflores serían bolivianos entrenadas por Sendero Luminoso, porque esa gente nunca dispara en el brazo o el pecho, sino en la cabeza y ocultan su identidad, por eso usan pasamontañas”, dijo el Fiscal.

Detalló que por la forma como fueron torturados y asesinados el suboficial inicial de la Armada Boliviana, Willy Yujra Mamani y el médico que brindaba asistencia humanitaria, no sólo a la FTC sino a la comunidad, Michael Olivares Porrez, de rodillas y con disparos en la frente y el rostro, se trata de una ejecución.

“Estas personas están identificadas y se trata de los bolivianos Juan Bascopé y Miguel Piluy, quienes emplearon las armas de fuego para victimar”, precisó.

Entre las pruebas que maneja la comisión de fiscales están los audios de Radio Madidi, donde esos dirigentes convocan a la población a la resistencia armada para la defensa de la coca ilegal, ‘que por supuesto está destinada a las actividades ilícitas”, dijo.

Sendero Luminoso

El canciller David Choquehuanca manifestó ayer que su despacho no tiene información oficial de su similar de Perú o de otra instancia sobre la presencia del grupo Sendero Luminoso en Apolo o inmediaciones en la provincia Franz Tamayo.

“No he escuchado al Fiscal que afirme tajantemente que ellos (integrantes de Sendero Luminoso) estarían entrenando a los colombianos (narcotraficantes). Pienso que la misma Fiscalía está en proceso de investigación, es la Fiscalía la que nos tiene que hacer llegar oficialmente un reporte, nosotros somos el conducto regular”, dijo.

Harold Olmos se refiere al famoso estudio que está siendo reclamado por la Unión Europea desde hace tres años. estudio que ojalá revele la verdad sobre la coca. cuánta es necesaria para el acullico? y el resto? tendrá que ser erradicado sin vuelta de hoja, para empezar toda la del Chapare. Esta es la madre del cordero!

Hay un suspenso que tiene de puntillas a buena parte del país ante el estudio sobre  la coca que ha sido financiado por la Unión Europea y cuya divulgación lleva tres años de atraso. Conocer ese estudio se ha vuelto más apremiante con los sucesos sangrientos en Apolo,  toque de clarín para un fenómeno solo disimulado por la avalancha persistente de sucesos que acaparan efímeramente la atención pública antes de ser sustituidos por otros y desaparecer. La muerte de cuatro personas (asesinato, dijo el ministro de Gobierno; reacción a abusos policiales, dicen los pobladores) pone un epitafio a la pretensión de eliminar el fenómeno o rencauzarlo pacíficamente hacia un nivel controlable. 

El negocio de las drogas está afincado en el país, tiende a crecer y combatirlo está más allá de la capacidad de un gobierno. En Colombia, la producción y el tráfico de drogas derivaron en una guerra interna de años, que ha llevado a una alianza con Estados Unidos para evitar que el Estado sucumbiera al poder de los cárteles. Un punto crítico del estudio, al escribir esta nota aún desconocido, es la extensión de cocales necesaria para el consumo interno y tradicional, el argumento básico contra la erradicación que endosaron organizaciones europeas y entidades multinacionales.

A la hora de la verdad, el Gobierno ha vacilado, evitando publicar el informe. Hay versiones recurrentes de que para las necesidades domésticas bastarían de 6.000 a 8.000 hectáreas, una fracción de las 25.300 hectáreas que supuestamente suman las plantaciones, según Naciones Unidas, 31.000 hectáreas, de acuerdo con otros informes, y casi el doble, de acuerdo con datos no oficiales. Se estima que la producción de dos tercios de esas extensiones va a la fabricación de cocaína.


El Gobierno Plurinacional está ante un terrible dilema: erradicar y enajenarse el apoyo de sus fieles aliados cocaleros o enajenarse el de quienes creyeron su promesa de erradicación.  El presidente Morales reconoce que la sobreproducción se destina a la cocaína y que en Apolo,  donde muchas comunidades tienen plantaciones, hay fabricación de droga. El problema no se presenta fácil, pues los apoleños dicen que sus plantaciones son legales, pero se las utiliza para compensar lo que no se erradica en otras regiones productoras, una referencia apenas velada al Chapare, de cuyos cocaleros el mandatario es también presidente. El problema es un desafío, del que los sucesos de Apolo pueden ser solo una muestra de la magnitud del témpano que estaría empezando a emerger.

la cocaína es un producto que está envenenando las relaciones de Bolivia en lo interno y en lo externo. lo de Apolo es otra muestra más del estrecho nexo entre cocaleros y narcotraficantes. Carlos Mesa en LTD

El sangriento episodio vivido en Apolo revela la verdadera naturaleza del problema de la coca en el país. La muerte de cuatro personas y las heridas de 32, casi todos servidores públicos de la Fuerza de Tarea Conjunta, es parte de un drama que arrastramos desde hace casi medio siglo.

En Apolo lo que quedó claro es el estrecho nexo entre productores de coca y narcotraficantes. Relación que es imposible de romper por la simple y sencilla razón de que una parte mayoritaria de la coca producida se transforma en droga. ¿Una excepción? No, una constante que es perfectamente aplicable a las otras zonas productoras del país.

Todos sabemos, empezando por el Poder Ejecutivo, que la parte del león de la producción de la hoja se la lleva el narcotráfico para convertirla en cocaína en sus diversas formas. Hasta hoy no ha sido posible contar con un estudio objetivo, independiente y de buena fe, sobre los requerimientos reales que tiene Bolivia para el consumo tradicional y la producción industrial existente.  En el pasado los dirigentes cocaleros boicotearon los esfuerzos de varios Gobiernos por llevar adelante ese estudio. Hoy, desde el Gobierno, no han mostrado excesivo entusiasmo en que ese trabajo imprescindible se haga. Vivir en la oscuridad y la incertidumbre ha sido una receta que los cocaleros aplauden, porque de ese modo mantienen una cortina de humo sobre las cifras reales que requerimos para nuestro consumo legal.

A esto se ha sumado un discurso ya insostenible sobre el carácter ritual y sagrado de la hoja, otra coartada perfecta para que productores y traficantes vivan en el mismo mundo de intocabilidad. Pero más temprano que tarde los hechos se desnudan en su esencia. El control de áreas geográficas, la discrecionalidad de cultivos, la libre circulación de narcos en las áreas de cultivo y la casi total impunidad de los verdaderos dueños del negocio, son algunas de sus características.

El Gobierno del presidente Morales no puede sostener por más tiempo una situación que comienza a estallarle en la cara. Las autoridades han usado para el caso de Apolo exactamente los mismos argumentos de varios Gobiernos democráticos: “Tengo información de que son extranjeros que están usando a dirigentes… se comenta que hay colombianos y peruanos” ha dicho la primera autoridad del país. En 2003, el Gobierno del presidente Sánchez de Lozada dijo exactamente lo mismo cuando se detuvo en el Chapare al colombiano “Pacho” Cortez. Entonces, el hoy Presidente y su partido defendieron a Cortez a capa y espada.

¿Por qué debiéramos suponer que la situación en Yungas o Chapare es distinta de la de Apolo? ¿O es que la totalidad de la producción en ambas zonas va al consumo tradicional? ¿No es un hecho demostrado que autoridades gubernamentales permitieron o hicieron ellos mismos desvíos importantes de hoja de los mercados legales? ¿Mediante qué mecanismos y qué relaciones se entrega la producción excedentaria en estas zonas a los criminales que la convierten en cocaína? ¿Cómo llega esa hoja de coca a las fábricas de droga en –por ejemplo– ciudades como El Alto o Santa Cruz? ¿No hay una relación directa de causa y efecto entre la producción ilegal y el incremento más que preocupante de la violencia urbana en nuestras principales urbes?

La coca es mucho más que ritualidad y cosmovisión andina, es un negocio espectacular, es poder sindical, es poder político, es uno de los pilares de sustentación esenciales del actual proceso político. Más que eso, sin el movimiento político-sindical de los cocaleros en el periodo 1990-2005, era simplemente impensable que Evo Morales condujera los destinos del país. No fue el único motor, sin duda, así lo evidencian las masivas votaciones que logró en 2005 y 2009, pero sus candidaturas fueron posibles por la plataforma que le dio la coca.

Hay que insistir incansablemente en que no es verdad que la hoja se haya popularizado como afirmación de una identidad y un pasado idílico. El consumo masivo y el acullico que hoy practican millones de compatriotas fue impuesto por la colonia española. Los colonizadores descubrieron muy pronto que los indígenas que acullicaban demandaban menos alimento, resistían más tiempo en el duro trabajo minero y producían más. La coca fue usada no como camino espiritual, sino como mecanismo de opresión.

Mientras la política mundial sobre el tema no cambie, el país tiene que asumir que estamos sentados en un polvorín. Para cambiar la actitud de todos sobre el tema, hay que terminar con mentiras, medias verdades y un uso político y económico de un producto que está envenenando desde hace muchos años nuestras relaciones internas y externas. 
Apolo ha puesto la verdad en la superficie. Negarla sería suicida.

El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/  
Twitter: @carlosdmesag

será que Evo Morales está cansado de la coca? sería algo fuera de serie. en todo caso ha reconocido que proclamar "que viva la coca" no es de actualidad, se puede vivar al palmito, a la piña, a la naranja pero no a la coca, eso ya no está de moda. (?)

FREDDY LACIO/EFE -  flacio@eldeber.com.bo

En un acto en el corazón de la región productora de coca del trópico cochabambino, el presidente Evo Morales afirmó ayer que gritar ‘causachum coca’ (viva la coca, en quechua) está “pasado de moda” porque, posiblemente, nuevos cultivos han desplazado en importancia a la considerada hoja sagrada de los incas, reportó la agencia EFE.

La posición del mandatario surgió justo cuando el embajador de la Unión Europea, Timothy Torlot, volvió a exigir al Gobierno la presentación del estudio integral de consumo de hoja de coca en el país, que la administración de Morales viene posponiendo desde hace tres años, y ahora que la ciudadanía está consternada por la muerte de cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que cumplía labores de erradicación en una región paceña.

“Tal vez hay que decir causachum piña, causachum naranja o causachum palmito. Creo que estamos equivocados gritando causachum coca. Creo que ha pasado de moda eso", expresó el mandatario en un acto realizado en Lauca Ñ, municipio Shinahota del trópico cochabambino.

Poco antes, Morales, que continúa como presidente de las seis federaciones de cocaleros de la región, expresó: “A lo mejor ya no es importante la coca en Chapare”, y pidió a sus bases respetar las parcelas autorizadas para la siembra del arbusto (1.600 metros cuadrados), señalando que bajo su administración no habrá libre cultivo de la planta, según EFE.

Analistas desconfían

En opinión del politólogo Jorge Kafka, la posición del presidente se debe a la proximidad de las elecciones de 2014. “Una de las principales debilidades de Morales es su relación con el sector cocalero. El poder de este sector en Chapare es evidente en el aparato gubernamental y esa vinculación no lo favorece”, manifestó el analista, que sostiene que otro factor para el cambio de discurso es la no presentación del estudio del mercado de hoja de coca en Bolivia, que exige la UE. 

Por su lado, el constitucionalista Carlos Hugo Molina cree que la declaración de Morales es un reconocimiento de que hay una deuda del Estado boliviano con la comunidad internacional por no presentar hasta ahora el informe de consumo de coca en el país.

“Este es un mensaje duro para quienes hasta ahora han sostenido una libertad irrestricta de ciertos grupos, con la complacencia de ciertos niveles gubernamentales”, argumentó Molina.

Ayer, el embajador Timothy Torlot expresó su malestar porque la UE espera desde 2010 que el Gobierno entregue los resultados del estudio sobre consumo de coca en el país. Por su lado, el líder del MSM, Juan del Granado, afirmó que el informe establece que en el país solo son necesarias 6.000 hectáreas de coca, frente a las 20.000 que exigen los cocaleros.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en 2012 informó de que el primer estudio presentó deficiencias metodológicas, por lo que se solicitaron ocho estudios complementarios. El plazo para el informe finalizaba este mes, pero el Gobierno lo pospuso sin fecha 

Analizan instalar puesto de control

 El Gobierno analiza la posibilidad de instalar un puesto militar o uno policial en la población de Apolo y en la frontera con Perú.

Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, “se justifica un control fronterizo militar, posiblemente apoyado por otras instituciones, pero si hay narcotráfico ahí la decisión tendrá que orientarse por establecer un regimiento de Umopar (Unidad Móvil de Patrullaje Rural)”. 

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, indicó que el puesto militar servirá para evitar que extranjeros ingresen a la zona para asentarse en territorio boliviano. Por su parte, el puesto de Umopar tendrá la tuición de controlar la coca ilegal y el narcotráfico. Mientras tanto, permenecen los rastrillajes con un grupo militar de élite.

   Sobre el hecho    

IGLESIA CATÓLICA SE PRONUNCIALa Conferencia Episcopal de Bolivia pidió el esclarecimiento y debidas sanciones a los implicados en los asesinatos ocurridos en la localidad de Apolo.

La ONU, PREOCUPADALa coordinadora del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, Katherine Grigsby, calificó como “preocupante” la violencia desa-tada en Apolo.

Evo Defiende a campesinosEvo Morales dijo que quienes victimaron a los cuatro miembros de la FTC no son miembros del movimiento campesino, sino extranjeros. 

Cocaleros decidirán extensiónUna cumbre de cocaleros será la que defina la cantidad de hetáreas necesarias en Bolivia, señaló el senador oficialista Fidel Surco. 

Hay contradicciones sobre una prueba

 La semana pasada el Gobierno anticipó que algunos cocaleros de la provincia Apolo iban a defender sus cultivos con armas de fuego. La prueba era un voto resolutivo firmado por la dirigencia del lugar, que tras la muerte de los cuatro miembros de la FTC se constituyó en la principal prueba por la que se imputó a los detenidos.

Sin embargo, con nueve detenidos preventivos y 12 arrestados, contando a los que llegaron ayer a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la prueba no aparece en el cuaderno de investigaciones, mientras que los fiscales que investigan el caso se contradicen sobre su existencia.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, denunció alarmado el jueves anterior que los apoleños resistirían la erradicación. “Un grupo de productores de Apolo decidió armarse para defender sus cocales. En una resolución piden el retiro inmediato de la FTC. Esta es una amenaza grave”, dijo Cáceres.

El dirigente apoleño, Gregorio Cari, que fue imputado por inducir a la violencia con ese voto resolutivo, negó que hubiera firmado el dictamen y acusó al Gobierno de falsear su rúbrica para involucrarlo en el hecho de sangre. 

Las investigaciones aún no establecieron quiénes dispararon contra los erradicadores de la FTC. El fiscal Leopoldo Ramos dijo que mostraría la resolución “una vez que me traigan el cuaderno de investigaciones, donde existe una declaración manifiesta, escrita, que señalan que van a resistir con armas”. EL DEBER esperó, pero el cuaderno no llegó.

Fernando Villarroel, otro de los cuatro fiscales que investiga el hecho de sangre, indicó que no conoce la supuesta resolución. “La comisión desplazada en La Paz ignora este hecho. No tenemos ninguna constancia de un voto resolutivo que cursa en el cuaderno de investigaciones presentada”, aseveró.

Los otros dos fiscales de la comisión llegaron ayer a La Paz con los últimos ocho detenidos desde ese municipio. Luego de indagar en el lugar de los hechos, los fiscales traen armas desenterradas, casquillos de bala, municiones, muestras de la sangre derramada y ropa, para presentarla como pruebas de lo sucedido.

Ayer se denegó la acción de libertad de Gregorio Cari, que permanece con detención domiciliaria en La Paz.

El Dia nos ofrece una historia muy humana de las víctimas de "la emboscada de Apolo", por ello reproducimos el texto y la foto que acompaña la crónica.

Le mandó su amor incluso cuando la vida se le iba a borbollones por la herida de bala que recibió en la emboscada a una patrulla de la antinarcóticos Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) el fin de semana último en una zona conocida como Miraflores cerca de la población de Apolo, en el oeste de Bolivia, cerca de la frontera con Perú.

'Quiero que le digan a mi esposa que la amo, que le mando un beso', alcanzó a decir, con el último hálito, el subteniente Óscar Gironda Porres antes de expirar en brazos de un compañero que lo llevaba en andas en un intento de sacarlo del fuego cruzado a que fue sometida la patrulla de la FCT en Miraflores, en el eclipse del sábado último.

Como todo quien sigue la carrera de las armas, Gironda Porres sabía que todos los días oscilaba entre la vida y la muerte.

El que no lo sabía era el médico Michael Olivares Alba que había recibido instrucción para sostener la vida a cualquier costa.

Menos que Gironda Porres, por su especialidad el marino Wily Yucra Mamani y más aún el policía Johnny Reynaldo Quispe Chura, sabía o al menos intuía que la parca podía emboscarlo en cualquier recodo del camino.

Oriundo de Cochabamba, Olivares Alba se incorporó a esa patrulla el 17 de octubre, 2 días antes de morir, según el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, torturado y rematado por encapuchados, lo más seguro, narcotraficantes.

'Los habían golpeado salvajemente y, al parecer, han sido ejecutados con disparos de arma de fuego. Uno, al parecer, tiene un orificio de ingreso de arma de fuego en la sien derecha y, el otro, tiene un orificio al parecer de arma de fuego en el ángulo derecho de la nariz. Esto lo tendrá que determinar el médico forense, pero el estado, los golpes de los cuerpos en las cabezas, ¡Dios nos libre, una acción totalmente salvaje!', relató el funcionario en un intento por graficar la ruindad de los 'masacradores'.

Olivares Alba venía de contraer nupcias en junio último y, lo más probable, antes de partir a Apolo meció a su vástago de 3 meses de edad, balbuceó una fuente cercana a los deudos.

Formado en la Facultad de Medicina de la universidad pública de Cochabamba, Olivares Alba, de 32 años, se había titulado en 2010 como médico cirujano y como tal apoyaba en la Sanidad Operativa del cuartel antidroga en la central población de Chimoré, donde hizo su año de provincia, requisito ineludible de los galenos bolivianos para ejercer la profesión.

En virtud a un contrato laboral de 10 meses, se puso a la orden en los Servicios Médicos en Campamento para la FTC del Chapare. Su tarea se enfocada en la salud de los soldados erradicadores de plantaciones ilegales.

La Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico hubo contratado un seguro de vida para Olivares Alba.

Como ninguno de los 4 asesinados en la encerrona de Miraflores, el subteniente Eddy Triveño Corrales salvó la vida de milagro, pese a la saña que exhibieron los encapuchados.

'Se encontraba con un disparo de arma de fuego en la boca, le habían metido el arma en la boca y le habían disparado y el disparo choco con la placa dental subió el proyectil hacia un costado de la nariz cerca del ojo, felizmente no llegó al ojo y por estas bendiciones de Dios no logró penetrar la bala al chocar con la placa dental, desvió hacia arriba y le faltó velocidad. Triveño ha sido trasladado y se encuentra internado en este momento en la ciudad de La Paz', narró, con indisimulable impotencia, el viceministro Pérez.

Apenas recuperen la salud, el uniformado Jesús Ortega y el teniente coronel José Luis Mercado Flores podrán narrar el terror de Miraflores.

bajo el Penoco se inquieta por la insistencia de los medios oficiales en señalar presencia peruana en Apolo aunque no exhiben prueba alguna. qué será? se pregunta

 Los organismos de seguridad del Estado están manejando un mismo discurso y trabajan bajo una sola coordinación en relación a los sucesos de Apolo. Todo apunta a los supuestos narcotraficantes peruanos que estarían detrás de los disparos que han cobrado la vida de cuatro personas, tres de ellos uniformados que estaban cumpliendo trabajos de erradicación. 

Las autoridades reaccionaron rápidamente para cerrar la frontera con Perú y raudamente exigieron a sus pares del vecino país que colaboren con las investigaciones para dar con el paradero de los culpables, vinculados no solamente a grupos de narcotraficantes sino también a algunas facciones de Sendero Luminoso. Un diputado de los Yungas advierte que Bolivia se estaba convirtiendo en productor de droga y el ministro de Salud afirma que los disparos realizados en Apolo fueron cometidos por francotiradores debido a la precisión y a la letalidad de los mismos. 

Muchas veces se han producido en el país denuncias sobre el accionar de bandas internacionales de narcos. Brasil ha militarizado sus fronteras para impedir el paso de la droga. Chile y Argentina también tomaron medidas extremas. Algo raro pasa esta vez que ha desatado como nunca la voluntad y el profesionalismo de nuestras autoridades. ¿Será la competencia peruana?

muestran los crímenes de Apolo la magnitud del negocio de la droga y la debilidad del Régimen para enfrentarlo. comunidades yungueñas defienden "la fuente de su prosperidad" según LT en su alegato NARCOTRAFICO Y VIOLENCIA pidiendo un gran esfuerzo serio y respondable del Gobierno que debe responder al desafío.

Ante retos enormes, como lo es éste, lo que corresponde es un gran esfuerzo nacional, un pacto que pase por encima de cualquier otra consideración

Una serie de noticias provenientes durante los últimos días de los más diversos lugares de nuestro país ha vuelto a confirmar que ya está entre nosotros la temible confrontación de fuerzas entre un Estado débil y las cada vez más poderosas y agresivas organizaciones vinculadas a todas las fases del negocio del narcotráfico.

Asesinatos, secuestros, desaparición de personas, aparición de cadáveres descuartizados y con huellas de torturas, casos de los que regularmente da cuenta la prensa nacional, principalmente de Santa Cruz, son una manifestación del fenómeno.

Linchamientos, ajustes de cuentas y las más diversas actividades delictivas protagonizadas por jóvenes en los principales centros poblados del trópico cochabambino, son otras de las formas como se expresa el mismo fenómeno.

Si se añade los resultados que arrojan los esporádicos y vistosos pero poco efectivos operativos ejecutados por los organismos responsables de la lucha contra el narcotráfico, como la destrucción de laboratorios, se tiene un cuadro completo de la desproporción que ya ha alcanzado la relación entre la magnitud del negocio de la producción y comercialización de drogas ilegales,  y la debilidad y vulnerabilidad de las instancias estatales encargadas de hacerle frente.

Esas formas de violencia son una manifestación externa de un mal que poco a poco está socavando las bases de la convivencia civilizada y crean las condiciones para que el poder económico y las redes sociales que se tejen alrededor de las ganancias fáciles que generan las actividades ilícitas salgan de todo control.

Una muestra de lo dicho es lo que desde hace unos días viene ocurriendo en la localidad de Apolo, en los Yungas paceños, donde ya no son sólo los productores de coca, sino comunidades íntegras que durante los últimos años han ido fortaleciéndose alrededor de la lucrativa producción de coca y sus efectos multiplicadores, quienes no dudan en recurrir a la lucha armada para defender la fuente de su prosperidad.

Así, desde la violencia de la que son protagonistas pandillas juveniles en las calles de las principales urbes del país, hasta enfrentamientos como los de Apolo ahora, como Caranavi o Yapacaní hace no mucho tiempo, son diferentes manifestaciones de un mismo fenómeno, que corresponden a eslabones también diferentes de una misma cadena productiva, la que va desde los cultivos de la materia prima, pasando por la elaboración, hasta la comercialización a pequeña, mediana y gran escala del producto terminado en los mercados internos y hacia los del exterior.

Un mínimo de sensatez, imprescindible ante retos enormes como lo es éste, exige un gran esfuerzo nacional, un pacto capaz de pasar por encima de cualquier otra consideración. Por eso, no es serio ni responsable atribuirle toda la responsabilidad al Gobierno de turno, sea éste o cualquier otro, como lo hacen las principales expresiones de la oposición, así como tampoco es aceptable que en su afán por banalizar el problema las autoridades gubernamentales no tengan mejor idea que atribuir el mal, como todos los males, al imperialismo o a la oposición.

Sepamos responder a este desafío antes de que sea tarde.

muertos DOS, heridos diezyseis. causa. resisten erradicación en Apolo. denuncias extorsión en la Aduana de la Coca. conflicto no termina.

El Ministerio de Gobierno informó que este domingo a la 13: 15 falleció el Policía Jhonny Reynaldo Quispe Chura, de 29 años, en la Clínica Rengel de esta ciudad, donde recibía atención de emergencia después de haber sido alcanzado por un impacto de arma de fuego en la emboscada que un grupo irregular armado perpetró en contra de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) cuando procedían a erradicar plantaciones ilegales de hoja de coca en la población de Apolo, 450 kilómetros al norte de la sede de gobierno.

Según reporta el Ministerio de Gobierno, el Policía Quispe fue trasladado el sábado desde Apolo con diagnóstico de impacto de proyectil de arma de fuego en la región abdominal con orificio de ingreso en la región abdominal superior y orificio de salida en el abdomen superior y perforación hepática, en el páncreas e intestino grueso.  

El sábado, el ministro de Gobierno Carlos Romero confirmó que el asalto provocó inicialmente la muerte del sub teniente de Ejército de la FTC, Oscar Gironda, con un impacto de bala en la región precordial –cerca del corazón– presumiblemente ejecutada con precisión por un francotirador, además de haber provocado al menos 16 heridos.

El Acta de Autopsia practicada al cuerpo sin vida del Sub Teniente Gironda establece que la muerte fue provocada por una perforación y trauma torácico abdominal penetrante con arma de fuego que provocó una laceración del bazo y del pulmón que derivó en un shock (choque) hipovolémico severo.  

la hoja viró maldita. titula Lupe Cajías su enjundioso artículo de la que fue "sagrada" en medicina y rituales, "maldita" cuando es usada para intereses de grupo o de personas. historia que tiene mucho de verdad. linchamientos, volteos, asesinatos, ricos desalmados y violentos. coca maldecida

A principios del siglo pasado, un tradicionalista paceño recogió la leyenda de la coca: sagrada para quienes la usasen en los rituales ancestrales o como medicina; maldita para aquellos que la aprovechasen para sus propios intereses. Aunque se acredita que el mito es antiquísimo, quizá el autor leyó que el brillo verde primitivo se podía convertir en venenoso polvillo blanco. Domingo Lorini, padre de la farmacopea nacional, había advertido que la cocaína provocaba adicción y estados anímicos decadentes, desde la violencia descontrolada a la locura.

Hace una centuria comenzó a circular en el mundillo bohemio local el sofisticado consumo de la ‘cocó’, como la apodaron desde los barrios porteños. Me contaba don Flavio Machicado que en los 40 se juntaban señoritos para asistir dopados a funciones en los teatros de moda. Hace unos 50 años aparecieron las primeras noticias sobre factorías de cocaína criollas. Algunas investigaciones en los 60 culpaban del ilícito negocio a migrantes árabes. En aquellos años se dieron las primeras relaciones explícitas entre el poder político (la dictadura militar) y el tráfico de estupefacientes. En 1980, los narcodólares financiaron a generales y coroneles metidos en el golpe de Estado. Consumos, fábricas y complicidades que crecen desde entonces y que desde 2006 han encontrado el más terrible cauce para el pueblo boliviano y su futuro.

Hasta 1998, los cocaleros –sobre todo los productores en Chapare– aparecían como el eslabón más débil del circuito coca-cocaína, casi víctimas de un sistema de libre mercado donde ellos ponían la materia prima, agobiados por una persecución de doble moral que los quería arrinconar mientras el jale aumentaba en las metrópolis.

Desde hace un lustro, cuando se dio rienda suelta a la producción de coca, la economía ilegal se ha fortalecido; los parques nacionales (con el Tipnis como última resistencia) se han llenado de catos y pesticidas; una nueva clase social (oligarcas, los llamó hace poco Filemón Escóbar, sin siquiera los dulces encantos burgueses) captura al Estado y se convierte en un duro y antidemocrático núcleo político.

Un acusado de exportar cocaína es activista masista en Palos Blancos; el encargado de controlar la venta renegocia lo incautado; en tierras cocaleras los linchamientos son continuos; un pistolero de 28 años tiene 24.000 dólares en el bolsillo. Nuevos ricos desalmados y de mal gusto, consumistas, violentos en la vida cotidiana, dirigentes en los penales, asesinos de jóvenes estudiantes; coca maldecida

mientras cocaleros de Yungas denuncian extorsión y malos tratos, cocaleros del Chapare quieren el cargo de Cutipa, las "bartolinas" exigen lo suyo "juicio justo para Cutipa y defienden alinterino Yuri

El ejecutivo de la Federación Centrales Unidas del trópico de Cochabamba, Rolando Vargas, informó que en consenso con las Seis Federaciones eligieron a Modesto Condori para que se haga cargo de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin), en reemplazo de Yuri Garamendi, posesionado el viernes pasado. El exdirector Luis Cutipa es investigado y está detenido por denuncias de cobros irregulares y desvío de la hoja de coca decomisada al narcotráfico.

No obstante, manifestaron que el nuevo nombramiento deberá ser avalado de forma orgánica este domingo en el ampliado de las seis federaciones que se realizará en Lauca Ñ, con la presencia del presidente Evo Morales y otras autoridades nacionales.

Durante este ampliado de Lauca Ñ, los dirigentes de los productores de coca del trópico anticiparon que se tratará el caso de Cutipa, dirigente de esta región que a propuesta de este sector dirigió Digcoin desde 2006.

Para analizar este tema y concertar un nombre, que reemplace a Cutipa, ayer se había anunciado una reunión de los dirigentes de las seis federaciones, la misma que no se realizó, según indicaron, por problemas de convocatoria.

Vargas anticipó que una vez que tengan los resultados de las investigaciones que le sigue el Ministerio Público a Cutipa, presentarán la documentación de Condori –dirigente del trópico- para que sea posesionado en el cargo, dijo a radio Kawsachun Coca.

El secretario General de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Omar Claros, dijo que los ejecutivos de las seis federaciones se reunieron el 8 de octubre pasado donde se consensuó el nombre de Modesto Condori, como nuevo director de la (Digcoin), aunque este tema quedó pendiente para ser evaluado.

“En una reunión hemos designado a Modesto Condori, porque tiene un gran recorrido desde la fundación de las organizaciones sociales, es un compañero que estuvo siempre con nosotros, ha sido honesto con la causa y por eso confiamos en que no va a defraudar a la organización”, afirmó Vargas a radio Kawsachun Coca.

Ante la posesión, el pasado jueves, como director interino de Digcoin de Yuri Garamendi –un abogado de Oruro- la coordinadora de las mujeres de las Seis Federaciones del Trópico (Cocamtrop) Segundida Orellana, remarcó que está autoridad está legalmente como interino, “es una designación temporal, después de eso nosotros podemos designar”.

“Debemos esperar que la justicia haga su trabajo, hasta que eso suceda no podemos tener una posición, tal vez la justicia sale a favor del hermano Luis Cutipa, hasta mientras no podemos decir nada”, sostuvo la representante de las mujeres en alusión a la intención de los cocaleros de los Yungas de La Paz de ocupar ese cargo a través de alguien designado por ellos.

Garanmendi fue posesionado de forma interina debido a que Cutipa se encontraría gozando del derecho de vacación desde el 4 de octubre pasado, por 20 días, y no puede ser removido del cargo en este período.

Ante lo sucedido con Cutipa, los cocaleros de los Yungas de La Paz, reclaman para ellos esa dirección, alegan que los cocaleros del Chapare, a los que representaba Cutipa, “se aplazaron”.

El presidente de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas de La Paz (Adepcoca), Ernesto Cordero, señaló a la red Erbol que pedirán al Gobierno hacerse cargo de Digcoin.

“Los hermanos del Chaparé dieron un mal examen en esta dirección; no puede ser de ellos, además no pueden agarrarse un cargo estatal. Nosotros como Yungas vamos a sugerir que manejemos nosotros para dar un examen”, declaró Cordero.

Fiscal analiza citar a Nuñez

El exviceministro de la Coca y Desarrollo Integral Dionisio Núñez podría ser convocado en calidad de investigado por las presuntas irregularidades denunciadas en la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin).

El fiscal del caso Roger Velásquez dijo a ANF que en los próximos días se ingresará a la etapa de evaluación de las declaraciones recabadas y elaborará un cronograma de personas a ser citadas.

“En una investigación seria no se descarta (citar) absolutamente a nadie, si tiene que ser convocado (Dionisio Núñez) en calidad de investigado pues va a serlo”, manifestó.

El representante del Ministerio Público aclaró que la exautoridad aún no prestó declaraciones ni en calidad informativa ni mucho menos de investigado. Insistió que en la nueva etapa de declaraciones se definirá si se lo cita o no a Núñez.

El exviceministro de la Coca y Desarrollo Integral rechazó las denuncias de desvío de coca decomisada a actividades ilícitas y de cobros indebidos por licencias de comercialización de coca.

Señaló que la coca entregada a las organizaciones sociales, para sus congresos o ampliados, se lo hizo a través de solicitudes firmadas.

coincido con Emilio Martínez. la coca como instrumento de extorsión. arma terrible de presión que usan los funcionarios de la coca, socorridos por una estructura policial que asusta a los productores, a los distribuidos y quizá también a los consumidores de la coca. apenas empieza a develarse el monstruoso montaje de extorsión.

El escándalo en la Dirección General de la Coca (Digicoin) y el reconocimiento público de la vicepresidenta del oficialista MAS, Concepción Ortiz, de que los movimientos sociales adscritos a su partido reciben coca incautada, plantea un escenario por demás preocupante: el desvío de la “hoja milenaria” hacia el narcotráfico por parte del mismo Estado.

cabeza invisible del monstruoso extorsionador

Es sabido que más del 90% de la coca producida en el bastión presidencial del Chapare va a parar al narcotráfico, según datos de la ONU, y que en porcentajes algo menores hay un desvío importante también de la coca de los Yungas.

La novedad, siempre sospechada pero ahora confirmada, es que buena parte de ese movimiento de hoja hacia el circuito de la cocaína es operado desde el sector público, algo que complica aún más al gobierno de Evo Morales, considerado por varios analistas internacionales como cabeza de un “narco-Estado”.

¿Qué control puede haber de las grandes donaciones de coca a los movimientos sociales? ¿Cómo saber que no se les está entregando materia prima como método de financiamiento? ¿Estamos ante verdaderas tropas de choque narco-sindicales?

El panorama se vuelve aún más sombrío al saberse que el titular de Digicoin que ahora está en el ojo de la tormenta, Luis Cutipa, es considerado dentro del sector cocalero como “mano derecha” del presidente Morales.

El régimen cocalero va quedando al descubierto…(el entretítulo es nuestro.blog propio)

notishots@gmail.com

el activo diputado opositor Adrián Oliva no cesa de esclarecer, de reclamar, de actuar saliendo por los fueros de la legalidad.

Previus. Al pasar por la famosa "aduana de la Coca de Sacaba" detenido por la fuerza de las circunstancias, algo así como en 6 oportunidades, me puse a observar la actitud de los cocaleros que ingresaban a la oficina del "vista aduanero" un funcionario ejerciendo de jefe de operaciones, pagaban por el valor de "unos formularios" e ingresaban uno por uno en busca de la firma autorizada. el "vista" encomendaba a uno de los 10 o 12 guardias en fila que verificasen si lo "declarado estaba conforme" salía el guardia, trepado al camión, o camioneta, o tractor, contaba los amarros de coca y muy de prisa regresaba a la oficina del Jefe. en aquel momento circulaba "la coima" una determinada suma de dinero, según la cantidad de los bultos de coca, y asunto arreglado. los que no tenían para pagar, o no pagaban lo suficiente sufrían "el decomiso de su coquita" hasta tanto pudieran "redimir la pena" o sea volver con el dinero más una multa por el perjuicio. ahora, a varios años de mis observaciones Adrián Oliva denuncia sobre "la existencia de un mercado ficticio de comercialización", nadie nunca, sabrá cuánto dinero se recolectó, o se recolecta, ni el destino final de esa "recaudación", cuando ejercían los carabineros, se sabe que la recaudación benefició directamente primero al Director, al Subdirector, al Inspector General, a cada uno de los miembros del Alto Mando policial, en lo departamental al Jefe, Subjefe, etc., semana tras semana, como lo tengo narrado en alguno de mis libros,  y en sendos artículos por revelación del coronel Valdivieso, "jefe de la aduana de Sacaba" en 1984 y 1985." Eso sí, terminaba la lista de "beneficiarios" se buscaba la dimisión del responsable, puesto que el nuevo Jefe debería empezar las entregas por estricto orden de jerarquía dentro de los Carabineros.

Esta "aduana de la coca" maquiavélico invento de los tiempos del "movimientismo arribista" no hablamos del verdadero MNR, perduró por tiempo indefinido. los estadounidenses con sus programas de "erradicación de la droga" contribuyeron, quiero pensar que de modo ingenuo y crédulo a que el "sistema funcionase" puesto que en el fondo era una forma de "recompensar al sacrificado cuerpo de carabineros" por su contribución a la Paz y el Orden. M. Aira.

El Jefe de Bancada por Convergencia Nacional (CN) en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Adrián Oliva dijo a Radio FIDES que el Gobierno del presidente Evo Morales no autoriza realizar operativos y controles antinarcóticos en el Chapare para no incrementar los índice de producción de coca ilegal que se planta en esa región. En ese marco, señaló que Sacaba sería un mercado ficticio de comercialización de la hoja sagrada, toda vez que ésta se destinaría en gran parte al narcotráfico.

“Está muy claro que en el Chapare no se incauta cocaína porque no se opera en el Chapare, no se investiga, no se actúa en el Chapare. Está claro que  la materia prima de la cocaína, en gran parte, porque también hay coca de los Yungas que se desvía al narcotráfico proviene del Chapare y ese mercado que es ficticio porque no comercializa la coca que se produce en la región lo que hace es poner en evidencia que la misma va al narcotráfico”, sostuvo el parlamentario.

Además, Oliva reveló que Tarija es el segundo departamento con mayor consumo de coca y tomando en cuenta la reducida población que posee en comparación al resto del país podría convertirse en un punto importante para el narcotráfico.  

“Imagínate, en un  departamento que no llega al 4% de la población de todo el país es el segundo mercado con cerca del 16% del consumo de la coca, es decir que la coca que está llegando a Tarija también está siendo destinada al narcotráfico”, dijo.  ERBOL.LP

dos nuevos elementos en el estado-narco

diputados apadrinan a narco-libanés, Aduana no ve nada

Hay algunos que se apresuran a afirmar que el Gobierno boliviano está ligado directamente con el narcotráfico, sobre todo cuando aparecen noticias como la del ciudadano libanés George Chabic, a quien se le secuestró un cargamento de 400 kilos de cocaína que estaba por embarcarse a África.

 Pero siempre hay que remitirse a los hechos. El supuesto narco fue hallado en poder de pases de circulación con el nombre de los diputados del MAS, Samuel Pamuri y Donato Callisaya, quienes han reconocido ante la Fiscalía que ellos entregaron esos documentos. 

Pamuri también admitió haber sugerido a Chabic para ejercer el cargo de cónsul honorario en Líbano por los antecedentes del extranjero como militante del MAS desde el 2005. El parlamentario ha dicho que su propuesta surgió cuando el presidente Morales les pidió a los militantes del partido sugerir nombres de personas que hablen idiomas extranjeros para sumarlos al servicio exterior. 

Otro dato que debe tomarse en cuenta es que, el contenedor en el que iba la droga del libanés, fue precintado y autorizado a salir del país por la Aduana Nacional sin haber pasado antes por el control respectivo en la Ciudad de El Alto. Simplemente hechos.

si ayer fue OPINION que llamó la atención por la aparición de un narcopoblado de 35 casas, hoy le toca a LOS TIEMPOS referirse a lo mismo "esa realidad debe ser enfrentada por ello se lanza ALERTA en todo el país"

De un tiempo a esta parte, abundan las informaciones sobre decomisos de drogas ilícitas, detección de narcotraficantes, descubrimientos de fábricas e incluso algunas poblaciones en las que en todas las viviendas se habría encontrado utensilios para su fabricación.

Estas noticias, provenientes de fuentes oficiales, tienen un lado bueno: las oficinas encargadas de la represión están funcionando y logran, pese a las limitaciones, impedir que mucha droga ilegal circule por el país y el mundo.

Sin embargo, tiene su contraparte y ésta es no sólo mala sino altamente explosiva. Que una población ubicada en una zona fronteriza esté dedicada a la fabricación de droga ilegal y, se puede presumir, su comercialización, da muestra de que la ilegalidad ha penetrado en todo el tejido social. Además, se observa un creciente empoderamiento de dirigentes comunales que, sin efectivo control social, policial y jurídico, pueden ir por el camino del delito. No se puede olvidar que en estas zonas fronterizas la ilegalidad se ha convertido en una forma de subsistencia porque mucha gente está involucrada también en la actividad del contrabando.

Desde otro enfoque, de acuerdo a varios estudios nacionales e internacionales, la droga que se incauta es una parte bastante menor de la que es transportada y comercializada. Es decir, si hay un aumento en los volúmenes de incautación, significa que hay un incremento mayor en la producción de drogas.

También debe preocupar la develación por parte de las oficinas encargadas de la represión al tráfico ilegal de drogas, que los cabecillas que se van identificando como responsables de la fabricación o traslado de importantes volúmenes de droga ilegal (que pocas veces pueden ser arrestados porque logran escabullir la acción policial) han logrado establecer, en ese trabajo de penetración al que se hace referencia, vínculos con autoridades del Estado y dirigentes políticos del oficialismo, relacionamiento que les ayuda a desarrollar sus ilícitas actividades.

En este recuento, todo este andamiaje se conecta, finalmente, con poderosas y violentas mafias que se encargan del destino final de este comercio ilegal, que tienen capacidad de mantener influencia en varias regiones del planeta. En este sentido, la trama que estamos viviendo en el país se reproduce con diferentes intensidades en la región, como en Perú, de donde ingresa al país un volumen importante de droga que, de acuerdo a fuentes oficiales, pasa a Brasil y a Argentina. En este país se denuncia en forma permanente el incremento del tráfico de droga ilegal con las secuelas de violencia y corrupción que deja. O en Venezuela, donde acaba de descubrirse a jerarcas de sus fuerzas armadas comprometidos con el comercio de droga ilegal.

Es esa realidad —que no ha podido ser modificada desde la década de los 70— la que, en un macro de creciente concertación regional, debe ser enfrentada sin clichés ideológicos porque, de una parte, salvo a los delincuentes a nadie más conviene mantenerla y, por el otro, sus mafias tienen la capacidad de penetrar en las sociedades sean sus gobiernos liberales, nacionalistas, populistas o socialistas. Por ello, la alerta es para el país y la región.

la cocaína se ha desplazado. poblaciones rurales alejadas con asiento de las factorías. solo en un pueblo de 35 familias, se encontraron 35 fábricas o al menos centros de actividad ilegal. OPINION lanza su voz de alarma por el nuevo fenómeno

Informes proporcionados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) dan cuenta que durante operativos realizados entre el 24 y 27 de septiembre en localidades rurales de Cochabamba, se descubrieron y destruyeron 19 fábricas de cocaína y también encontraron marihuana.

Este informe debe ser analizado desde dos ámbitos. Uno a partir del trabajo que desarrollan los policías antidroga y el otro, el número de las fábricas donde se produce cocaína e incluso las plantaciones de marihuana.

En el primer caso se tiene que destacar el trabajo de las fuerza antidroga porque los operativos que se cumplen periódicamente señalan que mediante inteligencia y recopilación de información correspondiente a estas labores, se registran las intervenciones a poblaciones rurales. Las recientes acciones se centraron en comunidades de la provincia Ayopaya de Cochabamba, todas alejadas de las capitales provinciales y de difícil acceso por las condiciones de caminos y de transitabilidad. El trabajo de la fuerza antidroga se desarrolla, según se conoce, en condiciones también complicadas por la hostilidad de grupos de comunarios que tienen controlada las zonas y que hacen de vigilantes para advertir sobre la presencia de los policías e incluso advertirles que no deben ingresar al sector mediante megáfonos.

En todas estas acciones, si bien se han destruido las fábricas, se ha decomisado droga, precursores y armas, pero no se ha logrado capturar a los cabecillas o a gente vinculada con la producción de cocaína ni a los cultivadores de marihuana.

El otro lado de estos operativos da a entender que la producción de cocaína se incrementa, principalmente en comunidades rurales alejadas, donde seguramente, bandas de narcotraficantes han observado estos sitios como propicios para desarrollar la ilícita actividad, por las condiciones geográficas de difícil acceso y también por las condiciones sociales de grupos poblaciones de escasos recursos económicos que se convierten en cómplices o actores principales del narcotráfico.

La complicidad de grupos de comunarios es un elemento que debe motivar la preocupación de las autoridades nacionales y de las que están encargadas de la lucha contra el narcotráfico, porque de pronto existe el riesgo, si es que no se ha registrado ya, de que poblaciones rurales sean copadas por el narcotráfico, porque la resistencia mostrada por campesinos a las acciones policiales, con el derribo de árboles en los caminos, las voces de amenaza a los policías y otras muestras de hostilidad, no dejan lugar a duda de que existe gente organizada en estas poblaciones y que ayudan al narcotráfico.

Si bien la policía antidroga realiza los esfuerzos necesarios para combatir al narcotráfico, estos esfuerzos quedan en el campo específico de la interdicción, porque no logra capturar a los cabecillas de las fábricas de producción de cocaína y a otras personas que están trabajando directamente con los narcotraficantes.

El número de fábricas descubiertas y destruidas, es un aspecto que llama la atención, pues si bien los operativos policiales muestran que se intensifican, el hecho también está en la proporcionalidad de estas acciones con la proliferación de los lugares donde se fabrica la droga. Ambos elementos y la ubicación y desplazamiento del narcotráfico a otras zonas, más allá del trópico cochabambino, añaden mayores preocupaciones.