Las cifras sobre el dinero que mueve el narcotráfico en el país han dado un salto en los últimos años y pasaron de 200 millones de dólares, que se calculaban hasta hace pocos años, a 700 millones de dólares ahora.
El nuevo monto ha sido mencionado por el representante en Bolivia de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, César Guedes, cuando entregaba los datos del último informe del organismo mundial sobre la situación del flagelo de las drogas.
El dato es preocupante, porque muestra que el negocio de la droga tiene un peso específico muy grande, mayor, en proporción, al que registra en las economías de Colombia y Perú, los otros dos productores de coca de Sudamérica.
Se menciona los 700 millones de dólares cuando el país vive momentos de incertidumbre política por la detención de un general de la Policía boliviana que es procesado en Estados Unidos por narcotraficante, cargo que él mismo, el general René Sanabria, acaba de admitir.
La incertidumbre crece también debido a que el presidente Evo Morales acaba de decir que él “salva su responsabilidad” ante el crecimiento de los cocales en Chapare por encima del compromiso de que sería un cato por familia.
Si el primer dirigente de los cocaleros, del sector de los productores excedentarios, salva su responsabilidad por el incremento de los cultivos, el país ha perdido un actor clave para controlar la expansión desmedida de los cocales.
Estos hechos se dan cuando los pueblos originarios del parque nacional Isoboro Sécure denuncian que la zona ha sido invadida por cocaleros furtivos y que ahora, con la carretera que el Gobierno desea construir atravesando el parque, la situación empeorará.
El peligro en que está ese parque natural es similar al que enfrentan todos los demás parques del país, invadidos por cocaleros que siguen el rastro de los ‘colonizadores’, que son los que se ocupan de derribar los árboles para vender la madera.
Cuando la hoja ha sido producida en todos los cocales, antiguos o nuevos, está lista la materia prima para la droga, que representa el 80% de todas las hojas que se producen en el país.
El negocio perturba la economía con ingresos ilegales muy superiores a los de las actividades legales, corrompe a los representantes de la ley, compra conciencias y se ofrece como una alternativa para los jóvenes que no tienen trabajo en el país.
El país convive con una actividad económica ilegal que está afectando a las actividades económicas legales, está dañando los suelos y atenta contra la moral de todos los bolivianos.
Las cifras sobre el peso de las actividades vinculadas con la droga y sus efectos sobre la sociedad tendrían que hacer meditar a todos los bolivianos sobre este peligro que es, para Bolivia, peor que todas las guerras que el país ha librado en toda su historia.
El tamaño de esta amenaza obliga a iniciar una cruzada de liberación nacional tan valiente y fuerte que sea capaz de romper estas nuevas cadenas que atenazan a la Bolivia del siglo XXI.
El nuevo monto ha sido mencionado por el representante en Bolivia de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, César Guedes, cuando entregaba los datos del último informe del organismo mundial sobre la situación del flagelo de las drogas.
El dato es preocupante, porque muestra que el negocio de la droga tiene un peso específico muy grande, mayor, en proporción, al que registra en las economías de Colombia y Perú, los otros dos productores de coca de Sudamérica.
Se menciona los 700 millones de dólares cuando el país vive momentos de incertidumbre política por la detención de un general de la Policía boliviana que es procesado en Estados Unidos por narcotraficante, cargo que él mismo, el general René Sanabria, acaba de admitir.
La incertidumbre crece también debido a que el presidente Evo Morales acaba de decir que él “salva su responsabilidad” ante el crecimiento de los cocales en Chapare por encima del compromiso de que sería un cato por familia.
Si el primer dirigente de los cocaleros, del sector de los productores excedentarios, salva su responsabilidad por el incremento de los cultivos, el país ha perdido un actor clave para controlar la expansión desmedida de los cocales.
Estos hechos se dan cuando los pueblos originarios del parque nacional Isoboro Sécure denuncian que la zona ha sido invadida por cocaleros furtivos y que ahora, con la carretera que el Gobierno desea construir atravesando el parque, la situación empeorará.
El peligro en que está ese parque natural es similar al que enfrentan todos los demás parques del país, invadidos por cocaleros que siguen el rastro de los ‘colonizadores’, que son los que se ocupan de derribar los árboles para vender la madera.
Cuando la hoja ha sido producida en todos los cocales, antiguos o nuevos, está lista la materia prima para la droga, que representa el 80% de todas las hojas que se producen en el país.
El negocio perturba la economía con ingresos ilegales muy superiores a los de las actividades legales, corrompe a los representantes de la ley, compra conciencias y se ofrece como una alternativa para los jóvenes que no tienen trabajo en el país.
El país convive con una actividad económica ilegal que está afectando a las actividades económicas legales, está dañando los suelos y atenta contra la moral de todos los bolivianos.
Las cifras sobre el peso de las actividades vinculadas con la droga y sus efectos sobre la sociedad tendrían que hacer meditar a todos los bolivianos sobre este peligro que es, para Bolivia, peor que todas las guerras que el país ha librado en toda su historia.
El tamaño de esta amenaza obliga a iniciar una cruzada de liberación nacional tan valiente y fuerte que sea capaz de romper estas nuevas cadenas que atenazan a la Bolivia del siglo XXI.
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