El sangriento episodio vivido en Apolo revela la verdadera naturaleza del problema de la coca en el país. La muerte de cuatro personas y las heridas de 32, casi todos servidores públicos de la Fuerza de Tarea Conjunta, es parte de un drama que arrastramos desde hace casi medio siglo.
En Apolo lo que quedó claro es el estrecho nexo entre productores de coca y narcotraficantes. Relación que es imposible de romper por la simple y sencilla razón de que una parte mayoritaria de la coca producida se transforma en droga. ¿Una excepción? No, una constante que es perfectamente aplicable a las otras zonas productoras del país.
Todos sabemos, empezando por el Poder Ejecutivo, que la parte del león de la producción de la hoja se la lleva el narcotráfico para convertirla en cocaína en sus diversas formas. Hasta hoy no ha sido posible contar con un estudio objetivo, independiente y de buena fe, sobre los requerimientos reales que tiene Bolivia para el consumo tradicional y la producción industrial existente. En el pasado los dirigentes cocaleros boicotearon los esfuerzos de varios Gobiernos por llevar adelante ese estudio. Hoy, desde el Gobierno, no han mostrado excesivo entusiasmo en que ese trabajo imprescindible se haga. Vivir en la oscuridad y la incertidumbre ha sido una receta que los cocaleros aplauden, porque de ese modo mantienen una cortina de humo sobre las cifras reales que requerimos para nuestro consumo legal.
A esto se ha sumado un discurso ya insostenible sobre el carácter ritual y sagrado de la hoja, otra coartada perfecta para que productores y traficantes vivan en el mismo mundo de intocabilidad. Pero más temprano que tarde los hechos se desnudan en su esencia. El control de áreas geográficas, la discrecionalidad de cultivos, la libre circulación de narcos en las áreas de cultivo y la casi total impunidad de los verdaderos dueños del negocio, son algunas de sus características.
El Gobierno del presidente Morales no puede sostener por más tiempo una situación que comienza a estallarle en la cara. Las autoridades han usado para el caso de Apolo exactamente los mismos argumentos de varios Gobiernos democráticos: “Tengo información de que son extranjeros que están usando a dirigentes… se comenta que hay colombianos y peruanos” ha dicho la primera autoridad del país. En 2003, el Gobierno del presidente Sánchez de Lozada dijo exactamente lo mismo cuando se detuvo en el Chapare al colombiano “Pacho” Cortez. Entonces, el hoy Presidente y su partido defendieron a Cortez a capa y espada.
¿Por qué debiéramos suponer que la situación en Yungas o Chapare es distinta de la de Apolo? ¿O es que la totalidad de la producción en ambas zonas va al consumo tradicional? ¿No es un hecho demostrado que autoridades gubernamentales permitieron o hicieron ellos mismos desvíos importantes de hoja de los mercados legales? ¿Mediante qué mecanismos y qué relaciones se entrega la producción excedentaria en estas zonas a los criminales que la convierten en cocaína? ¿Cómo llega esa hoja de coca a las fábricas de droga en –por ejemplo– ciudades como El Alto o Santa Cruz? ¿No hay una relación directa de causa y efecto entre la producción ilegal y el incremento más que preocupante de la violencia urbana en nuestras principales urbes?
La coca es mucho más que ritualidad y cosmovisión andina, es un negocio espectacular, es poder sindical, es poder político, es uno de los pilares de sustentación esenciales del actual proceso político. Más que eso, sin el movimiento político-sindical de los cocaleros en el periodo 1990-2005, era simplemente impensable que Evo Morales condujera los destinos del país. No fue el único motor, sin duda, así lo evidencian las masivas votaciones que logró en 2005 y 2009, pero sus candidaturas fueron posibles por la plataforma que le dio la coca.
Hay que insistir incansablemente en que no es verdad que la hoja se haya popularizado como afirmación de una identidad y un pasado idílico. El consumo masivo y el acullico que hoy practican millones de compatriotas fue impuesto por la colonia española. Los colonizadores descubrieron muy pronto que los indígenas que acullicaban demandaban menos alimento, resistían más tiempo en el duro trabajo minero y producían más. La coca fue usada no como camino espiritual, sino como mecanismo de opresión.
Mientras la política mundial sobre el tema no cambie, el país tiene que asumir que estamos sentados en un polvorín. Para cambiar la actitud de todos sobre el tema, hay que terminar con mentiras, medias verdades y un uso político y económico de un producto que está envenenando desde hace muchos años nuestras relaciones internas y externas.
Apolo ha puesto la verdad en la superficie. Negarla sería suicida.
El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/
Twitter: @carlosdmesag
Apolo ha puesto la verdad en la superficie. Negarla sería suicida.
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