De un tiempo a esta parte, abundan las informaciones sobre decomisos de drogas ilícitas, detección de narcotraficantes, descubrimientos de fábricas e incluso algunas poblaciones en las que en todas las viviendas se habría encontrado utensilios para su fabricación.
Estas noticias, provenientes de fuentes oficiales, tienen un lado bueno: las oficinas encargadas de la represión están funcionando y logran, pese a las limitaciones, impedir que mucha droga ilegal circule por el país y el mundo.
Sin embargo, tiene su contraparte y ésta es no sólo mala sino altamente explosiva. Que una población ubicada en una zona fronteriza esté dedicada a la fabricación de droga ilegal y, se puede presumir, su comercialización, da muestra de que la ilegalidad ha penetrado en todo el tejido social. Además, se observa un creciente empoderamiento de dirigentes comunales que, sin efectivo control social, policial y jurídico, pueden ir por el camino del delito. No se puede olvidar que en estas zonas fronterizas la ilegalidad se ha convertido en una forma de subsistencia porque mucha gente está involucrada también en la actividad del contrabando.
Desde otro enfoque, de acuerdo a varios estudios nacionales e internacionales, la droga que se incauta es una parte bastante menor de la que es transportada y comercializada. Es decir, si hay un aumento en los volúmenes de incautación, significa que hay un incremento mayor en la producción de drogas.
También debe preocupar la develación por parte de las oficinas encargadas de la represión al tráfico ilegal de drogas, que los cabecillas que se van identificando como responsables de la fabricación o traslado de importantes volúmenes de droga ilegal (que pocas veces pueden ser arrestados porque logran escabullir la acción policial) han logrado establecer, en ese trabajo de penetración al que se hace referencia, vínculos con autoridades del Estado y dirigentes políticos del oficialismo, relacionamiento que les ayuda a desarrollar sus ilícitas actividades.
En este recuento, todo este andamiaje se conecta, finalmente, con poderosas y violentas mafias que se encargan del destino final de este comercio ilegal, que tienen capacidad de mantener influencia en varias regiones del planeta. En este sentido, la trama que estamos viviendo en el país se reproduce con diferentes intensidades en la región, como en Perú, de donde ingresa al país un volumen importante de droga que, de acuerdo a fuentes oficiales, pasa a Brasil y a Argentina. En este país se denuncia en forma permanente el incremento del tráfico de droga ilegal con las secuelas de violencia y corrupción que deja. O en Venezuela, donde acaba de descubrirse a jerarcas de sus fuerzas armadas comprometidos con el comercio de droga ilegal.
Es esa realidad —que no ha podido ser modificada desde la década de los 70— la que, en un macro de creciente concertación regional, debe ser enfrentada sin clichés ideológicos porque, de una parte, salvo a los delincuentes a nadie más conviene mantenerla y, por el otro, sus mafias tienen la capacidad de penetrar en las sociedades sean sus gobiernos liberales, nacionalistas, populistas o socialistas. Por ello, la alerta es para el país y la región.
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