"Tenemos que estar preparados, van a aparecer nombres. Uno, dos, tres nombres, no lo sabemos. Pero van a salir personas, aunque no sean culpables, porque lo que buscan es desestabilizarnos", fue la advertencia que entregó el viernes 24 de junio el portavoz del gobierno de Evo Morales, Iván Canela, a un grupo de dirigentes y parlamentarios oficialistas en el Palacio Quemado, la sede del Ejecutivo boliviano.
El día anterior, el ex zar antidrogas boliviano, el general (R) de Policía René Sanabria Oropeza (58), se había declarado culpable de conspirar para el tráfico de cocaína en un tribunal de Miami. Sanabria fue detenido el 24 de febrero, en Panamá, luego de una operación conjunta de la DEA y el OS-7 de Carabineros, que aportó buena parte de las pruebas para demostrar el envío de cargamentos desde el puerto de Arica a Estados Unidos.El policía, quien se desempeñaba en La Paz como responsable de la lucha antidrogas en el Ministerio de Gobierno, llegó a un acuerdo de delación compensada con la fiscalía estadounidense. A cambio de colaborar con la justicia norteamericana, eludirá una condena de cadena perpetua. El modus operandis de la DEA para estos casos implica que los procesados entreguen antecedentes de personas que tengan mayor jerarquía en delitos de narcotráfico (ver nota secundaria).
A esa altura, el caso era monitoreado desde la Presidencia boliviana e incluía el trabajo del vicepresidente Alvaro García Linera, el canciller David Choquehuanca, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el vocero Iván Canela. El propio mandatario y su entorno más estrecho estaban convencidos de que EE.UU. pretendía "voltear" a su gobierno, al vincularlo con el narcotráfico y la molestia con La Moneda no aflojaba, por no informarles de la operación contra Sanabria.
Morales construyó su poder desde los sindicatos cocaleros y alcanzó la Presidencia, pese a las acusaciones de sus detractores de que no sería duro con el narcotráfico. Ahora, señalan personeros de gobierno, el caso Sanabria podía convertir su mayor fortaleza en una debilidad.
En ese ambiente, el lunes pasado renunció el viceministro de Seguridad Ciudadana, el general (R) de Policía, Miguel Vásquez. El policía dependía directamente del Ministerio de Gobierno y se había desempeñado como jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, por lo que había trabajado estrechamente con Sanabria. Incluso, vivía en el mismo edificio del ex zar antidrogas.
Vásquez justificó su salida señalando que había cumplido su misión en el cargo, tras organizar la reciente cumbre de Seguridad en Santa Cruz.
Ese mismo lunes, en una decisión que no se entendía del todo en los círculos diplomáticos, el embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, también renunció al cargo. Solón estaba a cargo de restablecer el diálogo con el gobierno de Obama, congelado desde la expulsión del embajador estadounidense Phillip Goldberg, en septiembre de 2008.
El diplomático boliviano justificó su salida de Naciones Unidas, afirmando que retornaba a La Paz por motivos personales, pues debía cuidar a su madre.
Al día siguiente, el presidente pidió ayuda a la Unión Europea para mejorar la relación con la Casa Blanca. La solicitud de Morales sorprendió en La Paz. A comienzos de 2010, el canciller Choquehuanca había negociado con el Departamento de Estado un protocolo de acuerdo, para retomar la relación bilateral, pero no logró concretarlo. Por un lado, EE.UU. se opuso a algunos aspectos del trato. Por otro, el mandatario y su vicepresidente, García Linera, torpedearon el acercamiento, al continuar con acusaciones contra Washington.
Desde Miami, la abogada defensora de Sanabria, la criminalista Sabrina Puglisi, dijo a La Tercera que su cliente está recluido en una celda del Centro de Detención Federal, un edificio ubicado en la zona este de la ciudad, en la esquina de NE 4Th Street y Miami Avenue. Se trata de un lugar para personas que están a la espera de un juicio y que tras sus sentencias deben ser trasladadas a una cárcel.
"Sanabria está en una celda individual, no está incomunicado, por lo que puede recibir las visitas de familiares directos y de su abogado", explicó Puglisi. Desde su detención en marzo, añade, ningún pariente ha ido a visitarlo y el régimen del centro penitenciario impide que lo haga cualquier otra persona.
Puglisi participó en las conversaciones con la fiscalía y acompañó al policía en la declaración que prestó ante la jueza Ursula Ungaro, en la que el ex policía boliviano aceptó declararse culpable. "En mi calidad de abogada defensora, no puedo referirme a los términos de ese acuerdo", recalcó. Aún así, Puglisi aseguró que su cliente no está obligado a entregar nombres de narcotraficantes bolivianos a la justicia de EE.UU., a cambio de algún beneficio para la rebaja de su condena.
Al igual que el resto de los reclusos, Sanabria debe seguir un estricto régimen penitenciario, que comienza todos los días a las 6 de la mañana. A esa hora debe levantarse, tomar desayuno y limpiar la celda. A la 7.30, según señala el reglamento interno del FDC de Miami, los calabozos deben estar listos para la inspección que se realiza media hora después. Es en ese momento en que los guardias efectúan el primer conteo de los presos. A las 11 am debe ir a almorzar y a las 15.45, volver a su celda para el segundo conteo de presos. Sanabria no tiene ninguna otra actividad hasta las 21.30, cuando se realiza el tercer conteo del día y es encerrado en su celda hasta el otro día.
Según versiones que se manejan en altas fuentes del gobierno boliviano, la fiscalía estadounidense habría aceptado pedir una sanción de 13 años de presidio para el ex policía. Un viceministro boliviano que pidió omitir su nombre señala que para conseguir que no fuera condenado a cadena perpetua, "Sanabria tiene que haber ofrecido el cielo a los fiscales".
La magnitud del conflicto comenzaría a conocerse recién a partir del 2 de septiembre próximo, fecha en la que la jueza de la Corte del Distrito de Miami Ursula Ungaro fijó el juicio contra el ex zar antidrogas boliviano.
La Paz ha intentado anticipar escenarios para mitigar el impacto que podrían provocar las declaraciones de Sanabria. El gobierno de Morales incrementó sus declaraciones de condena del narcotráfico y ha pedido que Sanabria sea duramente sancionado. "Cuanto más narcotraficantes estén en la cárcel, mucho mejor, porque el país está luchando contra esta lacra", dijo, la semana pasada, el ministro Canela.
Un viceministro de Morales sostiene que el gobierno comenzó a preparar acciones jurídicas y políticas, "para mitigar la arremetida que podría venirse encima". Uno de los cursos de acción apunta a desacreditar a Sanabria y es mostrarlo como un "delincuente" que busca obtener beneficios, según añade el personero.
Algunos integrantes del MAS, el partido del gobierno, van más allá. En las filas de Morales ya se habla de un cambio de gabinete en agosto, un mes antes del inicio del proceso público contra Sanabria en Miami. El ajuste de piezas, aseguran las fuentes, tocarían al Ministerio de Gobierno, que dirige Sacha Llorenti, donde trabajaba el defenestrado zar antidrogas.
"Sea cierto o no, lo que diga Sanabria puede terminar por marcar el gobierno de Morales. Puede debilitarlo interna e internacionalmente", sostienen diversas fuentes diplomáticas acreditadas en La Paz.
Los detractores de Morales también han seguido el escándalo, en momentos en que el presidente atraviesa uno de sus peores momentos en las encuestas. El ex diputado y colaborador del ex Presidente Jorge Quiroga, Fernando Messmer, cuenta la reacción que tuvo Palacio Quemado al enterarse, en marzo, de que la DEA había detenido a Sanabria en Panamá y que sería extraditado a EE.UU.
Messmer señala que el gobierno de Morales trató de detener a la esposa del ex jefe policial, pero ella logró huir. Después envió a dos fiscales a EE.UU. para que hablaran con Sanabria y amenazó con solicitar su extradición a Bolivia.
En tanto, Morales reflotó el sábado pasado el malestar con el gobierno de Piñera, por no advertir sobre la investigación que realizaba Carabineros desde agosto de 2010 contra Sanabria. Fue durante el acto de celebración del 185° aniversario de la Policía boliviana, marcado por el conflicto bilateral que desató el ingreso ilegal de 14 militares bolivianos en la frontera chilena.
"Pareciera que algunas instituciones de los vecinos países también están al servicio de otros intereses externos y este tema del narcotráfico, siempre ha sido manejado con fines netamente de carácter político", dijo el presidente.
En el entorno de Morales afirman que el caso Sanabria marcó el punto de quiebre en sus relaciones con La Moneda. En La Paz hablan del fin de las confianzas y que una advertencia del gobierno chileno habría permitido a Morales la detención de Sanabria en Bolivia. Una alternativa menos riesgosa que la bomba de tiempo que su administración debe enfrentar ahora, con el policía en manos de la justicia de Estados Unidos.
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